El Gobierno considera inconstitucional y "filosoberanista" el nuevo Estatuto canario

El borrador del Estatuto de autonomía de Canarias, que el Gobierno de la comunidad insular, integrado por Coalición Canaria y el PP, ha enviado a la ponencia parlamentaria para su tramitación, es "filosoberanista, se sitúa en el borde de fuera de la Constitución y va más lejos que el borrador que el Institut de Estudis Catalans envió a la ponencia parlamentaria de reforma del Estatut", según señala el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. El ministro pide al presidente del PP, Mariano Rajoy, que se pronuncie sobre dicho borrador.

A fines de diciembre, el comité de expertos, al que el Parlamento canario había encargado la elaboración de un borrador de reforma del Estatuto de autonomía, lo entregó al Gobierno de las islas. El Ejecutivo autonómico, integrado por Coalición Canaria y PP, presidido por el nacionalista Adán Martín, cursó el texto, sin modificaciones, a la ponencia parlamentaria.

El borrador, al que los grupos políticos presentarán enmiendas en la fase de tramitación en la ponencia parlamentaria, es "inconstitucional" en dos artículos claves, según el portavoz socialista canario, Antonio Hernández Spínola. El artículo 30,3, referente a las competencias de Canarias, "es abiertamente inconstitucional al otorgar con carácter general la prevalencia del Estatuto de Canarias sobre la Constitución, lo que vulnera el artículo 149,3 de la Norma Fundamental", precisa Hernández Spínola.

El artículo 30,3 del borrador de reforma del Estatuto canario dice: "El derecho propio de Canarias en materias de su competencia se aplicará con preferencia al del Estado, que tendrá, en defecto de aquél, carácter supletorio". El artículo 149,3 de la Constitución, por el contrario, establece la prevalencia de ésta norma sobre los estatutos.

Asimismo, el artículo 30,4 del borrador del Estatuto de Canarias "también incurre en inconstitucionalidad al enviar un mandato imperativo de un Estatuto a la Constitución, de un parlamento autonómico a las Cortes", señala Hernández Spínola. Dicho artículo dice: "Cuando la condición ultraperiférica derivada de la lejanía e insularidad de Canarias incide de manera determinante en alguna de las materias establecidas en el artículo 32 del Estatuto (que establece las competencias de la comunidad), la normativa básica estatal reconocerá tal circunstancia y, por tanto, la plena competencia autonómica". "Además de su carácter imperativo, este artículo trata de engarzar subrepticiamente el derecho comunitario, fijado por la Constitución europea, con el Estatuto canario reformado, dejando de lado la Constitución española", añade el portavoz socialista canario.

Pero más allá de la "inconstitucionalidad" de los artículos 30,3 y 30,4, lo que más "ha alarmado" al Gobierno socialista es la disposición adicional tercera del borrador del Estatuto, que permite ceder a Canarias del Estado todas las competencias, con la única excepción de la Defensa, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Alta inspección de servicios.

La disposición adicional tercera bis,1 dice: "Se transfiere a la comunidad autónoma la gestión y ejecución en su territorio de todos los servicios que correspondan a las competencias sobre materias de la titularidad estatal en los términos contemplados por el artículo 39 bis (referente a la Administración única) y de acuerdo con el régimen establecido en la disposición adicional tercera".

A renglón seguido, la disposición adicional tercera bis, 2 dice: "Se exceptúan de la transferencia contemplada en el apartado anterior los servicios especiales derivados de las reservas estatales de ejecución, que continuarán prestándose por la Administración General del Estado en Canarias". Y cita la Defensa, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Alta inspección de servicios.

Para el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, la disposición adicional y el artículo 30 plantean "un Estatuto de máximos que desmantela el Estado" y "se sitúa en el borde de fuera de la Constitución". A su juicio, "va más lejos que el borrador que el Institut de Estudis catalans presentó a la ponencia del Estatuto catalán, que, aunque de máximos, al menos era constitucional".

Sevilla se muestra sorprendido de que el PP nacional no haya dicho nada de este borrador cuando puso el grito en el cielo al conocer el del Institut de Estudis catalans. Por eso emplazó ayer al presidente del PP, Mariano Rajoy, a que se pronuncie. Los socialistas canarios creen que el PP nacional no ha hablado porque "teme la ruptura del Gobierno que comparte con Coalición Canaria".