El foso

En los últimos días hemos tenido la oportunidad de conocer posiciones intelectuales de oposición total a la Propuesta de Reforma de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi (PREPCE) aprobada por el Parlamento vasco. Reflejando el foso que separa de forma creciente a las partes, algunos autores llegan incluso a cuestionar la propia lógica del bloque de constitucionalidad; por ejemplo, cuando se niega la existencia del pueblo vasco no podemos sino recordar que el Estatuto de Gernika se fundamenta en la existencia de dicho pueblo, afirmándose políticamente como expresión de su nacionalidad.

La PREPCE desborda sin embargo el planteamiento territorial del actual Estatuto, pretendiendo el reconocimiento de la realidad nacional de un pueblo asentado geográficamente "en dos estados" y en siete territorios "articulados en tres ámbitos jurídico-políticos diferentes". La aprobación de la propuesta culmina, por otra parte, la apuesta del lehendakari Ibarretxe por situar el estatus de uno de ellos, Euskadi, en un nuevo terreno jurídico-político que institucionaliza el ámbito vasco de decisión. Partiendo de una concepción de los derechos históricos que encuentra en las disposiciones adicionales de Constitución y Estatuto bases suficientes para fundamentar el derecho a decidir, enlaza los principios del constitucionalismo útil con los de la democracia para situar el ejercicio de la autodeterminación en una consulta en la que se expresa la voluntad de la sociedad vasca, voluntad que se impone a un Estado al que sólo le queda negociar la forma en que se incorpora al marco jurídico.

El nacionalismo quizá sólo tome conciencia de la profundidad del abismo cuando alcance el fondo

Hay una lógica preocupante en la vinculación de legitimidad y mayorías políticas

Aunque el nacionalismo no insista en esa cuestión, un tercer aspecto decisivo del proyecto es el cuadro de poder que pretende hacer realidad. La institucionalización del ámbito vasco de decisión y la consolidación de un nuevo cuadro de poder conforman, de hecho, el marco de soberanía al que aspiran las nuevas generaciones de políticos nacionalistas.

El no inequívoco que, desde el principio, decidieron dar en el Congreso los grandes partidos españoles refleja el carácter ilusorio de la construcción ideológica que subyace a la propuesta del Parlamento vasco. Porque si a algo se enfrenta ese "no" es a los principios del constitucionalismo útil, esa construcción jurídica según la cual la Constitución española se abre a legitimidades externas que permiten situar a ciertos territorios como partes anejas, no sometidas al orden constitucional sino en lo relativo a la vigencia de unos derechos, valores e instituciones comunes.

Situada en ese contexto, la decisión de esos partidos no refleja tanto la falta de grandeza de los políticos españoles como la imposibilidad de que éstos traten en democracia a los ciudadanos como súbditos, aprobando una reforma indirecta de la Constitución sin que el pueblo que la sustenta tenga la oportunidad de pronunciarse sobre ella. Cualquier transformación sustancial del marco jurídico-político que pretenda ser respetuosa con la democracia exige el consentimiento de sus protagonistas principales, el pueblo vasco y el pueblo español. Una actuación en sentido contrario supondría, antes o después, enterrar el actual sistema constitucional.

Otros tres planteamientos básicos en los que se sustenta la PREPCE plantean problemas para quienes no participan de la lógica nacionalista. El primero se relaciona con los propios derechos históricos. Si la Disposición Adicional Primera de la Constitución no puede fundamentar un modelo de relación confederal de Euskadi con España, sí ofrece ciertos títulos y garantías jurídicas a los territorios forales. De la misma forma que no es constitucionalmente posible considerar privilegio el régimen propio de policía autónoma o el Concierto Económico, tampoco lo es desposeer de sus derechos a los territorios forales, sin que la novación que convierte a las instituciones comunes de Euskadi en nuevo titular de derechos históricos suponga renuncia a los mismos por parte de Álava, Bizkaia o Gipuzkoa.

