El Consell prevé 'congelar' el suelo reservado para las obras derogadas del PHN

La Consejería de Territorio y Vivienda ha sacado a información pública el plan para mantener libre el corredor en el que estaba prevista la construcción del trasvase del Ebro -derogado por el Gobierno socialista-, en el que quedarán prohibidas las reclasificaciones de suelo. Mientras el Gobierno socialista ha comenzado a devolver los terrenos objeto de la expropiación forzosa y urgente realizada por el PP para el trasvase, el Consell prevé determinar, sin recurrir a ese procedimiento, el uso de suelo en 65 términos municipales -37 en Valencia, 20 en Castellón y 8 en Alicante. La consejería que dirige Rafael Blasco ha remitido una carta a las localidades que deberán someterse a la prohibición de reclasificar, con el fin de que puedan presentar alegaciones hasta finales de este mes. El Consell prevé aprobar el llamado Plan de Acción Territorial de Corredores de Infraestructuras en marzo.

El trazado que la Generalitat quiere reservar para un hipotético trasvase, que dependería de un cambio de Gobierno, tiene un "área de afección" de 200 metros a cada lado del canal, lo que supone controlar el uso del suelo de 16.000 hectáreas, que se incrementan en otras 2.000 si se incluyen "elementos auxiliares y de bombeo" del proyecto original.

Condiciones

La mayor parte del suelo afectado, un 99% según indica la consejería, está ahora clasificado como rústico -en concreto un 0,22% es urbano; un 0,90% urbanizable; un 58,85% no urbanizable común, y un 40,03% no urbanizable de especial protección- . Y así deberán mantenerlo los municipios, ya que el plan prohíbe cualquier reclasificación, actividad comercial o industrial. Sólo se autorizarán ciertas viviendas aisladas, almacenes agrícolas -con condiciones-, mientras que las casas existentes no podrán ser ampliadas. En el suelo urbanizable por desarrollar, los municipios estarán obligados a integrar el corredor como "espacios libres y zonas verdes". Finalmente, en el suelo ahora agrícola -el 67% del total, frente al 32% forestal y el 1% minero, urbanizable y de masas de agua-, no se autorizará ninguna transformación agraria, "ya que incrementaría el precio de los terrenos objeto de protección", según la consejería. Aún así, Blasco defiende que se trata "de un trazado muy bien diseñado y que en su práctica totalidad afecta a usos agrícolas o improductivos, por lo que no perjudicará las actividades de los propietarios".

El plan en exposición pública indica que en el caso de los suelos urbanos o urbanizables en ejecución, la reserva "podrá reducirse justificadamente y paliar en la medida de lo posible la afección". También afirma que en los suelos en ejecución el Consell "podrá imponer, cuando proceda, condiciones de adecuación de las futuras edificaciones, a las características" del trasvase. El trazado se dibuja sobre suelo urbano de siete localidades, en otras 10 sobre suelo urbanizable y en tres de ambas categorías.

El plan podrá modificarse puntualmente, pero su revisión no se prevé hasta dentro de 10 años.