La Ertzaintza comienza a recurrir a vigilantes privados para proteger a mujeres maltratadas
La Ertzaintza ha comenzado ha recurrir "de manera experimental" a empresas de seguridad privada para proteger a las mujeres maltratadas que se encuentren en una situación de especial riesgo, según confirmó ayer un portavoz del Departamento de Interior, quien no quiso precisar cuántas víctimas de maltrato cuentan actualmente con este tipo de protección. "Es una de las posibilidades que se está barajando para proteger a aquellas víctimas de malos tratos que por diversas circunstancias se encuentran en mayor peligro", puntualizó la citada fuente.
Un responsable de investigación de la policía vasca experto en este tipo de delitos reconoció ayer a Radio Euskadi que la Ertzaintza no tiene medios suficientes para prestar protección permanente a todas las mujeres que se hallen en una situación de riesgo. "Con nuestros medios actuales no podemos proporcionar una vigilancia constante a todas las víctimas de malos tratos con órdenes de alejamiento", explicó. Este especialista destacó que no existe ningún tipo de orden de alejamiento que suponga una vigilancia policial obligatoria, pese a lo cual la Ertzaintza ha proporcionado protección permanente "a alguna víctima en función de indicadores y criterios de peligrosidad".
María Ofelia Hernández, la mujer guatemalteca de 32 años apuñalada el pasado domingo en Durango en presencia de sus hijos por su ex compañero sentimental, Felipe A. U., había obtenido de un juez una orden de alejamiento. La mujer no disponía de protección policial permanente, si bien agentes de la comisaría de Durango "le solían llamar cada cierto tiempo para interesarse por su situación", según fuentes de Interior.
La mujer negó a los agentes que periódicamente le preguntaban sobre su situación que en estos momentos estuviese siendo acosada por su ex compañero sentimental. "No comunicó nada anómalo ni que se hubiera quebrantado la orden de alejamiento", agregaron dichas fuentes.El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, pidió ayer a las mujeres víctimas de la violencia doméstica que no consientan que sus agresores quebranten las órdenes de alejamiento. Azkarraga precisó que el año pasado se abrieron en Álava 365 expedientes que supusieron la concesión de 195 órdenes de protección; en Guipúzcoa se abrieron 601 expedientes con 389 órdenes, y en Vizcaya, 930 con 543 órdenes de protección.
El juzgado número 3 de Durango recibirá hoy de la Ertzaintza el atestado del crimen. El Ayuntamiento de la localidad vizcaína ha decidido personarse como acusación particular en la causa. La corporación también ha decretado dos días de luto oficial por la fallecida. Ambas medidas fueron aprobadas ayer por unanimidad en un pleno extraordinario, a cuyo término se celebró una concentración silenciosa en repulsa por el crimen.
La convocatoria fue secundada por cientos de vecinos y a ella asistieron el consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo; la directora de Emakunde, Txaro Arteaga, y el diputado de Acción Social, Juan María Aburto, junto a toda la corporación. Arteaga pidió a las mujeres maltratadas que cuando "se vean en la necesidad o quieran ponerse en contacto con sus maltratadores, llamen a la Ertzaintza para que las puedan proteger".
Tras la concentración, el alcalde, el peneuvista Juan José Ziarrusta, leyó el comunicado aprobado por el pleno, que detalla diversas medidas de apoyo a la familia de la víctima. El Ayuntamiento se compromete a prestarle ayuda "en aquellas necesidades urgentes que se planteen con motivo de su asesinato". En ese sentido, fuentes del consistorio confirmaron que los dos hijos de la mujer asesinada -uno de ellos fruto de la relación con el presunto autor del crimen- se encuentran "de momento en manos de una persona de confianza". La Diputación y el Ayuntamiento están estudiando la situación de los dos menores, de 11 y 4 años, y en los próximos días tomarán una decisión al respecto, según confirmó el diputado de Acción Social.
El funeral por la mujer asesinada se celebró ayer tarde en la Basílica de Santa María de Durango. Al cierre de esta edición, el presunto autor de su muerte, Felipe A. U, de 35 años, se encontraba en dependencias policiales, a la espera de pasar a disposición judicial.
