La Fiscalía mantiene su acusación por prevaricación contra un juez de Málaga

El titular del juzgado de Primera Instancia número 10 de Málaga, J.A.R., reconoció ayer que abrió expediente contra el abogado de un hombre con el que estaba enemistado. El juez, que podría ser condenado a 15 años de inhabilitación por prevaricación, aseguró que lo hizo para esclarecer lo ocurrido en un juicio por coacciones del que su esposa era parte. El TSJA dejó el caso visto para sentencia. La Fiscalía mantiene su acusación.

El acusado declaró ante la sala de lo Civil y Penal del TSJA que abrió un expediente gubernativo "y no disciplinario" contra el abogado para esclarecer lo ocurrido en un juicio de faltas que se siguió en el juzgado de Instrucción número 6 de Málaga del que su mujer y el cliente del letrado eran parte. Lo hizo, según dijo ayer, porque su esposa le comentó que el abogado "lo acusó de estar detrás de ese caso". El juez malagueño aseguró que esos comentarios "atentaban contra su órgano, cargo y persona", así como a su "independencia, imparcialidad judicial y la buena marcha de la administración de Justicia". Ese expediente, según el acusado, "era el camino más coherente, sensato y menos gravoso" para los intereses del abogado y se cerró sólo un mes después de su apertura.

El abogado expedientado negó que hubiera comentado esas "alusiones ofensivas" contra el juez y recordó que, de haberlo hecho, constarían en el acta del juicio junto a la reprobación del titular del juzgado en el que se enfrentaban su cliente y la mujer del acusado por una presunta falta de coacciones. El letrado aseguró que la mujer "malinterpretó sus palabras", lo que dio lugar a que su marido "de forma arbitraria e injusta" incoara el expediente, que calificó de "declaración de enemistad".

Ilicitud manifiesta

Las explicaciones del acusado no convencieron al fiscal, que mantuvo su acusación por prevaricación o, en su defecto, usurpación de funciones. Por el primero de los delitos solicitó 15 años de inhabilitación para el juez que podrían convertirse en nueve meses de cárcel en caso de que finalmente se le condene como usurpador. En su escrito, presentado en noviembre, consideró que el acusado (juez de orden civil) ordenó la apertura del expediente "con perfecto conocimiento de la ilicitud de su actuación, abusando de su condición de magistrado" y "atribuyéndose facultades disciplinarias indebidas".

El fiscal relataba que entre el juez y el cliente del letrado expedientado habían existido "diversos procedimientos judiciales de índole civil, contencioso-administrativo y penal, instados todos por el acusado o su esposa", así como "una relación de manifiesta enemistad" que motivó que el acusado se abstuviera en otro juicio contra esa persona por ser él mismo denunciante y estar enemistado con él.

El expediente, continuaba el escrito de acusación, se inició "al margen de cualquier cobertura legal y con manifiesta falta de legitimación para su apertura" ya que la facultad de los jueces para ejercer funciones disciplinarias debe ejercerse "en su ámbito competencial" y "sobre los profesionales que se relacionen con el tribunal" y no con otro, como ocurrió presuntamente en este caso.

Además de la pena de inhabilitación, el fiscal solicita multa de 3.240 euros. En caso de que se le condene por usurpación de atribuciones, además de la cárcel, sobre el acusado podría recaer la suspensión de empleo o cargo público por dos años y la inhabilitación para presentarse a elecciones durante nueve meses. El letrado expedientado, como acusación particular, solicitó para el juez 16 años de inhabilitación y 19 meses de multa por considerar que hubo "abuso de autoridad".