Carod pide a Maragall una reunión de todos los líderes catalanes para acelerar el Estatut

El desarrollo del debate sobre el plan Ibarretxe ha insuflado optimismo en Esquerra Republicana (ERC). Su líder, Josep Lluís Carod, cree que la actitud adoptada por el presidente Rodríguez Zapatero justifica la confianza puesta inicialmente en él y ratifica la viabilidad de la reforma del Estatut emprendida en Cataluña. Así lo manifestó ayer tras entrevistarse con Pasqual Maragall, dentro de la ronda abierta por el presidente de la Generalitat con los líderes de los partidos catalanes. En esa entrevista, Carod pidió a Maragall que les convoque de nuevo a todos para una reunión como la celebrada en Miravet, con el objetivo esta vez de acelerar la elaboración del proyecto de reforma del Estatut.

Aunque el motivo de la entrevista con Maragall era hablar sobre la reforma del Estatut y del capítulo de la financiación, la primera parte de la reunión, que duró 75 minutos, estuvo dedicada a evaluar el debate del plan Ibarretxe. Carod lo consideró tan positivo como para afirmar que "se ha abierto una nueva etapa política".

Carod propuso a Maragall que convoque a los líderes de los cinco partidos catalanes a una nueva reunión para adecuar su actuación a esta nueva situación. La propuesta fue bien acogida por Maragall, según explicó Carod e indicaron también fuentes de Presidencia. La fecha y el lugar dependen de Maragall, pero el propio Carod manifestó que habrá que esperar a después del referéndum del 20 de febrero sobre la Constitución europea. El marco podría ser, en esta ocasión, una ciudad del área metropolitana de Barcelona.

El líder republicano expuso a Maragall el deseo de los republicanos de que, una vez aprobado por el Parlament y antes de ser remitido a las Cortes, el proyecto de reforma del Estatut sea sometido a consideración de los ayuntamientos catalanes. Así se hizo con el proyecto de Estatuto de 1932. Sería positivo repetir el trámite, explicó Carod, porque el voto positivo de los consistorios catalanes al proyecto representa un obvio refuerzo político.

Esta toma de posición de los ayuntamientos, que Maragall ve también con buenos ojos, requiere también su tiempo y es uno más de los motivos que llevaron a Carod a pedir "un esfuerzo a fin de cumplir los plazos previstos" para elaborar el proyecto de reforma. Es decir, tenerlo listo en junio o julio. Por esta razón afirmó que, si hace falta, debería incrementarse el ritmo de trabajo de la ponencia parlamentaria.

El tono constructivo en que se desarrolló la entrevista quedó de manifiesto cuando Carod explicó que, acerca de la reforma de la financiación "no conviene entrar en una competición de propuestas" entre los partidos catalanes. Convergència i Unió (CiU) y ERC han adelantado ya las suyas, que en algunos aspectos no coinciden con posiciones expresadas en repetidas ocasiones por Maragall.

Sin embargo, Carod manifestó que ayer había coincidido con el presidente en que el proyecto de reforma "tiene que incluir fórmulas y conceptos básicos" de la financiación de la Generalitat, pero no cifras concretas de ingresos. Recordó que ERC propone, en síntesis, que la Generalitat tiene que ser la Administración recaudadora de los impuestos en Cataluña, que debe efectuar dos tipos de aportación: al Estado por los servicios que recibe de éste, y otra en concepto de solidaridad.

El informe sobre el déficit fiscal elaborado por la comisión de expertos nombrada por la Generalitat demuestra, dijo Carod, que Cataluña no puede seguir soportando este drenaje financiero. Pero las pegas al informa que ayer mismo puso el presidente Rodríguez Zapatero indican, añadió el líder republicano, que la reforma de la financiación "no será un camino de rosas".

La ponencia parlamentaria que elabora el proyecto de reforma aprobó ayer el título dedicado precisamente a la reforma del Estatut. Fue rechazada la pretensión de Iniciativa Verds-Esquerra Unida de que los ayuntamientos y los ciudadanos puedan promover el inicio de la reforma. Y se mantuvo la exigencia de que el proyecto de reforma sea aprobado, como figura ya en el Estatut, por una mayoría de dos tercios de los diputados del Parlament.

Esta mayoría reforzada es una de las exigencias que obliga a que la reforma sea aprobada con un consenso muy elevado y marca la diferencia, precisamente, con el Estatuto vasco, para cuya reforma sólo se requiere la mayoría absoluta del Parlamento de Vitoria.