Un trámite judicial bloquea durante 10 meses el 'caso Mercalicante'

Los hechos se destaparon en junio de 2002. Dos años y medio más tarde las diligencias sobre el supuesto desfalcó de unos seis millones de euros en la empresa Mercalicante están paralizadas. El motivo del parón es la tramitación de un recurso de apelación del PSPV para imputar o no al alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP. La juez instructora, María Cristina Costa, no ha tramitado, 10 meses después, a la Audiencia de Alicante el recurso de los socialista.

La magistrada Costa, titular del juzgado número 1 de Alicante, encargada de la investigación del supuesto desfalco descubierto en la contabilidad de Mercalicante, aceptó en noviembre de 2003 la querella del grupo municipal socialista del Ayuntamiento que ampliaba la imputación al alcalde y otros cuatros miembros del comité ejecutivo de la empresa, entre ellos, dos concejales del PP. Sin embargo, el 9 de marzo de 2004, la juez revocó su primitivo auto y acordó el archivo de la denuncia de los socialistas por cuestiones formales. Al día siguiente, la juez dictó un nuevo auto en el que levantaba la imputación al alcalde y resto de miembros del comité ejecutivo.

El representante legal del PSPV presentó, dentro del plazo legal de cinco días, un recurso de apelación ante la Audiencia de Alicante. Las partes, entre ellas la acusación popular y los propios querellantes, han estado durante este tiempo a la espera de una decisión de la Audiencia, "clave para el desarrollo de la investigación", precisa el letrado de la acusación popular.

La Audiencia, según fuentes oficiales, asegura que no tiene pendiente resolución alguna sobre el caso Mercalicante. Ante este anuncio de la Audiencia, el propio juzgado instructor, según fuentes de la oficina judicial, ha confirmado que el recurso de apelación "aún" no ha sido tramitado al tribunal superior. Estas fuentes justifican la demora en la necesidad de "dar traslado a las partes" para que presenten las alegaciones y elaborar las copias de los testimonios necesarios.

Fuentes de la judicatura consultadas por este periódico consideran "inaceptable" el lapso de diez meses para dar traslado de un recurso de apelación. Máxime, resaltan esas fuentes, cuando ese juzgado se dotó en enero de 2004 de un juez de apoyo, con el objetivo de liberar la carga de trabajo de la oficina y posibilitar que parte del personal se dedicará en exclusiva a las diligencias de la investigación del asunto Mercalicante.

Desde la presentación del recurso de apelación del PSPV, las diligencias practicadas por el juzgado han consistido en una segunda toma de declaración a los imputados y testigos. El principal acusado del caso, a petición del ministerio fiscal, es José Emilio Clavero, ex gerente de Mercalintante. El ministerio público le imputa un supuesto delito de apropiación indebida y falsedad en documento público. Junto a Clavero, hay una decena más de imputados, entre ellos los responsables de tres firmas comerciales que supuestamente el ex directivo de Mercalicante usó como tapadera para consumar el desfalco. En sus declaraciones ante la juez, Clavero siempre ha mantenido que el comité ejecutivo (en el que figura Alperi) estaba al corriente de sus decisiones financieras.