El 'decretazo' dejó fuera del subsidio agrario a una quinta parte de los jornaleros que lo cobraban

El decretazo, la reforma laboral que aprobó el Gobierno central (entonces PP) en mayo de 2002, dejó sin subsidio a agrario a 61.000 jornaleros andaluces en 2003, el primer año completo en el que se aplicaron los nuevos requisitos para acceder a esta prestación. Según los datos recopilados por el Observatorio de Empleo Agrario Andaluz, el número de trabajadores eventuales agrarios que accedieron al subsidio agrario en 2003 se quedó en 259.589. En 2001, último año completo con el anterior sistema, cobraron el subsidio 320.344 jornaleros.

Hasta el decretazo, el subsidio agrario (en su modalidad más habitual) permitía cobrar a los jornaleros parados un 75% del salario mínimo (unos 330 euros) durante un máximo de seis meses siempre que hubiesen realizado al menos 35 días de trabajo (peonadas) la campaña anterior. El subsidio se diseñó en los años ochenta para garantizar una prestación por desempleo mínima a los trabajadores eventuales del campo en comarcas que generan muy pocos días de trabajo al año, lo que impide su acceso al sistema contributivo del resto de sectores.

El decretazo cerró el acceso al sistema del subsidio agrario a los jornaleros que no lo hubiesen cobrado en alguno de los tres años anteriores y endureció las condiciones para los que seguían en el sistema (no pasar más de 90 días sin echar una peonada o no trabajar más de tres meses en otro sector).

En 2001, el último año de aplicación del subsidio antes del decretazo, cobraban esta prestación 320.344 jornaleros andaluces, unos números muy similares a la de 2000. En 2002, tras seis meses de aplicación de la reforma, esa cifra cayó a 300.000. Un recorte que se intensificó en 2003, primer año en que la reforma se aplicó durante 12 meses, hasta los 259.000 jornaleros. Es decir, al año y medio de aplicación del decretazo, una quinta parte de los jornaleros que lo cobraban se había quedado fuera del subsidio.

El primer informe elaborado por el Observatorio de Empleo Agrario no incluye datos de 2004, por lo que no se puede comprobar si el descenso se ha quedado ahí (el nuevo sistema impide altas) o ha ido más allá. El informe fue presentado ayer por Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla, administración que ha puesto en marcha este organismo en colaboración con sindicatos y organizaciones agrarias.

El informe también deja claro que la renta agraria (la prestación que creó el Ministerio de Trabajo para atajar las protestas sindicales) tiene un desarrollo muy lento. La renta agraria es una prestación para los jornaleros que se quedaron sin subsidio agrario, muy similar a éste, pero con nuevos requisitos para cobrarla (por ejemplo, hay que estar empadronado en Andalucía durante los últimos diez años). Esos requisitos han dificultado el acceso a la renta agraria, que en el segundo semestre de 2003 sólo había sido solicitada por 9.000 jornaleros expulsados del subsidio agrario.

El presidente de la Diputación de Sevilla defendió que el subsidio agrario es "absolutamente necesario debido a la fuerte estacionalidad del empleo en el campo andaluz" y sostuvo que el gasto que debe afrontar el Inem no es excesivo. Antes del decretazo, el pago del subsidio en Andalucía costaba unos 850 millones de euros al año. En principio, en la comunidad hay más de 530.000 trabajadores que pagan la cartilla agraria y que tenían la posibilidad de cobrar el subsidio. Pero sólo unos 300.000 jornaleros cumplían los requisitos para cobrarlo, por lo que la percepción media por jornalero es de unos 2.800 euros al año (menos de 500.000 pesetas).

Rodríguez Villalobos destacó que el 28,2% de los perceptores del subsidio agrario tiene más de 52 años (y pueden acceder por tanto a una modalidad especial y cobrarlo incluso durante 360 días al año) y que el 67% de los jornaleros que reciben el subsidio tiene al menos un familiar a su cargo. "Es una prestación vital para que estas familia lleguen a fin de mes", indicó el presidente de la Diputación de Sevilla, quien reiteró que es el sistema de protección al desempleo "más barato de todos los que existen y apostó por "adecuarlo a los nuevos tiempos".