El Constitucional italiano acepta someter a referéndum la ley de reproducción asistida

El Tribunal Constitucional italiano declaró ayer "admisibles" cuatro peticiones de referéndum sobre los aspectos más polémicos de la ley de reproducción asistida, la más restrictiva de Europa, aunque rechazó la posibilidad de celebrar una consulta que abrogara totalmente la ley. Fue una derrota para el Gobierno de Silvio Berlusconi, que había recurrido ante el tribunal para evitar el referéndum, y en cierta forma para la Iglesia católica, inspiradora del texto. La votación popular, potencialmente muy conflictiva, debería celebrarse entre el 15 de abril y el 15 de junio, a no ser que en las próximas semanas se modificara a fondo la ley y los cambios suscitaran una improbable satisfacción general.

La ley italiana sobre la reproducción asistida fue aprobada por el Parlamento en febrero del año pasado, tras una larga serie de votaciones en las que un pequeño grupo de la mayoría conservadora votó en contra y un número importante de escaños de la oposición (perteneciente sobre todo a los ex democristianos englobados en La Margarita) votaron a favor del Gobierno. La Conferencia Episcopal opinó que el texto era "el mejor posible", ya que se adecuaba de forma bastante fiel a la doctrina católica sobre la reproducción: se oponía a la investigación, impedía la inseminación en parejas homosexuales o "en edad no fértil" y establecía sanciones durísimas: hasta 600.000 euros por utilizar gametos ajenos a la pareja (siempre casada o en convivencia estable), hasta 400.000 euros por fecundar parejas del mismo sexo y hasta 20 años de cárcel a quien intentara una clonación.

La izquierda, los radicales y numerosas asociaciones cívicas consideraron, en cambio, que la ley resultaba inadmisible e iniciaron dos campañas paralelas de recogida de firmas para forzar la convocatoria de un referéndum.

Una de las campañas estaba patrocinada por el Partido Radical y aspiraba a un referéndum que rechazara por completo la ley. La otra, impulsada por Demócratas de Izquierda y por el sector laico de La Margarita, apuntaba a corregir los cuatro puntos más conflictivos: la casi total prohibición de realizar investigaciones científicas sobre embriones, la prohibición de utilizar espermatozoides de una tercera persona (lo que impedía usar bancos de semen), la imposibilidad de crear en probeta más de tres embriones y las referencias en el artículo 1 a los derechos del feto. Ese artículo introductorio hacía una referencia genérica a "los derechos del concebido" y, en opinión de la mayoría de los juristas, resultaba incompatible con la vigente ley del aborto.

Las dos campañas recogieron en total más de cuatro millones de firmas, presentadas en septiembre pasado al Tribunal de Casación. El Gobierno de Berlusconi hizo, sin embargo, un último intento para evitar la consulta a los ciudadanos y recurrió ante el Tribunal Constitucional. Los jueces, con la decisión que ayer hicieron pública, dieron parte de razón al Gobierno: calificaron de "inadmisible" un referéndum que derribara todo el texto y creara un vacío legal en una cuestión tan delicada. A falta de conocer las motivaciones, la sentencia del Constitucional parecía más política y "compensatoria" que jurídica, y enfureció a los radicales y a quienes exigían una consulta abrogatoria.

En cualquier caso, los jueces sí dieron luz verde a un referéndum múltiple y parcial sobre los cuatro puntos planteados por la campaña de los Demócratas de Izquierda. La convocatoria quedó en manos del presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, a quien la Constitución permitía elegir un domingo entre el 15 de abril y el 15 de junio. Para que el referéndum fuera válido debería participar al menos la mitad más uno del censo electoral.

La coalición conservadora de Berlusconi se consoló con el argumento de que al menos se había evitado "el caos total" que habría supuesto, según sus portavoces, la abolición de la ley. La perspectiva de un referéndum conflictivo, potencialmente tan divisorio como una consulta sobre el aborto, no entusiasmaba a casi nadie. La mayoría de los diputados se reconocían favorables a un "arreglo parlamentario", pero admitían que afrontar correcciones tan profundas en tan poco tiempo supondría "fabricar una chapuza de consecuencias aún peores", declaró Alfredo Mantovano, de la posfascista Alianza Nacional. "Vista la situación, lo mejor es que se pronuncien los ciudadanos", añadió.