Gallardón recaudará 700 millones más si es aprobada la ley especial de Madrid

"La Ley de Régimen Especial de la Ciudad de Madrid no invade ninguna competencia de la Comunidad de Madrid", afirma Juan Bravo, concejal de Hacienda del Ayuntamiento madrileño, y uno de los cerebros de este proyecto del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, del PP. "Es una ley estatal y, por tanto, con quien tenemos que negociar es con el Gobierno central. Pero el día 5 de enero entregamos el borrador a la Comunidad de Madrid para que diera su opinión, sin que hasta ahora hayamos obtenido respuesta", agrega Bravo.

La cesión de los impuestos (IRPF, IVA e impuestos especiales) que pide el Ayuntamiento a través de esta ley supondría unos ingresos de 700 millones más que los que recibe hoy por el actual sistema de financiación, según Bravo.

La presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, dice estar "preocupada" por el plan de Gallardón, a la vez que exige que éste sea debatido en la Asamblea por todos los grupos políticos (PP, PSOE e IU). El vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, Ignacio González, insistió ayer en que la "trascendencia" y "envergadura" de esta ley precisa del "consenso previo de las administraciones implicadas" (el Gobierno central, el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento).

El concejal Bravo mantiene que esta norma legal no resta poder al Ejecutivo de Aguirre, pero un informe jurídico encargado por Gallardón -y realizado por Francisco Velasco, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid- ya advierte que lo que establece la ley respecto al control municipal sobre las infraestructuras sí podría invadir las competencias de la Comunidad. "Si eso es así, estamos dispuestos a renunciar a ese aspecto y a retirar esa disposición", anuncia el edil de Hacienda.

Según Bravo, el borrador contempla que el Estado ceda al Ayuntamiento el 10% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) residentes en la capital, el 30% del IVA y el 20% de los impuestos especiales sobre alcohol, tabaco y carburantes que se consuman en la ciudad. Eso supondría una ingente suma de dinero: unos 2.000 millones de euros. "Pero nosotros renunciaríamos a unos 1.200 millones que vamos a percibir este año: 1.000 millones por el porcentaje de participación en los ingresos del Estado, 49 del IVA, 85 de IRPF y 14 procedentes de los impuestos especiales". Bravo, no obstante, está dispuesto a "negociar" y se conformaría con recaudar entre 300 y 500 millones de euros más que ahora, con lo que podría compensar los gastos de capitalidad, de suplencia (los servicios que corren a cargo del municipio sin tener competencias, como la asistencia a los inmigrantes), y de centralidad", señala el edil.El edil Bravo sostiene que el equipo de Gallardón no exige más que el Ayuntamiento de Barcelona. "Nuestra pretensión financiera consiste en que se nos compense financieramente por los sobrecostes que, tanto Madrid como Barcelona, soportan por su condición de capitalidad". Y añade: "El propio borrador de la Ley Especial de Madrid regula una serie de correcciones a la baja ante la posibilidad de que la nueva cesta de impuestos resultante de aplicar los citados porcentajes sobre el IRPF, el IVA y los impuestos especiales sea superior a las nuevas necesidades". En ese caso, sostiene el concejal, se reducirían los porcentajes demandados sobre tales impuestos.

Ignacio González, vicepresidente primero del Gobierno regional, destacó que "una propuesta normativa de tanta trascendencia para la Comunidad de Madrid" debe ser "objeto de diálogo con el resto de los grupos" parlamentarios de la Asamblea. Esto, en su opinión, debería desarrollarse "en las mismas formas y plazos que se ha seguido" para elaborar la Carta Municipal de Barcelona, que está siendo debatida por "una comisión tripartita" y que el Ejecutivo central tiene previsto aprobar dentro de tres semanas.

El número dos del Ejecutivo autónomo no tiene duda de que la ley de Gallardón "afecta a la arquitectura institucional de la Comunidad, y exige una reflexión entre los grupos y las instituciones". Según González, una negociación bilateral entre el Gobierno central y el Ayuntamiento no constituiría "un procedimiento lógico".

Ante estas críticas, Bravo invitó al vicepresidente a que si entiende que existe tal alteración en el reparto de competencias que explique en qué apartado, ya que, si así fuera, se podría retirar el artículo correspondiente o bien modificarlo.

El edil explicó que el alcalde y él almorzaron el pasado 22 de noviembre con las portavoces municipales del PSOE e IU, Trinidad Jiménez e Inés Sabanés, respectivamente, junto con los catedráticos que han participado en la elaboración del borrador de la la ley (Alfonso Utrilla, de la Universidad de Alcalá de Henares; Luciano Parejo y Juan Zornoza, de la Carlos III). El 4 de enero, el alcalde envió una carta a la presidenta Aguirre informándole de este asunto, y tres días después Bravo conversó telefónicamente con Francisco Granados, secretario general del PP-Madrid y consejero de Presidencia. Por último, el concejal se reunió con éste el pasado 14 de enero. Por todo eso, el edil de Hacienda se muestra sorprendido de que el Gobierno regional exija ahora participar en la discusión de esta ley. "Nos extraña que la Comunidad no nos haya dado hasta ahora ninguna opinión sobre el proyecto", se quejó Bravo.

"Bofetada a Aguirre"

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Rafael Simancas, manifestó su deseo de que la elaboración y aprobación de esta ley no se desarrolle en "el marco de un conflicto entre la Comunidad y el Ayuntamiento", ante la posibilidad de que Gallardón "caiga en la tentación de intentar devolverle a Aguirre la bofetada que recibió en el último Congreso del PP de Madrid".

Simancas tildó de "incomprensible" la exclusión de la Administración autonómica del debate de esta normativa y defendió que su elaboración debería ser "fruto del diálogo entre los grupos políticos y de la aprobación institucional en el Ayuntamiento, en la Asamblea de Madrid y en las Cortes Generales".

El jefe de la oposición en el Parlamento autonómico consideró "preocupante" la "prisa" con la que el Ejecutivo de Gallardón ha impulsado esta propuesta, ya que, según recordó, durante los ocho años en que el actual alcalde ocupó la Presidencia de la Comunidad de Madrid "no se planteó en términos perentorios la elaboración y la aprobación de esta ley".

No obstante, subrayó que el partido socialista fue el primero en proponer a las otras dos fuerzas políticas de la región (Partido Popular e Izquierda Unida) la necesidad de "establecer conclusiones conjuntas en torno al debate territorial, el Reglamento de la Asamblea, la eventual reforma del Estatuto, la financiación autonómica, la defensa de un modelo de Estado basado en la Constitución española y una Ley de Régimen Especial para Madrid".

'Plan Gallardonetxe'

El portavoz de IU en la Asamblea, Fausto Fernández, manifestó, en alusión al alcalde de Madrid, que "los conversos son siempre los que tienen la fe más fuerte". "A ver si vamos a salir del plan Ibarretxe y entramos en el plan Gallardonetxe", declaró.

El dirigente de IU, que dijo hablar a título personal sobre este asunto, censuró a Gallardón por no haber presentado esta propuesta en los ocho años en que fue presidente de la Comunidad.

Según Fernández, la Ley Especial de Madrid debería enmarcarse en el Libro Blanco elaborado por Administraciones Públicas para efectuar la reforma de la Administración Local, ya que, según señaló, "Madrid no puede quedar fuera del marco general del Estado, en cuanto a condiciones financieras y competencias municipales".