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Condenados 13 directivos de Azucarera Ebro por fraude a la Unión Europea

Obtuvieron 27 millones de euros manipulando las sobreproducciones de azúcar

La Audiencia Nacional ha condenado a 13 directivos de Azucarera Ebro Agrícola a penas que oscilan entre un año y nueve meses y nueve años y nueve meses de prisión por delitos contra la Hacienda de la Comunidad Europea y falsedad en documento público y mercantil. Los directivos condenados ocultaron sobreproducciones de azúcar fuera de las cuotas permitidas por la UE, simulando movimientos internos entre fábricas de la misma empresa, cuando realmente el azúcar salía al mercado exterior. El fraude a la UE ascendió a 27 millones de euros (4.600 millones de pesetas).

La sentencia de la Sección Cuarta Penal de la Audiencia Nacional acoge íntegramente las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción, que investigó la compleja mecánica operativa diseñada por los condenados para ocultar las sobreproducciones durante las campañas de 1996 a 1999 y hasta principios del año 2000.

Según fuentes de Anticorrupción, con ese procedimiento se ocultaron, mediante la simulación de movimientos internos entre las fábricas de la empresa, los excedentes de azúcar que debían haber sido enviados a la exportación según la normativa comunitaria, omitiendo el pago de los correspondientes impuestos por la falta de dicha exportación.

Para ocultar esta mecánica y la sobreproducción de azúcar no declarada a los organismos de Inspección del Estado, Aduanas, Intervención de Cuentas y Ministerio de Agricultura, se falsificaron cientos de documentos: libros contables, albaranes de transporte que contenían datos falsos de los movimientos de mercancías, tickets de pesaje de azúcar, certificados de higiene de los camiones, etcétera. También se falsificaron certificaciones de recepción de azúcar que debían ser visados por los funcionarios de Aduanas para su control, los cuales, engañados por la operativa, certificaron tales documentos.

Las penas impuestas a los distintos directivos oscilan entre un total de 9 años y nueve meses de prisión impuestos a Guillermo D'Auberade Payá, Rafael Vargas Peñalva y Fernando Pérez Lope y el año y nueve meses impuestos a otros seis responsables de las distintas fábricas del sector azucarero. Además, han sido condenados a diversas penas que totalizan 6 años y tres meses Jaime Sagristá Carner y José Rafael Barrera Infante y 5 años y tres meses Aniceto Martín Misol y Nicolás Bautista Valero de Bernabé.

Los directivos también han sido condenados a indemnizar a la Hacienda Comunitaria con el montante de la cantidad defraudada, 27.607.304 euros (4.593.468.883 pesetas) más los intereses legales, indemnización de la que, según un auto de aclaración de la sentencia, deberá responder también la propia empresa.

Primera por fraude a la UE

La sentencia ha recaído tras un extenso juicio que comenzó el 25 de octubre y concluyó el 21 de diciembre de 2.004, y es la primera condena que se produce en España por delito de fraude a las Hacienda de la Comunidad Europea del artículo 305.3 del Código Penal, como resultado de una compleja investigación de Anticorrupción y la Inspección de Aduanas.

Azucarera Ebro Agrícola se fusionó en 2.001 con Puleva, dando lugar a la sociedad Ebro Puleva. El presidente de esta entidad, José Manuel Fernández Norniella, afirmó anoche que la compañía piensa agotar todos los procedimientos y llegar hasta el final en los recursos que tiene previsto presentar contra la sentencia de la Audiencia Nacional en el Tribunal Supremo y llegado el caso, ante el Tribunal Constitucional y los tribunales europeos. "Vamos a no escatimar esfuerzos en defender a la gente. Vamos a llegar hasta el final", afirmó con rotundidad Fernández Norniella, quien calificó la sentencia de "manifiestamente injusta".

El presidente de Ebro Puleva fundamentó esta opinión en el carácter "acumulativo" de las penas. "Más que en la compañía, lo que pienso es en las personas", dijo el presidente de Ebro, quien precisó que de los trece condenados sólo tres son propiamente directivos, de los cuales dos ya no están en la empresa desde el año 2000.

Norniella destacó que la propia sentencia recoge que el tribunal sería partidario de informar favorablemente un indulto lo que pone de manifiesto, según Norniella que la Sala piensa que la condena es "desproporcionada".

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