De ahí que resulte necesario renovar, en cualquier proceso de reforma estatutaria, el pacto entre territorios que dio lugar al Estatuto de Gernika. El segundo problema, ligado en parte al anterior, nos remite a la cuestión navarra. Como demuestra la reacción observada en la Comunidad Foral, no es posible formular una solución a esta cuestión en una norma aprobada exclusivamente por uno de los protagonistas, no pactada por tanto con las instituciones políticas de Navarra.

El tercer problema hace referencia a la concepción de la democracia que pone de manifiesto tanto el procedimiento de aprobación de la Propuesta como el precepto de que una mayoría simple del cuerpo electoral, con independencia del nivel de participación, pueda imponer su voluntad constitucional tanto a terceros como al resto de los miembros del cuerpo político. Esta concepción no puede sostenerse en la doctrina de la Corte Suprema de Canadá, al menos por tres razones. En primer lugar, porque la negociación que plantea la Corte Suprema se desarrolla en el marco de la Constitución, resolviéndose con una reforma constitucional. La PREPCE se gestiona como reforma estatutaria, siguiendo los cauces previstos en el Estatuto de Gernika, pero apelando al proceso de actualización de los derechos históricos para superar los límites constitucionales. No hay voluntad de situar por tanto el debate en el contexto previsto en los artículos 166 y 87.2 de la Constitución Española, el único en el que podría tener sentido la referencia canadiense.

En segundo lugar, porque la concepción de las mayorías que se plantea desde el nacionalismo se aleja de la perspectiva de la Corte Suprema que asocia la obligación de negociar a una mayoría clara -cualificada, por tanto- que ponga de manifiesto una voluntad inequívoca del cuerpo político, en un contexto de respeto a los procedimientos y a los derechos de las minorías. En tercer lugar, porque la obligación de negociar no equivale a aceptar las tesis de una de las partes, ni siquiera a la obligación de alcanzar un acuerdo. La conclusión de la Corte Suprema de Canadá es que una decisión clara e inequívoca de un cuerpo político podría eventualmente legitimarle para emprender una salida propia, en ausencia de negociación en el marco de la Constitución, pero no para imponer su voluntad al resto de las partes.

Hay una lógica preocupante en la aproximación que liga legitimidad a mayorías políticas. En realidad, ningún modelo político encontrará plena legitimidad democrática si su orden constitucional no consigue sustentarse en la integración de todas las partes constituyentes y no sólo en las que consigan conformar una mayoría, por muy cualificada que sea. La quiebra de legitimidad que plantea el nacionalismo vasco obliga sin duda a los demócratas españoles a negociar las propuestas que éste formule, en tanto que parte constituyente. Pero éstos pueden requerir a su vez que, para tomarlas en consideración, sean avaladas por los principales partidos que representan al cuerpo político vasco, rechazando cualquier propuesta que no se base en un pacto amplio entre ellos. La democracia exige integración del cuerpo político, respeto a los derechos de las partes y consentimiento de todas ellas. Sólo secundariamente se nos presenta como una cuestión de mayorías y minorías, no teniendo plena vigencia la capacidad de decidir sino cuando lo fundamental -el orden constitucional compartido- ha sido acordado entre todos. Si la democracia española tiene una asignatura pendiente con el nacionalismo vasco, éste ha demostrado tener otra en su manifiesta falta de capacidad para integrar a los no nacionalistas en un proyecto común.

Con todo, la distancia que se ha generado entre las partes es enorme. Como los primeros exploradores españoles que llegaron al Gran Cañón del Colorado, el nacionalismo vasco quizás sólo llegue a tomar conciencia de la amplitud de esa distancia cuando haya alcanzado el fondo del abismo. Puede que para entonces el optimismo de la voluntad de Zapatero ya sólo forme parte del pasado.

Luis Sanzo es sociólogo.