La política del tripartito aviva nuevas fricciones entre Unió y CDC
Unió y Convergència no ganan para discrepancias después del conflictivo episodio relacionado con la Constitución europea. Ayer, ambos partidos de la federación nacionalista chocaron de nuevo respecto a la reforma legal catalana que permitirá la adopción a los homosexuales y sobre la voluntad del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, de crear un comité de sabios que dé una salida al creciente déficit de los medios de comunicación públicos.
Convergència -así lo admitió ayer su portavoz parlamentario, Felip Puig, en Tarragona- no secundará la enmienda a la totalidad que los democristianos de Unió presentarán contra la ley para permitir que los gays y lesbianas puedan adoptar. Según Unió, esta norma pone en peligro las adopciones internacionales ya que, en su opinión, algunos países revocarán los convenios con Cataluña una vez que se apruebe la ley. En cambio, los diputados convergentes gozarán en la Cámara de "libertad de voto de conciencia" ya que, según afirmó Puig, "en CDC hay un apoyo mayoritario a estos planteamientos". "La defensa de los valores y de la familia", afirmó el vicesecretario general de CDC, "no es incompatible con el reconocimiento de los derechos de los homosexuales y su equiparación con los de los heterosexuales".
Puig minimizó el efecto político que pueda tener en las relaciones entre CDC y UDC el hecho de que los democristianos hayan planteado una enmienda a la totalidad al margen del grupo parlamentario. "No nos ha sorprendido porque tienen una convicción fuerte", señaló, aunque puntualizó que la enmienda de retorno es tan sólo una "posibilidad". No obstante, el consejo nacional que los democristianos celebrarán mañana sábado dará vía libre a este trámite parlamentario.
Aunque Puig aprovechó para arremeter contra la "rapidez" con la que el tripartito pretende sacar adelante esta ley, precisó que el articulado garantizará los derechos de los menores y el cumplimiento de la Ley del Menor, una vez satisfechas las recomendaciones del Consejo Consultivo en este sentido.Pese a reconocer que la mayoría de las bases de CDC están a favor de la adopción por parte de los homosexuales, el líder del partido, Artur Mas, ya adelantó que votará en contra cuando esta ley se debata en el Parlament.
Las diferencias entre los dos socios de la federación no se limitaron ayer a esta ley. La iniciativa de Pasqual Maragall de crear un grupo de expertos que asesore al Gobierno para renovar el contrato programa con los medios de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) también provocó división de opiniones.
El secretario ejecutivo de Comunicación y Estrategia de Convergència, David Madí, opinó, a través de un comunicado con membrete de CiU, que este comité tan sólo servirá para "encubrir un nuevo impuesto que el Gobierno catalán quiere hacer pagar a los ciudadanos para poder ver TV-3". "Todo experto en comunicación sabe que el comité de sabios no sirve para cumplir ninguno de los objetivos de mejora real en el funcionamiento de los medios de comunicación públicos. En el círculo más reservado donde se ha comenzado a hablar de la ley de la CCRTV se considera muy negativo el nuevo intrusismo del Gobierno catalán", manifestó Madí.
En otro comunicado, la portavoz de Unió Democràtica y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Joana Ortega, aseguró que "con la creación de este comité se puede abrir una vía que puede resultar definitiva, si se hacen bien las cosas, para asentar el futuro modelo de la corporación". En la nota, la dirigente democristiana, tras rechazar cualquier fórmula de financiación impositiva, consideró que este órgano asesor "ha de permitir consolidar el modelo de televisión pública de Cataluña sobre unas nuevas bases de modelo económico".
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