El Gobierno central ve "con buenos ojos" la Ley Especial de Madrid que pide Gallardón

El Gobierno central ve "con buenos ojos y predisposición favorable" la Ley Especial de Madrid que promueve el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, pero sólo iniciará su tramitación cuando tenga el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad y sea ratificado por la Asamblea. Así lo anunció ayer el ministro de Administraciones Públicas, el socialista Jordi Sevilla, tras reunirse con el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González. La presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, se entrevistará la semana próxima con los portavoces del PSOE e IU.

El ministro explicó que, al igual que se hizo con la Carta Municipal de Barcelona, el Gobierno desea que esta Ley de Régimen Especial de Madrid cuente con "el acuerdo previo del pleno del Ayuntamiento, en este caso del de Madrid, y en segundo lugar, que cuente con el apoyo de la Asamblea de Madrid".

Sevilla, tras admitir que esta ley es "una vieja demanda", se comprometió a tramitarla en la presente legislatura "siempre que venga con los respaldos políticos e institucionales adecuados". A la vez señaló que, cuando los representantes políticos e institucionales de Cataluña le presentaron el proyecto de la Carta Municipal de Barcelona, le hicieron notar que ya era el séptimo ministro que lo estudiaba. "Estas cosas", declaró Sevilla, "no se hacen aquí te pillo, aquí te mato, sino que requieren mucho debate, mucho consenso y mucho acuerdo porque estamos hablando de la médula de la relación interinstitucional de las tres administraciones que hay en España".

El titular de Administraciones Públicas, tras anunciar la "inminente" aprobación de la ley especial para Barcelona por el Consejo de Ministros, consideró que así "debería ser más fácil" lograr el acuerdo político sobre el régimen especial que demanda el alcalde Gallardón para resarcir a las arcas municipales de los gastos que le ocasiona ser la capital del Estado.

González, el vicepresidente del Gobierno regional, coincidió en que esta ley "hay que discutirla, hablarla y acordarla" y por ello, dijo, lo primero que tienen que hacer Ayuntamiento, Comunidad y fuerzas políticas de la región es coincidir en su "filosofía".

El número dos del Ejecutivo de Aguirre admitió que ha leído el borrador del alcalde "una sola vez". Pero aun así, cree que "hay cuestiones que plantean dudas sobre lo que se ha llamado arquitectura institucional" al afectar a las relaciones competenciales entre las tres administraciones (local, autonómica y central) que "están establecidas" en la Constitución y en el Estatuto.

Si la ley "entra en cuestiones que van más allá" o "altera" ese marco competencial, González considera que "se estaría extralimitando". El número dos de Aguirre sostiene que "no será un drama" que no se pueda aprobar esta ley durante la actual legislatura. El equipo de Gallardón, sin embargo, pretende que su ley sea aprobada prácticamente al mismo tiempo que la de Barcelona.

El ministro también explicó que el encuentro que mantuvo con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando éste le presentó el borrador del proyecto de ley fue "informal". El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, se reunió ayer en Bruselas con el presidente del Parlamento Europeo, el socialista Josep Borrell. Después, Simancas aseguró que el partido socialista "apuesta por la necesidad y la oportunidad de afrontar la elaboración de una ley de capitalidad para Madrid", pero no en los términos que se incluyen en el borrador de Gallardón, informa Manuel Cuéllar. Simancas declaró: "Supone una transformación radical del papel de Madrid en el marco institucional y constitucional del que nos hemos dotado tanto la Comunidad de Madrid como el Estado".

El líder socialista cree que la intención de Gallardón es "que la ciudad de Madrid se constituya en una especie de distrito federal que asuma competencias tanto del Estado como de la Comunidad". Según Simancas, "es curioso este repentino afán de Gallardón por vaciar de competencias a la Comunidad".

"La Ley de Régimen Especial de la Ciudad de Madrid no invade ninguna competencia de la Comunidad de Madrid", replica Juan Bravo, concejal de Hacienda madrileño. "Es una ley estatal y, por tanto, con quien tenemos que negociar es con el Gobierno central", agrega Bravo.

La cesión de los impuestos (IRPF, IVA e impuestos especiales) que pide el Ayuntamiento a través de esta ley supondría unos ingresos de 700 millones más que los que recibe hoy.