Tribunales y notarios

Tienen los dirigentes del PP especial propensión a acudir a los notarios. Son muchos los que recurren a estos abnegados profesionales cuando se ven en apuros. No les basta lo que digan las urnas, ni el debate político en sí, es necesario apelar a este colectivo e, incluso, a los tribunales, si la situación lo requiere. Días atrás observábamos esa significativa fotografía de tres ediles del PSOE del Ayuntamiento de Cádiz, en la oposición, a las puertas de los juzgados para que se retractaran o no sobre sus acusaciones contra la alcaldesa de la ciudad, Teofila Martínez, en torno a las irregularidades detectadas en la gestión de la Zona Franca de Cádiz durante el mandato del PP. Martínez ya se ha ganado a pulso la fama de querellator a raíz de su inclinación de llevar ante un juez a todo aquel que se le cruce en el camino y cuando no, pasa a la amenaza directa, como ha ocurrido con el concurso del Carnaval. Algunos de los directores de las emisoras locales de radio tenían el mensaje bien claro de que iba a por ellos, gracias a las buenas relaciones que mantenía con sus respectivos jefes.

Y ahora será el presidente del PP, Javier Arenas, quien acudirá a un notario para presentar la renuncia de su cesantía como ex ministro, más de 5.000 euros al mes, a cambio de que Chaves haga lo mismo con la suya. Todo un desafío, dicen los suyos. Si tan convencido está de lo correcto de este movimiento, cabe preguntarse por qué no ha actuado de esta forma desde un principio. Han tenido que ser sus contrincantes los que desvelaran que él cobraba esa nada despreciable cantidad de dinero que se suma a su retribución como diputado. Se lo ha tenido callado hasta el momento actual, mientras que iba a exigir a sus compañeros de partido que, en caso de que se establezca un sistema similar en Andalucía, renuncien heroicamente a esas "prebendas". Eso sí, él, al menos, seguirá cobrando esos emolumentos, por que, que se sepa, Chaves ya renunció en su día a percibir un sólo euro como ex ministro, a diferencia de lo que él ha hecho, y ni siquiera se han aprobado aún las polémicas cesantías que se están negociando.

De todas formas, a Arenas se le ve cómodo en el envite. Quién sabe si en un arrebato de generosidad toma la iniciativa y entrega el dinero que ha recibido y el que le ha de llegar a una ONG. Le gusta ese juego en corto, arremeter contra lo que él considera privilegios, a pesar de que su representante en las negociaciones sobre las medidas del llamado impulso democrático, Antonio Sanz, estimaba como una "mierda" lo que iban a cobrar ex diputados y demás. Pero da igual. Irá al notario y habrá foto, la misma que en la campaña de las elecciones autonómicas de 1996 buscaba Chaves cuando le retó a que entregara su declaración de Hacienda, y la de su esposa, a la Asociación de la Prensa de Sevilla cosa que él nunca llegó hacer, lo contrario de cómo actúo el presidente andaluz.

Aquel que propugna acuerdos secretos como el de la pinza, con el defenestrado Rejón, o del Ayuntamiento de Jerez con Pacheco, como él mismo ha reconocido, tiene difícil que la gente le siga en este debate excesivamente chusco y definitorio sobre el nivel real al que los populares quieren llevar la discusión política en Andalucía. Irremediablemente, seguirá por esa senda convencido como está, de que así obtendrá los suficientes réditos políticos. Mientras tanto, la vida institucional va por otros derroteros y en estos días, se materializará el sexto Acuerdo de Concertación Social. Junta, patronal y sindicatos firmarán, de nuevo, un marco de entendimiento que cuando él lo propiciaba en la Moncloa era el signo más claro del diálogo social y ahora, en cambio, no deja de ser un cambalache más de reparto de dinero y compra de voluntades. Así están las cosas y si mientras en Madrid se tienden puentes para entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas, representantes del PSOE y el PP se verán las caras para acercar posturas en torno al debate territorial, aquí el encontronazo se encanalla con cuestiones que se creían cerradas y asumidas.