Los demandantes desean que el Tribunal Constitucional decida sobre el canon

Christophe Sougey está preocupado por la cuenta de resultados de su empresa. Iván Sánchez, por su libertad. Eduardo Serrano, por pagar un impuesto "sin legitimidad", y Jesús Silva, por "una cuestión de principios; de higiene política y judicial".

Todos ellos, y varios ciudadanos más, han presentado demandas (hasta superar la docena) en los tribunales de las ciudades en las que residen, demandas cuyo formulario está disponible en Internet. Todos ellos reclaman a las tiendas donde compran los CD y DVD vírgenes que les devuelvan el canon que compensa a los autores por la copia privada. El dinero no es el único objetivo. Todos pretenden que los jueces acepten sus tesis y eleven la cuestión al Tribunal Constitucional, "el órgano relevante para analizar la constitucionalidad del canon". Consideran que se trata de un pacto privado que impone de facto un impuesto en favor de los autores y en contra de Administración y ciudadanos.

Desde septiembre de 2003, los soportes digitales vírgenes (CD y DVD, principalmente) costaban en las tiendas 17 y 70 céntimos más. El canon fue el resultado de un acuerdo entre seis sociedades de gestión de los derechos de autor y la asociación de fabricantes de soportes informáticos Asimelec, empujados por sentencia contra fabricantes o distribuidores de cedés (caso Traxdata). Los jueces avalaron el cobro de tarifas que estipula la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) para "materiales de reproducción sonora", originalmente pensado para las cintas de casete y vídeo.

El acuerdo establecía esa subida de 17 céntimos y un 30% más para este año. En total, el canon que se grava a cada unidad cuesta hoy un mínimo de 22 céntimos. Por ese concepto, las sociedades de autores ingresaron 36 millones de euros en 2004.

Consulta necesaria

Pero no todo lo que se graba en un CD es para copiar música. Tesis, historiales médicos, sentencias, hasta los Presupuestos Generales del Estado se graban en CD, pero por grabarlo en un disco, el cantante David Bisbal recibirá un dinerillo.

A Jesús Silva Porto le llama la atención que las entidades gestoras de los derechos de autor puedan imponer un canon al Estado "y fiscalizar a la Administración, actividad reservada al Tribunal de Cuentas".

Este abogado penalista fue hasta su jubilación fiscal jefe de Madrid. A juicio de Silva, "no se trata de una acusación, sino de una consulta necesaria. La justicia siempre ha carecido de medios y este canon encarece su coste: la ley obliga a grabar las vistas orales de los juicos en estos soportes digitales. Esto no puede quedar en el aire, comprende demasiados intereses. Mi demanda es para que la justicia resuelva mi duda".

La empresa de Sougey, Plimpton 322, se dedica a la custodia documental. Sus clientes le confían los papeles más importantes, que almacenan en una sala de 14.000 metros cuadrados. Más de un millón de cajas conservan pólizas, siniestros, demandas o peritaciones de las principales aseguradoras, documentos en papel que "son escaneados y guardados en CD como copia de seguridad".

Sólo en los últimos seis meses, Plimpton 322 ha comprado 150.000 CD vírgenes. "El impacto del canon es bestial. Con el importe abonado en los últimos meses podríamos haber empleado a tres personas para digitalizar, escanear y archivar los CD".

Sougey presentó la demanda hace dos meses en Alcobendas, en representación de su empresa. Está a la espera de que el magistrado decida si acepta la demanda o la traspasa a un juzgado de lo mercantil. "Llegar a esta situación no ha sido fácil. Lo más complicado ha sido obtener la factura de mi proveedor con el desglose del canon".

Media Markt, proveedor de los 150.000 CD vírgenes de Plimton 322, tardó cuatro meses en entregar la factura con el canon desglosado. "Decían que el programa de contabilidad no está configurado con ese parámetro", dice su gerente, Christophe Sougey.

La oficina de información al consumidor (OMIC) de San Sebastián de los Reyes tuvo que intermediar a su favor. En noviembre, Sougey recibió la factura, pero, "paradójicamente manuscrita", con la que pudo presentar el escrito. "Quiero que eleven la cuestión al Constitucional".

No es el único. Reynaldo Cordero, de 39 años, programador de la Universidad de Alcalá, tuvo que ir a varias tiendas para conseguir una factura con el canon desglosado. "Decían que lo tenían que consultar. He puesto una reclamación a la OMIC, las tiendas ponen pegas cuando deberían atender al cliente". Hoy tiene juicio. "Sólo uso los CD para grabar programas libres. El canon me perjudica, aunque sea por un céntimo. El software libre prescinde del copyright y me encuentro con que tengo que pagar por derechos de autor al grabar mis programas libres".

Modelo del mundo digital

Cordero, casado y con dos niñas, se siente indefenso. "Es increíble que el asunto haya llegado tan lejos. El fondo de la cuestión es dilucidar qué modelo de sociedad de la información queremos y si en el mundo digital se van a restringir los derechos del ciudadano".

Iván Sánchez, estudiante de informática en la Universidad Politécnica de Madrid, de 23 años, no sólo reclama dinero, "sino el derecho a darle a un amigo un CD con mi trabajo. Con la excusa de que se puede grabar música, cobran por todo. Estamos pagando por la tenencia y no por el ejercicio de un derecho".

Cada vez que Iván entrega un trabajo o pide apuntes al profesor, le cobran. "Si vas sumando los 20 céntimos, al final es mucho dinero". En su facultad hay unos 2.500 alumnos. Un profesor usa 50 CD al año para distribuir documentación y herramientas, tesis o sus avances científicos. La junta de delegados de la facultad pidió al Ministerio de Cultura que el material escolar declarase exento del canon. La petición fue denegada.

Alejandro Exojo, de 23 años, ultima su proyecto final de carrera, una interfaz gráfica libre para programar autómatas. "Tengo que presentar cinco copias en CD y pagar, a otros, derechos por mi labor intelectual". Su padre, Prudencio, también presentará una demanda en los juzgados de Barcelona, donde residen. Tiene una asesoría y la ley le obliga a hacer copias de seguridad de los datos de sus clientes.

El juicio de Eduardo Serrano, de 54 años, se celebrará en Málaga en junio. Este arquitecto, que se jubiló prematuramente por problemas personales, da clases "voluntariamente" en la Universidad de Granada. "Los soportes digitales son fundamentales para mi profesión. Memorias y planos ya no se entregan en papel, sino en DVD. Es un asunto grave. Los gestores del copyright imponen una tasa por la compraventa de mercancías, es decir que ejercen de Estado, pero sin legitimidad".

Hay otro frente judicial. Antes de que entrara en vigor el acuerdo, en septiembre de 2003, el abogado Javier de la Cueva impugnó el canon ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, alegando que no había pacto con todos los afectados y que suponía un incremento del coste de la justicia al gravar las actas judiciales.

El Servicio de Defensa de la Competencia, que depende de Economía y Hacienda, archivó el caso. De la Cueva ha recurrido. "Espero respuesta. Quiero saber si se cerró en falso. En los 300 folios de actuación evitan mencionar las actas judiciales porque deberían dilucidar que hay dos derechos en contradicción, el de las las entidades a cobrar un canon y el de los ciudadanos a la justicia gratuita. El primero es un derecho ordinario; el segundo, un derecho fundamental".

De la Cueva también pidió apoyo al Consejo General de la Abogacía para que defendiera a los profesionales del derecho. El Consejo apoyó por unanimidad su solicitud y pidió al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial un régimen especial para aquéllos. Aún esperan respuesta.

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