El Gobierno intenta fijar el patrimonio que asumirá de las cámaras de Propiedad

El Gobierno vasco ya ha comenzado el estudio que le permitirá discernir qué parte del patrimonio de las tres cámaras de la Propiedad Urbana ha de pasar al sector público y cuál será devuelta a estas asociaciones cuando entre en vigor el decreto que las liquida como corporaciones de derecho público. Según la última auditoría, realizada en 2003, el patrimonio de las tres cámaras vascas suma 18,1 millones de euros. Desde 1989, último año en el que todos los propietarios estaban obligados a pagar una cuota, las cámaras han perdido al 73% de sus socios.

Las cámaras de la Propiedad han ido pasando por diferentes fases en su historia. Desde principios del siglo pasado, cuando fueron creadas, han pasado de ser organismos de asociación voluntaria a transformarse en obligatorio el pago y recuperar de nuevo la condición de voluntarias. Hasta 1927 sólo eran socios de estas entidades aquellos propietarios de inmuebles que pagaban la correspondiente cuota. Entre 1927 y 1989 estuvo en vigor un real decreto que estableció la cuota obligatoria para todos los propietarios. Dicha cuota tenía casi la consideración jurídica de tasa pública.

Son éstos los años en los que las cámaras crecen, ya que el 100% de los propietarios cotiza, y en los que su patrimonio se desborda. El 1 de enero de 1989, una ley suprime la obligatoriedad de pago y convierte otra vez las cámaras en organismos de asociación voluntaria.

En estos últimos 15 años, las tres cámaras vascas han perdido al 73% de los propietarios, que se han desvinculado definitivamente y han dejado de pagar las cuotas. Esa pérdida de clientes ha afectado en mayor media a la entidad guipuzcoana, que, según la auditoría encargada por el Gobierno, sólo ha conservado al 15,8% de los propietarios de la provincia, -unos 36.000 socios, en números absolutos, según la Cámara, y cerca de 50.000 según la auditoría-, mientras que las de Álava y Vizcaya han mantenido en torno al 32% de los propietarios, 48.826 y 180.106, respectivamente.

Ese descenso puede tener que ver con la naturaleza de los servicios que prestan. Según la auditoría, la Cámara guipuzcoana es la que menos servicios de ventanilla presta a sus socios -basa su presupuesto de ingresos sobre todo en las cuotas y en arrendamientos de salas y locales- y cuyas tarifas resultan más elevadas.

Bases del decreto

El decreto que liquidará las cámaras de la Propiedad establece claramente que el Gobierno ha de elaborar un inventario de los bienes y derechos que se generaron con cargo a las cuotas obligatorias -las cobradas entre 1927 y 1989- y los que no lo fueron, ya que esa distinción va a marcar la parte de su patrimonio que pasa a ser público, y la que podrá ser reclamada por las nuevas asociaciones de propietarios que se constituyan tras la liquidación de las actuales entidades.

El problema para el Ejecutivo llegará cuando tenga que discernir si la compra de un determinado bien ha sido realizada en parte con fondos conseguidos cuando la cuota era obligatoria y en otra parte con fondos logrados después.

La Cámara de la Propiedad de Guipúzcoa, por ejemplo, compró en 1936, nueve años después de instaurarse la cuota obligatoria, la sede que sigue ocupando. Se trata de una finca urbana sita en el número 10 de la céntrica calle de Prim, en San Sebatián, cuya fachada principal da a la Plaza de Bilbao, que consta de sótano y siete plantas, con una superficie por planta de 322 metros cuadrados. Entre las plantas tercera y sexta se han habilitado diez viviendas, de las que tres se hallan desocupadas, la cuarta la ocupa de forma gratuita el secretario de la entidad -la auditoría consideró en 2002 que ello supone una retribución en especie cifrada en 16.222 euros anuales- y las seis restantes están alquiladas.

Este edificio tiene un valor de inventario (valor estimado de mercado) de 2,7 millones de euros, cuando su valor neto contable, debido a la antigüedad del inmueble, se queda en 111.729 euros. En total, el patrimonio de la Cámara guipuzcoana asciende a 4,6 millones. Más del 90% fue adquirido mientras la cuota era obligatoria.

En el caso de la Cámara de Vizcaya, su patrimonio suma 12,5 millones. La mitad corresponde a su sede social, una casa de dos plantas y jardín en la confluencia de las céntricas calles Ercilla y Henao comprada en 1929. Tras las reformas realizadas en 1943, el edificio creció hasta disponer de sótano y seis plantas. En los tres últimos existen nueve viviendas de las que seis están arrendadas a empleados de la entidad. Los activos financieros de la Cámara vizcaína suponen 4,7 millones.