Cuatro ministerios cruzarán datos para evitar fraudes en la regularización de inmigrantes

El Gobierno ha triplicado la potencia de la aplicación informática de la Administración General del Estado para hacer frente a la regularización de inmigrantes que comenzará el próximo 7 de febrero. Cuatro ministerios (Interior, Trabajo, Administraciones Públicas y Asuntos Exteriores) han creado un "bote común" en el que durante el día depositarán los datos que les entreguen los empresarios y los consulados extranjeros. Los ordenadores cruzarán por la noche esa información con la de sus propios archivos en busca de cualquier intento de fraude.

A partir de las cuatro de la tarde del 7 de febrero y hasta las siete de la tarde del 7 de mayo, los empresarios podrán regularizar a los inmigrantes sin papeles que estén empadronados desde antes de 7 de agosto pasado, haciéndoles un contrato de trabajo de al menos seis meses.

Este proceso de regularización o de "normalización", como prefiere llamarlo el Gobierno, busca dar salida a la bolsa de más de un millón de irregulares que dejó el último Ejecutivo del PP, hacer emerger la economía sumergida y acabar con los gastos sociales que genera el empleo ilegal.

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, está convencida de que las mafias intentarán hacer negocio traficando con contratos falsos. El jueves pasado, Rumí declaró: "Hemos puesto todos los medios a nuestro alcance con el fin de que este proceso no tenga ni un asomo de inseguridad para los españoles".

Red de controles

Los empresarios podrán entregar la documentación para regularizar a los inmigrantes en 158 organismos repartidos por toda España. Los expedientes serán tramitados por 52 oficinas de extranjería, dependientes de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

Pero los 1.231 funcionarios expresamente formados para la tarea de examinar esos expedientes no estarán solos. Una potente aplicación informática, sin precedentes en la Administración, les ayudará a resolver las solicitudes y, sobre todo, a descartar los previsibles intentos de fraude.

Los funcionarios introducirán en los ordenadores durante el día los datos entregados por los empleadores. Por la noche, el sistema los cruzará en repetidas ocasiones; al día siguiente los mismos funcionarios sabrán si son auténticos, dudosos o directamente falsos.

Las sucesivas cribas informáticas que pasarán los expedientes incluyen, además de al Ministerio de Asuntos Exteriores, que comprobará la legalidad de los certificados de antecedentes penales en los países de origen de los extranjeros, a varios organismos.

La base de datos de cotizantes de la Tesorería General de la Seguridad Social comprobará si el empresario está al corriente en sus obligaciones con este organismo y si el extranjero es dado de alta en él.

Todas las solicitudes presentadas serán grabadas en el Registro Central de Extranjeros. En los casos en que no sea remitido por vía telemática un informe policial sobre el inmigrante, éste será solicitado expresamente. Eventualmente, la policía recabará más información en otras bases de datos nacionales o internacionales, como El Sistema Informático de Schengen o Interpol.

Además, los funcionarios verificarán que el extranjero carece de antecedentes penales en España, a través del Registro Central de Penados y Rebeldes.

Por medio de la base de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el sistema comprobará si los empresarios solicitantes están al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En caso necesario, los funcionarios solicitarán informes o documentos complementarios, como declaraciones de la renta o de patrimonio.

Los certificados que deben demostrar que el extranjero está empadronado en España desde antes del 7 de agosto del año pasado serán comprobados en la Base de Datos Padronales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sistema cruzará los datos diariamente, de manera recíproca, entre los todos los organismos implicados en el proceso, tanto los dependientes de la red de recepción de documentos (158 oficinas atendidas por 1.639 funcionarios) como los encargados de la gestión y la tramitación.

Los técnicos han introducido mecanismos de alarma automáticos, que se dispararán en casos de empresas de reciente constitución, en los de empresarios que soliciten un número de autorizaciones excesivo, en los que impliquen aumentos desorbitados de plantilla, en los de empleadores individuales que contraten a un número grande de trabajadores domésticos o en los que las solicitudes no sean completadas con el alta final de los extranjeros en la Seguridad Social.

Si detectan indicios de fraude, las oficinas de extranjeros informarán a la policía y a la Inspección de Trabajo, a la que el Gobierno ha adjudicado un papel clave en el proceso.