Una fundación pública pagó en 2003 las deudas de una empresa privada con la Seguridad Social

El patronato de la Fundación Instituto de Propietarios Extranjeros de la Comunidad Valenciana (FIPE) firmó el 9 de abril de 2003 un convenio para pagar en dos anualidades las deudas contraídas con la Seguridad Social por la sociedad mercantil Institute of Foreign Property Owners, SL, que ascendían a 57.842 euros. La Tesorería General de la Seguridad Social había remitido directamente a la fundación pública un requerimiento previo al embargo un mes antes. Per Age Svensson, titular de la mercantil, es director general de la fundación pública y responsable de su gestión.

Svensson, un ciudadano noruego que reside en España desde hace 38 años, es administrador único de Institute of Foreign Property Owners (Instituto de Propietarios Extranjeros), SL, desde el 4 de noviembre de 1998. El 6 de noviembre del mismo año, se constituyó la Fundación Instituto de Propietarios Extranjeros. La Generalitat Valenciana aportó 60.101 euros a la dotación fundacional. Svensson, 3.005.

El presidente del patronato era José Joaquín Ripoll, vicepresidente del Consell cuando se inscribió la fundación en el registro en 1999, y actual presidente de la Diputación de Alicante. Svensson fue nombrado director general y autorizado para disponer en solitario de los fondos de la entidad.

El objeto de la fundación es fomentar, propiciar y facilitar el asentamiento e integración de los extranjeros en la Comunidad Valenciana. La empresa de Svensson ha solicitado el cierre registral, pero dedicaba su actividad a la asesoría.

La fundación ha recibido subvenciones de la Generalitat por valor de 510.851 euros entre 1999 y 2004 para desarrollar su actividad. La aportación pública se consignó anualmente en los presupuestos de la Generalitat a pesar de que el Síndic alertaba, ya en 2001, que la fundación "no dispone en algunos casos de la documentación original de sus operaciones"; "no dispone de libros auxiliares de ventas y de clientes" y "no dispone de un libro de caja que incluya las operaciones en efectivo", a pesar de que asegura haber contratado "campañas informativas" con terceros.

El Síndic cita la auditoría de la Intervención General, con fecha de junio de 2004, en su informe relativo a 2003: "Los sistemas de control interno de la fundación no permiten asegurar que la totalidad de sus operaciones se registran de forma adecuada".

"A 31 de diciembre de 2003 los fondos propios de la fundación presentan un importe negativo de 266.848 euros", añade el Síndic en su revisión financiera de la entidad pública.

La aportación inicial de Svensson a la dotación fundacional de la entidad pública fue reflejada en la escritura como una "aportación en especie de las participaciones sociales" de su empresa el 6 de noviembre de 1998. El mismo día "en posterior acta" la aportación se transformó en dineraria y se contabilizó como tal, pero nunca se registró.

Los fondos aportados por Svensson fueron aceptados por el patronato en septiembre de 2002. El acto se comunicó al registro el 28 de marzo de 2003.

Apenas dos semanas después, el 9 de abril, el patronato acordó pagar las deudas de la mercantil de Svensson que la Seguridad Social reclamaba a la fundación.

El Síndic añade en su informe que la fundación "no ha realizado todas las declaraciones de impuestos, por lo que en caso de inspecciones futuras podrían derivarse sanciones cuyo importe no es posible cuantificar". Y a renglón seguido, advierte: "A estas contingencias habrían de añadirse las que pudieran originarse si las autoridades fiscales, al igual que la tesorería general de la Seguridad Social, consideran a la fundación como sucesora de las actividades llevadas a cabo por la sociedad Institute of Foreign Property Owners".

A la vista del informe del Síndic, José Camarasa, diputado autonómico del PSPV, recordó: "Desde el grupo socialista hemos venido manteniendo que esta fundación no era más que una agencia electoral del PP que se ocupaba de provocar una corriente de simpatía de los ciudadanos extranjeros de Alicante hacia los intereses electorales del PP".

Camarasa reclamó por escrito al Consell hace año y medio que aclarara el contenido de las "campañas informativas" contratadas por la fundación. Todavía no ha obtenido respuesta.