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El tribunal que juzga a Botín admite 18 documentos propuestos por la defensa

El juicio se suspende hasta el lunes para que las acusaciones examinen las nuevas pruebas

El juicio contra el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, el ex copresidente José María Amusátegui y el ex vicepresidente Ángel Corcóstegui por las bonificaciones por jubilación de los dos últimos arrancó ayer con la aportación de 18 nuevos documentos de prueba que provocaron la suspensión de la sesión para dar tiempo a las acusaciones a examinarlos. Un trámite procesal que dejó al trío de banqueros de espectadores en el banquillo mientras sus abogados, los primeros espadas del Derecho Penal, esgrimían sus argumentos en un primer encuentro que concluyó en tablas.

La presencia de Emilio Botín en el banquillo de la sala principal de vistas de la Audiencia Nacional fue el principal argumento de la sesión de este juicio. Enfundado en un traje de franela gris marengo, con camisa azul y una vistosa corbata roja, el presidente del Santander entró en la sala de vistas y se dirigió a donde ya aguardaban sentados sus antiguos compañeros de fusión bancaria, José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui. Pero enseguida rectificó y se adelantó hasta el tribunal, estrechando las manos de los magistrados, la de la secretaria y hasta la de la taquígrafa.

El resto de la sesión permaneció de observador, reprimiendo algún ocasional gesto de impaciencia. Sobre todo cuando la secretaria leyó las peticiones de pena para los tres inculpados, por la entrega por el banco que preside Botín de un bonus de 43,7 millones de euros por jubilación a Amusátegui y otro de 108 millones a Corcóstegui.

Las acusaciones piden para Botín dos penas de seis años cada una si el supuesto delito es considerado apropiación indebida, o de cuatro años si fuera de administración desleal. Para Amusátegui y Corcóstegui, una sola pena de seis o cuatro años en los mismos supuestos. El fiscal y las defensas reclaman la absolución de los tres banqueros por inexistencia de delito.

Ninguna de las partes formuló cuestiones de previo pronunciamiento, pero el defensor de Botín, Gonzalo Rodríguez Mourullo, presentó nuevas pruebas y leyó un listado de hasta 18 documentos del banco, en su mayor parte referidos a actas de las juntas de accionistas, certificaciones del Consejo de Administración en los que avalan las cantidades entregadas a Amusátegui y a Corcóstegui, y un informe pericial elaborado por Manuel Olivencia.

Oposición a las pruebas

Los abogados de las acusaciones, Manuel Gómez Benítez, por parte de Rafael Pérez Escolar, y José López, por Juan Francisco Franco Otegui, se opusieron a la admisión de los documentos. El fiscal, Fernando Burgos, explicó que, en su mayor parte, se trata de reiteraciones de datos y actas que ya constan en el procedimiento y que debían ser rechazados. Sin embargo, salvó el denominado informe Olivencia, un estudio para un código ético de las entidades bancarias cuyas valoraciones jurídicas le parecieron de interés. El tribunal, presidido por el magistrado Antonio Díaz Delgado, que sustituye al recusado presidente de la Sala Penal Javier Gómez Bermúdez, se retiró a deliberar.

Los inculpados quedaron solos en estrados flanqueados por una cohorte de abogados con sus respectivos equipos. Exquisito en el trato al cliente, el letrado Ramón Hermosilla ofreció un botellín de agua mineral a su defendido, José María Amusátegui, que éste acabó compartiendo con Corcóstegui. Aunque de aspecto grave y preocupado, Corcóstegui no presentaba huellas de aquel "estrés" que le llevó a dejar la vicepresidencia del banco en febrero de 2002, apenas seis meses después de la marcha de Amusátegui, y ambos conversaban con Botín relajadamente. Si en el pasado hubo tensiones y zancadillas, ayer el banquillo común lo apaciguaba todo.

Al regreso del tribunal, su presidente dio cuenta de que se admitían todas las pruebas propuestas por la defensa de Botín, pero en atención al principio de "igualdad de armas" en el proceso, se admitirían, en cada fase del juicio, las contrapruebas que propusiesen las acusaciones. Los abogados de la acusación pidieron entonces que el proceso se suspendiese para examinar los documentos, dado que, como argumentó Gómez Benítez, su contenido podía influir decisivamente en los interrogatorios a los acusados. El fiscal apoyó esta petición, pero pidió que las acusaciones presentasen sus contrapruebas en la misma sesión del lunes, para evitar que se produjese una "escalada de pruebas y contrapruebas" que podría prolongar el proceso hasta el infinito.

Concluida la primera sesión, Botín abandonó la sala dirigiendo una breve reverencia de cabeza a cada uno de los magistrados. Pero ya en el exterior recuperó su porte y desoyó a los que le aconsejaban que aguardase dentro la llegada de su coche.

Salió a la calle, donde le esperaban los periodistas, que se sorprendieron de que ni siquiera se hubiese puesto un abrigo. "Sí, tengo frío, pero estoy joven", explicó con jovialidad. Cuando le inquirieron por la suspensión decretada por el tribunal , volvió a hacer gala de su buen aleccionamiento: "Me parecen razonables todas las decisiones que tome el tribunal...". Por fin apareció su vehículo, un modesto Audi-4 en el que el presidente del Santander dejó atrás su primera comparecencia.

Los ataques de Pérez Escolar

Desde antes de que fuera condenado en el caso Banesto por su actuación delictiva en la administración del banco, de cuyo consejo formó parte durante la etapa de Mario Conde, Rafael Pérez Escolar no ha dejado de presentar acusaciones contra Emilio Botín, presidente del Santander, banco que se hizo con Banesto en 1994 tras la intervención que llevó a cabo el Banco de España.

También son sonadas las intervenciones en las juntas del banco de Pérez Escolar y Francisco Franco Otegui, acusadores en la causa que comenzó ayer. Precisamente, el propio Botín ha recordado en alguna de esas juntas el pasado de Pérez Escolar, como que llegó a ingresar en prisión y que tuvo que indemnizar a Banesto con 816 millones de pesetas (4,9 millones de euros) por las operaciones denominadas Centro Comercial Concha Espina (construcción de un centro en la esquina del estadio Santiago Bernabéu) y Oil Dor (empresa que centraba su razón social en la construcción y explotación de estaciones de servicio), que fueron vendidas a la Corporación Banesto por una serie de socios entre los que se encontraba el citado.

Las causas judiciales que se han planteado contra el Santander alcanzan en la actualidad un total de 28. Prácticamente en todas participan -directa o indirectamente- Pérez Escolar y Franco Otegui o alguno de sus colaboradores como Antonio Panea y Javier Sotos. Del total, 13 han sido desestimadas o sobreseídas en primera instancia y están pendientes de cerrar; otras siete están sobreseídas o archivadas, y otras ocho están pendientes de resolución.

Entre estas últimas, figuran el caso de las cesiones de crédito, que fue promovido por ADIC e Iniciativa per Catalunya, y el de las jubilaciones de Amusátegui y Corcóstegui, que tuvo su inicio ayer mismo.

El banco ha justificado los pagos a ambos "al considerar clave e imprescindible" su contribución a la creación del nuevo banco tras la fusión del Santander con el Central Hispano.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de enero de 2005

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