'Papeles' con garantías

En España se han realizado seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes. La primera fue realizada entre 1991 y 1992 por el Gobierno presidido por Felipe González, y benefició a 108.321 extranjeros. Las cinco siguientes fueron efectuadas en 1996, 2000 y 2001 por sucesivos Gobiernos de José María Aznar y beneficiaron a 480.185 extranjeros.

El proceso de "normalización" que comenzará el próximo 7 de febrero se diferencia de todas ellas en varios puntos, de los cuales el más llamativo es la vinculación de los permisos de residencia y de trabajo al mercado laboral. En esta ocasión serán los empresarios, y no los inmigrantes, quienes soliciten la regularización de éstos por medio de un contrato de trabajo con alta en la Seguridad Social. Por eso serán los principales responsables de la limpieza de las solicitudes.

En las regularizaciones extraordinarias que realizaron, los Gobiernos del PP exigieron a los inmigrantes que demostraran su presencia en España antes de una determinada fecha. La Administración admitió como prueba recibos de la luz e, incluso, abonos de transporte.

En esta ocasión, los inmigrantes deberán presentar un certificado del padrón municipal; es decir, un documento oficial difícilmente falsificable, puesto que su autenticidad será verificada en las bases datos del INE.

Tampoco se les había solicitado a los extranjeros hasta ahora el certificado de antecedentes penales en su país de origen, y la ausencia de delitos en España. Sólo se les pidió un certificado de no estar incursos en procesos penales.

Por todos estos motivos, el proceso que comenzará en 7 de febrero carece de precedentes.