Las secuelas de un acuerdo

Política y dinero forman un cóctel que da, sin duda, lugar a la polémica. Y en las últimas semanas el escenario político andaluz es buena prueba de ello. La decisión del PP de descolgarse a última hora del acuerdo para el impulso democrático firmado por PSOE, IU y PA el pasado 7 de diciembre ha abierto una brecha por la que se escapan a diario descalificaciones, insinuaciones o retos de difícil cumplimiento.

En los primeros días tras la firma del pacto, los ataques del PP se centraron en las cesantías previstas para los directores generales y delegados de la Junta. Con el paso del tiempo, las críticas se han dirigido a la ley que tiene previsto regular el estatuto de los ex presidentes de la Junta de Andalucía. Esta ley, como otras cuatro del acuerdo -ley de Incompatibilidades; ley Electoral; ley de Publicidad Institucional y la del Consejo Consultivo- se negocia por el trámite de urgencia en el Parlamento.

El PP planteó que los ex presidentes fueran miembros del Consejo Consultivo al cesar

La ley del estatuto de los ex presidentes de la Junta prevé que, una vez se jubilen, quienes han ostentado el cargo perciban una pensión vitalicia equivalente al 60% del salario del presidente autonómico en ese momento (véase el cuadro adjunto). Además, estipula que tendrán a su disposición una oficina, dos funcionarios, un coche y seguridad.

Ocho comunidades autónomas españolas (entre ellas cinco gobernadas por el Partido Popular, Valencia, Galicia, La Rioja, Castilla-León y Navarra) tienen regulaciones específicas para los que han sido jefes de Gobierno sin que haya sido motivo de algarada. Se trata de leyes que pretenden hacer un reconocimiento y dotar de medios a quienes han ejercido la máxima responsabilidad política en la comunidad.

El PP andaluz ha variado su posición sobre este asunto conforme han ido pasando los días, como se puede comprobar con la cronología que viene en estas páginas. Y de su lectura surge una pregunta: ¿por qué Arenas ha pasado a hablar del presidente andaluz, Manuel Chaves, como del "pensionista mayor del reino" cuando un mes antes calificaba de "absolutamente correcta" la regulación?

La respuesta está en un comentario que hace Chaves en la tradicional comida de Navidad con los directores de los medios de comunicación el 14 de diciembre. Ahí deja caer la piedra de que Arenas cobra una cesantía como ex ministro y las ondas del mensaje llegan de inmediato a la dirección del PP.

Los populares reconocen que éste fue el momento crucial de la polémica y cuando empezaron a elevar el tono de las críticas y centrarlas en el presidente andaluz, cuando hasta ese momento este asunto no era prioritario en la estrategia del partido que dirige Arenas.

Ningún medio se hizo eco del asunto en ese instante, hasta que el secretario de Organización del PSOE, Luis Pizarro, aprovechando que Arenas dice que él y sus compañeros renunciarán a las "prebendas" de las cesantías a los diputados autonómicos, le pregunta públicamente "si va a renunciar a sus derechos de cesantías como ex ministro". Arenas percibe 5.323 euros por la cesantía como ex ministro y 4.446 como diputado en el Congreso por la provincia de Sevilla.

Arenas, que sabía que en el grupo parlamentario del PP hubo malestar cuando decidió excluirse del acuerdo del impulso democrático, hizo una larga cambiada. Anunció que renunciaba a la cesantía como ex ministro, aunque condicionó esta renuncia a que se retirase la regulación del estatuto de los ex presidentes de la Junta. Arenas envió una carta a Chaves en la que le comunicaba esta idea. La misiva daba a la confusión, ya que parecía que Arenas renunciaba unilateralmente a la cesantía, aunque el PP se apresuró a aclarar que no, que las condiciones seguían vigentes.

