Colombia pide a las ONG que se impliquen en el plan para desmovilizar a los paramilitares

¿Hay en Colombia un conflicto armado? O, como afirma el presidente, Álvaro Uribe, ¿el país es víctima del ataque terrorista? Este dilema fue el eje del debate previo a la reunión, en Cartagena de Indias, del llamado grupo G-24, en el que se define la política de cooperación internacional con este país. Si no hay conflicto, "¿para qué cooperación?", se plantean los que defienden la primera afirmación.

En el discurso inaugural de la reunión, en la que participan 32 países, Naciones Unidas y varios organismos multilaterales, el presidente Uribe se ratificó en su visión de la violencia colombiana y pidió ayuda para el proceso de desmovilización de los paramilitares, que pretende desactivar un aparato de guerra de más de 20.000 hombres antes de finalizar este año.

La comunidad internacional y las organizaciones no gubernamentales (ONG) mantienen reservas ante el proceso en marcha, que avanza sin que exista un marco legal que garantice la no impunidad, la verdad y la reparación. "Proporcionaremos un apoyo más directo al proceso cuando se establezca el marco legal", dijo recientemente Eneko Landaburu, director de Relaciones Exteriores de la Unión Europea.

El documento final de la reunión de Cartagena se esperaba para la noche del jueves. Previendo que éste sea muy político y corto en exigencias en materia de derechos humanos, varias organizaciones civiles firmaron un documento conjunto en el que ratifican la llamada Declaración de Londres, firmada hace un año y medio, que exige la aplicación de las recomendaciones que en materia de derechos humanos hace la ONU a Colombia.

En Cartagena, el Gobierno y las ONG pusieron sobre la mesa sus cifras. Para el Ejecutivo, éstas demuestran un fuerte descenso en materia de violación a los derechos humanos. Las organizaciones sociales reconocen que en algunos frentes las cosas han mejorado, pero consideran que la crisis sigue siendo dramática.

Mientras la ayuda de Estados Unidos a Colombia es eminentemente en el campo militar, el año pasado la UE destinó a la inversión social 422 millones de euros. El 52% de los proyectos están vinculados a la solución negociada del conflicto y buscan mitigar los efectos que éste tiene sobre la población civil.