El PP expedientará a los dos ediles opuestos al regidor de Majadahonda

El secretario general del PP, Francisco Granados, anunció ayer que pedirá al comité de derechos y garantías del partido que abra expediente a José Luis Peña y Juan José Moreno, los ediles populares que votaron en blanco en el nombramiento del nuevo alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá. Ambos apoyaban al regidor saliente, Guillermo Ortega, que dimitió el jueves tras varios meses de enfrentamiento con los 10 ediles agrupados en torno a De Foxá. El ex alcalde alegó como razón de su marcha motivos "personales y de salud".

"Estos dos ediles se saltaron la disciplina de grupo y cada uno es responsable de sus actos. Si fue un lapsus, lo podemos estudiar. De otra forma, el PP tiene sus mecanismos para solucionarlo", afirmó ayer el nuevo alcalde en rueda de prensa. Foxá recordó que el PP de Majadahonda tiene mayoría absoluta para gobernar sin problemas, con el apoyo de 13 de sus 15 ediles.

A pesar de la actitud de los dos concejales, Foxá sostiene que con la salida del ex alcalde la crisis "ha quedado atrás". El nuevo regidor no se ha planteado si se presentará como cabeza de lista en las próximas elecciones. "Haré lo que diga el partido, porque yo soy un hombre de partido. Si me dicen que me tengo que ir a otro lado, me voy, y si me dicen que me vaya a casa, me iré", afirmó.

El alcalde convocó ayer a la Junta de Portavoces para comentar con los representantes de los otros grupos políticos (PSOE, CDS e IU) el camino que va a tomar. También anunció un plan de austeridad para sanear las cuentas municipales. "En seis o siete meses espero que la deuda haya desaparecido. Hay que ajustar los ingresos a los gastos. Si tenemos más dinero se gastará más, y si hay menos, se gastará en consonancia", declaró.

Foxá desconocía ayer la cuantía del déficit. El Ayuntamiento había reconocido unas pérdidas de cuatro millones de euros, mientras que la oposición denuncia que son 15 millones. "Todavía no tenemos fijado a cuánto asciende el déficit real. Hay que ver las últimas liquidaciones de cuentas", apuntó. Además, el alcalde anunció que intentará no subir los impuestos, aunque también dijo que si alguna tasa no cubre gastos, se podría producir un incremento.

Otra de las medidas que adoptará el regidor es dejar desierto el concurso de adjudicación de las parcelas municipales RN1 y 2D, al que se han presentado 12 empresas. La valoración de estos terrenos en 1.600 euros por metro cuadrado fue, según él, el detonante del enfrentamiento de los ediles populares con el ex alcalde. El regidor mantenía que se podían enajenar al menos a 2.700 euros el metro cuadrado. "Estamos de acuerdo en que hay que venderlas, porque se necesita dinero. Pero vamos a cambiar el procedimiento empleado", afirmó.

"Todos los ayuntamientos tienen ciclos económicos, y unos años son peores que otros", dijo Foxá para explicar las causas del déficit. Pero el PSOE cree que la falta de dinero se ha debido a una mala gestión del PP y ha denunciado que la venta de derechos para edificar vivienda libre a un precio muy bajo a promotores privados en 2000 y 2002 hizo que el Ayuntamiento dejara de ingresar 108 millones de euros. Un informe elaborado por los ediles próximos a Ortega avalan esa cifra.

Foxá defendió ayer la legalidad de todas las transacciones realizadas desde Pammasa, empresa que gestiona la actividad urbanística en el municipio. El nuevo alcalde agregó que todos los grupos políticos conocían la actividad de esta empresa, y que el PSOE votó a favor hasta en cinco ocasiones. "Si es tan grave, ¿cómo es que no se ha denunciado antes? Nosotros subastamos los derechos públicamente y se adjudicaron a quien más ofreció", manifestó. Foxá acusó al PSOE de aprovecharse de la situación en la que se encontraba el Ayuntamiento para hacer una oposición desleal.

Al frente de Pammasa

Foxá es el presidente de Pammasa y, según anunció ayer, continuará al frente de la sociedad. Cuando el Ayuntamiento subastaba los derechos de vivienda libre, era Pammasa la que adquiría el compromiso de edificar las viviendas protegidas. A cambio, el Consistorio recibía una compensación de 30.000 euros por piso protegido no construido. Los socialistas mantienen que así se convierte suelo protegido en libre y hablan de "trama financiera" para referirse a la gestión de Pammasa.