El Ayuntamiento adjudicó el derribo mortal de Granada por un 43% más de su coste real

El Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PP, adjudicó por 38.007 euros el derribo municipal en el que falleció un inmigrante irregular el pasado 21 de diciembre, a pesar de que la obra, según sus propias cuentas, costaba 26.559 euros. Urbanismo incluyó en el presupuesto 11.448 euros más de gastos correspondientes a las gestiones que realizó para promover la demolición, con la intención de reclamarlas después al propietario del inmueble (que se negó a derruirlo por su cuenta). La subcontratista que ejecutó finalmente la obra cobró por ella 18.000 euros, según declaró su propietario ante el juez.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada (PP) aprobó mediante decreto la ejecución subsidiaria del derribo el pasado 13 de abril debido a la negativa de su propietario a realizarlo. Esa disposición, firmada por el concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo, encargó las obras a la contratista municipal, Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L., y las valoró en 38.007,36 euros.

En el desglose presupuestario que figura en el mismo documento, el Ayuntamiento estima el coste estricto de la demolición en 18.000 euros. A esa cantidad añade un 6% de costes indirectos, un 14% de gastos generales, otro 6% de beneficio industrial (la plusvalía del constructor) y un 16% de IVA, tal y como establece el Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas. La suma de esos conceptos da la cantidad de 26.559,36 euros, el "total del presupuesto de la contrata", según consta en el mismo documento.

Pero la obra se adjudicó por una cantidad considerablemente mayor. Según las cuentas de Urbanismo que refleja el decreto, a esa cifra se añadieron 11.448 euros más bajo el epígrafe de "gastos de administración", lo que incrementó el presupuesto de la demolición hasta los 38.007,36 euros, que se pusieron a disposición de Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L., la contratista municipal.

Honorarios de los técnicos

García-Royo asegura que ese incremento en el presupuesto (el 43% de la ejecución material) corresponde al coste de todos los actos administrativos realizados por el Ayuntamiento (informes, reuniones, valoraciones), así como a los honorarios de los técnicos municipales debido a la negativa del propietario a efectuar el derribo. Los 11.448 euros, según el concejal, constituyen una especie de recargo económico de carácter sancionador que se exige al propietario por desobedecer las órdenes del consistorio, que le requirió varias veces para que demoliera o rehabilitara su edificio.

Pero el Ayuntamiento ordenó al Interventor Municipal que comprometiera esa cantidad para que el contratista pudiera cobrar por la ejecución del derribo. Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L. presentó el 18 de noviembre su única certificación de obras por la que cobró 31.026 euros, cantidad que supera ampliamente el coste estimado de la obra valorado como se dijo antes en 26.559,36 euros. En ese documento, bajo membrete municipal, se vuelve a recoger como "presupuesto de adjudicación" la cifra de 38.007,36 euros -lo que incluye el recargo punitivo del propietario- como "presupuesto de adjudicación", estableciendo además "que falta ejecutar" 6.980,84 euros para llegar a ese montante. En la relación de obras aprobada por Urbanismo (también recogida en documento oficial) consta la firma de la coordinadora de seguridad de la obra bajo el título de "técnico municipal", tal como adelantó el miércoles La Opinión.

El concejal de Urbanismo asegura que el hecho de que la obra se valorara en esa cifra e incluyera el recargo de los gastos administrativos no significa que esa cantidad adicional (11.448 euros) se entregara a Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L. Según García-Royo, el presupuesto de la demolición firmado por él es un documento meramente indicativo. Lo importante, dice, son las certificaciones de obra, que indican el gasto real de la constructora que, en general, suele superar al presupuestado. "Si la empresa hubiera certificado obras por encima de los 38.007 euros, hubiéramos tenido que pagárselo", afirma. Urbanismo niega que la coordinadora de seguridad formara parte del organigrama municipal.

Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L., cobró 31.026 euros del Ayuntamiento sin que sus empleados pisaran el tajo. Según la certificación de obra, el derribo comenzó a ejecutarse el pasado uno de octubre, pero la contratista municipal se había desentendido de él la víspera. El 30 de septiembre lo subcontrató con Construcciones Hermanos Rodríguez C.B. por 36.060 euros, con lo que supuestamente, se embolsó 947 euros. Esta segunda empresa tampoco efectuó el trabajo, sino que se lo encargó verbalmente a una tercera, Alsa S.L., para la que trabajaba el ecuatoriano fallecido. Su propietario declaró en el juzgado tras el accidente que habría obtenido por ello 18.000 euros, justo la cantidad en la que Urbanismo valoró el coste estricto de la demolición.