Lo curioso de la crítica del PP es que fue Arenas quien, durante la negociación previa, propuso a Chaves, en una reunión a solas, una fórmula más ventajosa económicamente para regular el estatuto de los ex presidentes. Arenas planteó a Chaves que los ex presidentes de la Junta fueran designados miembros permanentes del Consejo Consultivo, una opción que tienen prevista otras comunidades como Valencia y Castilla-León, gobernadas por el PP, o Castilla-La Mancha (PSOE).

Como consejeros permanentes del Consejo Consultivo el sueldo para los ex presidentes iba a superar los 100.000 euros, según fuentes del Ejecutivo andaluz, que desecharon esta iniciativa por una razón fundamental. El Consejo Consultivo es un órgano de asesoramiento legal de la Junta de Andalucía y se encarga de hacer dictámenes jurídicos.

Chaves es doctor en Derecho y, por tanto, parece razonable que formara parte del Consejo Consultivo, pero ¿qué pasa si un día llega a presidente de la Junta de Andalucía un médico, un ingeniero o un perito técnico? ¿Cómo se justifica que forme parte del Consejo Consultivo? ¿Va a hacer dictámenes? Esta circunstancia hizo dejar a un lado esta fórmula y optar por un mecanismo parecido al que tiene regulado la Generalitat de Cataluña.

Parecida, pero no igual, ya que hay dos diferencias sustanciales. La primera es que el sueldo anual del presidente de la Generalitat (la referencia que se toma para calcular la pensión de los ex presidentes) duplica la remuneración del jefe del Ejecutivo andaluz. En 2005, Pasqual Maragall percibirá 150.918 euros, mientras que Chaves cobrará 74.960 euros (igual que un ministro del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero). La segunda diferencia es que la ley del Estatuto de los ex presidentes de Cataluña (aprobada por unanimidad por los grupos políticos de esta comunidad) establece también una pensión para el viudo o viuda de los ex presidentes de la Generalitat (el 50% de la pensión del ex jefe del Gobierno).

A iniciativa de Izquierda Unida y del Partido Andalucista, el Gobierno está dispuesto a modificar algunos aspectos de la norma que regulará el estatuto de los ex presidentes de la autonomía andaluza.

La fórmula que los grupos firmantes del acuerdo del impulso democrático manejan es que si los ex presidentes tuvieran derecho a cobrar otra pensión de la Seguridad Social sólo podrán percibir con cargo a los presupuestos andaluces la diferencia que hay entre la pensión pública y el 60% del sueldo del presidente autonómico. Es decir, en estos momentos, la Junta sólo pagaría la diferencia entre los 44.976 euros a los que equivaldría hoy la pensión de los ex presidentes (ver cuadro) menos la pensión pública. Esta opción es muy parecida a la regulación que hay en el País Vasco.

Los ex presidentes de la Junta nunca han tenido un tratamiento específico más allá de los meramente protocolarios. Ha sido al principio de esta legislatura cuando el Gobierno ha decidido aprovechar su experiencia. Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla, ambos al frente de sendos despachos de abogados, forman parte del recientemente creado Consejo Asesor del Estado de las Autonomías y una vez que se reforme la ley del Consultivo será miembros natos del plenario de este órgano.

El Gobierno central también tiene regulada una remuneración para los ex presidentes. Los Presupuestos Generales del Estado para 2005 consignan una partida de 360.000 euros para los ex presidentes del Gobierno. Cada uno percibe 90.000 euros (Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar). Con ese dinero, los ex presidentes tienen que pagar a dos personas que tienen para su asistencia. El sueldo del actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asciende en 2005 a 84.960 euros.

Un decreto aprobado por el Gobierno en 1992 no establece ningún régimen de incompatibilidades para los ex presidentes. González se prodiga en conferencias y en asesoramientos a Gobiernos extranjeros, senda que parece haber emprendido también Aznar, quien empezó a dar clases en la Universidad de Georgetown. Ambos presiden sendas fundaciones de su partido. Felipe González dirige Progreso Global y Aznar, la FAES.