Human Rights Watch denuncia la violación de derechos a detenidos de Al Qaeda y el 11-M

Una investigación de Human Rights Watch (HRW) sobre las detenciones de supuestos islamistas radicales en España antes y después de la matanza del 11-M en Madrid denuncia la violación de obligaciones contraídas por el Gobierno español en el derecho internacional de derechos humanos. El informe anual de esta organización internacional de defensa de los derechos humanos asegura que varios de los detenidos por el 11-M estuvieron incomunicados durante 13 días consecutivos y critica que durante ese periodo no pudieran entrevistarse en privado con sus abogados de oficio.

El marroquí Jamal Zougam, uno de los presuntos autores materiales del 11-M, permaneció incomunicado los 13 días que permite la ley, según ha asegurado su abogado a los consultores de esta organización internacional de derechos humanos. La legislación española admite cinco días de incomunicación en dependencias policiales, otros cinco decretados por el juez cuando el arrestado está en prisión provisional y una nueva prórroga judicial de tres días. "Zougam y otros dos detenidos estuvieron incomunicados los 13 días seguidos", asegura Judith Sunderland, autora del informe y una de las consultoras de HRW.

Según HRW el Gobierno español ha ignorado o rechazado constantemente los llamamientos de autoridades internacionales de derechos humanos para que reforme el régimen de incomunicación que a juicio de esta organización nunca debería superar las 48 horas.

El relator especial de la ONU para la tortura Theo van Boven publicó un informe sobre España en febrero de 2004 en el que aseguraba: "La detención incomunicada prolongada puede facilitar la práctica de la tortura y equivale en sí a una forma de trato cruel, inhumano o degradante". El Gobierno respondió a Boven que durante 2002-2003 un 75% de los arrestos en situación de incomunicación duraron 72 horas y un 25% cinco días. Y añadió que la incomunicación es a veces importante "ya que evita que se puedan destruir pruebas o indicios relevantes".

En los dos casos estudiados por HRW, la presunta célula de Al Qaeda que dirigía Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah, y los detenidos por el 11-M, la mayoría de los arrestados superaron ese periodo de incomunicación. En el primer caso muchos estuvieron incomunicados cinco días y en el segundo, 15 de los detenidos estuvieron recluidos entre cuatro y cinco días.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) ha declarado que cinco días de incomunicación antes de comparecer ante un juez puede ser incompatible con las obligaciones de España en virtud del derecho internacional. HRW reconoce en su informe que los detenidos son examinados periódicamente por médicos forenses designados por el juzgado , "lo que supone una salvaguardia importante contra la tortura", pero añade que no se investigan debidamente todas las denuncias por malos tratos.

HRW critica en su informe que a los detenidos en situación de incomunicación "se les asigna un abogado de oficio" que está presente en todos los interrogatorios y declaraciones ante el juez, "pero con el que no pueden entrevistarse en privado, ni antes ni después". Sunderland asegura que según algunos abogados de oficio de los detenidos por el 11-M la policía no les permitió hablar con sus clientes. Uno de los letrados entrevistado por HRW relató que cuando su cliente se estaba autoinculpando no podía hacer nada. "Le podía pisar el pie, pero no, no le podía decir nada para callarlo".

"Recomendamos claridad"

La representante de HRW admite que en sus entrevistas con miembros de la Fiscalía General del Estado les aseguran que los letrados sí tienen derecho a hablar con su defendido. "Sólo recomendamos claridad. Si existe esa facultad el abogado debe saberlo", reclama.

En opinión de esta organización la defensa de éstos y otros detenidos se ve aún más debilitada por el uso del secreto de sumario que para HRW debería ser "excepcional". Señalan que los abogados defensores no tienen acceso "a información crítica relativa a sus clientes o las pruebas contra ellos" de la que sí disponen los fiscales.

La investigación de HRW destaca que en los sumarios sobre Al Qaeda y el 11-M no han conocido ninguna acusación de tortura, pero revelan que tres de los sospechosos de la matanza informaron al juez Juan del Olmo de que habían sido maltratados durante la custodia policial. No obstante los informes de los médicos forenses no arrojaron ninguna prueba sobre los supuestos malos tratos.

El informe critica también la prórroga de dos años a cuatro de la prisión provisional aplicada a la mayoría de los detenidos por su presunta relación con Al Qaeda. "Lo que debe ser excepcional, aquí se ha aplicado como regla", señaló uno de los letrados a HRW. Y advierte de que los largos periodos de prisión preventiva pueden perjudicar a la salud y asegura que algunos detenidos de la célula de Abu Dahdah reciben tratamiento psicológico o toman tranquilizantes.