Un juzgado de Bilbao fijará en marzo el juicio por el cierre de academias de inglés

La suspensión de pagos de las academias de inglés Opening dejó en Euskadi a cerca de 45.000 alumnos sin clases y con fuertes deudas bancarias en el verano de 2002. Las centralitas de las asociaciones de consumidores se colapsaron por el caso, que todavía se está juzgando en los tribunales. La demanda civil conjunta presentada por la Federación de Consumidores de Euskadi (EKE) se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao, que ya cuenta con las contestaciones de las academias y ha convocado a una comparecencia previa a demandante y demandadas el próximo marzo para fijar la fecha del juicio.

Si finalmente el juzgado respalda las tesis de la Federación de Consumidores, los beneficiados serían el conjunto de los 6.000 afectados por el cierre de las academias del País Vasco. Algunos afectados se han visto ya respaldados por sentencias que han establecido que los contratos con las academias han dejado de estar vigentes sin obligaciones de pago para los alumnos y que incluso han obligado a las entidades financieras a devolver los recibos cobrados desde julio de 2002, cuando Opening se declaró en quiebra. Así lo estableció una sentencia de un juzgado de Bilbao, que favoreció a ocho de los 6.000 afectados.

EKE interpuso en septiembre de 2003 una demanda de juicio verbal y civil sobre la defensa de los derechos colectivos de los afectados por el cierre de las academias contra Opening -integradas en el grupo de educación a distancia CEAC- y contra las entidades de crédito Financia Banco de Crédito, BSCH, Pastor Servicios Financieros, Eurocrédito y Bankinter.

"Aunque es un tema complejo, como organización de usuarios preferimos presentar una demanda colectiva, que represente al conjunto de los afectados y les sirva a todos", explica Jon Ariño, presidente de la citada organización de consumidores.

El proceso ha sido posible gracias a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que ha introducido en la práctica procesal la tutela de los derechos e intereses de usuarios y consumidores como colectividades.

Según el abogado de los demandantes, se pide "el reconocimiento de la vinculación de los contratos de préstamos con los contratos de la academia. Los créditos se contrataron para hacer frente a los cursos y la consecuencia es que no puede haber ninguna exigencia económica respecto de los hipotéticos deudores que han dejado de pagar porque ya no se les da el servicio".