Los expertos de Aguirre quieren reducir los pisos protegidos para abaratar el mercado

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, nada más llegar al Gobierno se propuso reducir el precio de la vivienda. Por ello, encargó a una comisión de nueve expertos en urbanismo un informe que le indicase el camino. El informe, que no es vinculante, marcaría las bases para modificar la Ley del Suelo que promovió el Gobierno de su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón. Y los expertos han hablado: cuanto menor sea el número de viviendas protegidas, más bajará el precio de los pisos del mercado libre.

Alberto Recarte García-Andrade, que rubrica el informe preliminar, lo explica: las administraciones públicas "no tienen suelo en cantidades suficientes" para construir viviendas sociales. "Y el que tienen, si lo ofrecen a precios reducidos, les obliga a renunciar a ingresos que conseguirían vendiéndolos a precios de mercado". Según Recarte, como las administraciones carecen de recursos para construir, ceden los solares a las promotoras privadas, que tienen que levantar obligatoriamente casas baratas. Como los precios a los que venden estas casas son muy reducidos -los marca la ley- cargan sobre las viviendas privadas que construyen en la zona el dinero que dejan de ganar en las de tipo social.

Aguirre anuncia que será "vinculante u orientativo" edificar el 50% de pisos protegidos

Por ello, el presidente de la comisión, Eduardo García de Enterría, propugna que no se reserve el 50% del suelo a viviendas protegidas, como señala la actual ley, ya que no tiene justificación, dice, en pequeños municipios o en "barrios de lujo". García de Enterría, aboga porque sean los Ayuntamientos quienes decidan el porcentaje dedicado a vivienda protegida. Pero el dictamen no fue aprobado unánimemente por los integrantes de la comisión. Dos expertos firmaron votos discrepantes. Javier García-Bellido, arquitecto urbanista, fue muy duro. "No hace falta argumentar la trascendencia regresiva de esta medida en una coyuntura alcista como la actual". Y dice sarcástico: "Un gran avance muy innovador, en aras de una malentendida liberalidad aduladora de la más insolidaria faceta del autonomismo municipalista, cuando no de una desregulación de corte liberaloide".Esperanza Aguirre elogió ayer la "calidad y profundidad" del dictamen elaborado por el grupo de expertos e incidió en la necesidad de introducir "transparencia frente a la opacidad y agilidad frente a la exasperante lentitud de los procedimientos urbanísticos, que constituyen un elemento de escandaloso encarecimiento de la vivienda, además de evitar posibles recalificaciones del suelo".

Pero Aguirre, que siempre se ha definido como liberal, fue muy cauta a la hora de hablar sobre la reducción del porcentaje de vivienda protegida e, incluso, se mostró contraria a la flexibilidad que proponen los expertos. Dejó claro que la Comunidad de Madrid "mantendrá como vinculante u orientativo que, al menos, el 50% las viviendas tenga algún tipo de protección".

Además, subrayó que el dictamen no es vinculante y que ahora se abre un periodo de alegaciones antes de que el Gobierno regional apruebe el anteproyecto de la nueva Ley del Suelo.

El informe de los expertos también propugna la eliminación de uno de los trámites hasta ahora obligatorios a la hora de redactar un plan general: el avance. Este trámite señala los ejes básicos sobre los que se vertebra el crecimiento urbanístico que proyecta un ayuntamiento en cuestión. Pero para los expertos, este documento demoraba mucho el final del plan "sin aportar mayor eficacia ni seguridad jurídica". Sin embargo, García-Bellido, uno de los dos especialistas discrepantes, cree que la eliminación de este trámite es "una barbaridad". "Ahora, los vecinos se encontrarán directamente el plan prácticamente aprobado", indica.

El texto defendido por los expertos propugna, no obstante, que los planes generales sean publicados en la página web de la Consejería de Urbanismo de la Comunidad y que sean sometidos a información pública, aprobación en pleno y su publicación en Boletín Oficial de la Comunidad. Igualmente, el dictamen defiende que los planes urbanísticos deban ser aprobados en menos de 24 meses. En caso de no hacerse así, quedarían aprobados por silencio administrativo. García-Bellido, en su voto discrepante, escribe: Esta decisión provocará la "turbourbanización, en la que los veloci-raptores depredadores de los escasos miles de hectáreas finales de la región, verán la oportunidad para lanzarse a copar en breve plazo todas las expectativas de desarrollo regional, sin competidores ni concurso alguno, ni de calidad ni de coste ni de oportunidad, sino por la vía in extremis de su aprobación por silencio positivo".

"Y en esta situación de disparadero estarían todos los terrenos que ahora poseen su titularidad dominical a nombre de bancos, empresas constructoras, inmobiliarias..., que han estado tomando posiciones y amasando suelo durante los últimos 30 años, dispuestos a sacar sus promociones rápidamente", afirma.

El informe mantiene, además, la actual figura del agente urbanizador, que es una figura legal -pública o privada- que urbaniza un determinado suelo si los propietarios no lo hacen en un año. Manuel Jesús González González, otro de los expertos discrepantes del informe final, cree que el agente urbanizador tiene "facultades expropiatorias" cuando un propietario se niegue a vender. González recuerda que "los dos componentes básicos del derecho de propiedad privada son la exclusividad (derecho de exclusión de los extraños de libre uso de los activos sobre los que existen derechos de propiedad) y la transferencia voluntaria de tales derechos. La exclusividad no implica", señala, "que el derecho sea un derecho absoluto, no restringido por ninguna ley o institución del contorno".

El dictamen también propugna que todo el terreno que no goce de especial protección en la Comunidad de Madrid pueda ser urbanizado. Aparte del protegido, "el resto del suelo, que no tenga condición material de urbano, se considerará apto para la urbanización", se lee en la exposición de motivos del informe.

García-Bellido, que recuerda que el Gobierno prometió que el medioambiente marcaría el desarrollo urbanístico de la región, escribe en su voto discrepante: "Se ha suprimido expresamente del texto propuesto toda referencia a la competencia de Medio Ambiente, dejando en exclusiva la capacidad de decisión en estos temas supraurbanísticos en el órgano competente en materia de urbanismo, como siniestra expresión de la esquizofrenia profunda de la personalidad que escinde al Doctor Jekyll de Mister Hyde".

La comisión de expertos está formada por Eduardo García de Enterría, Tomás Ramón Fernández, Manuel Jesús González, José María Baño, Josep Roca, Alberto Recarte, Javier García-Bellido, Armando Mucientes y Enrique Porto Rey.