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Reportaje:PUERTO EXTERIOR DE PASAIA (I)

Un proyecto injustificado

Antxon Olabe

Uno de los problemas ambientales más graves del País Vasco, tal y como ha puesto de manifiesto el informe Indicadores Ambientales 2004 presentado por el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno vasco el pasado mes de noviembre, es la artificialización [urbanización] y fragmentación del territorio. En los diez años transcurridos desde 1994, la superficie artificializada de nuestro país se ha incrementado en 75 millones de metros cuadrados, una extensión mayor que los municipios de Bilbao y Rentería juntos.

De continuar a ese ritmo, para el año 2020 -fecha de referencia para la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), aprobada por el Gobierno-, se habrán artificializado otros 112 millones de metros cuadrados. En consecuencia, en el intervalo de una generación, 25 años, el País Vasco habrá perdido de manera irreversible una superficie de suelo natural de 187 millones de metros cuadrados, equivalentes a 18.700 campos de fútbol.

Parece discutible la racionalidad económica de comprometer una inversión pública tan cuantiosa y, además, sus impactos ambientales son importantes

En un país como el nuestro, con una historia de 150 años de intensa industrialización y antropización del territorio, con una densidad de población más del doble de la media europea y una orografía montañosa que obliga a las personas a vivir en los fondos de los valles, alentar la dinámica mencionada supone encaminar este país hacia un modelo de territorio carente del más mínimo valor natural, ecológico y paisajístico fuera de sus cumbres montañosas.

Si permitimos que eso ocurra, las futuras generaciones heredarán un territorio totalmente fragmentado, artificializado, desnaturalizado, una especie de Hong Kong, eso sí, con label vasco. Desde luego es una opción, pero el Gobierno debería honestamente reconocer que ese modelo de país no armoniza con el que perfilaron el 22 de enero de 2001, al firmar solemnemente el lehendekari y sus consejeros el Compromiso por la Sostenibilidad del País Vasco.

Ante la avalancha de grandes infraestructuras que se avecina -tren de velocidad alta, Supersur, red de autopistas y autovías de Guipúzcoa, grandes superficies, polígonos industriales...- y a la vista de la mencionada dinámica de artificialización, es urgente que el Gobierno que salga de las urnas en 2005 lleve a cabo una reflexión estratégica global sobre el modelo territorial del País Vasco, un tema de extraordinaria importancia que se nos está yendo de las manos.

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En ese contexto, el puerto exterior de Pasaia en las laderas del Jaizkibel es uno de los proyectos más indefendibles económica, social, ambiental y territorialmente, como quedó claro en las ponencias de los expertos que asistieron al Congreso Euskal Hiria, celebrado en Donosti el pasado 29-30 de noviembre. Concretamente, el profesor Pozueta, urbanista de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, presentó las conclusiones del estudio realizado a petición del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Guipúzcoa. El estudio, que no tiene el carácter de definitivo, analiza el proyecto desde la perspectiva funcional, económica-social y ambiental con una metodología de análisis multicriterio. Algunas de las conclusiones más relevantes del mismo son las siguientes.

Desde el punto de vista económico, cuestiona el argumento de que las actuales instalaciones carezcan de capacidad para absorber el posible crecimiento en los tráficos portuarios de los próximos años. Tras analizar detalladamente las necesidades de almacenamiento de los cuatro grandes tráficos del puerto (chatarra, carbón automóviles y productos siderúrgicos), y en base a la aplicación de las mejores tecnologías de almacenamiento existentes, el estudio concluye que "la suma de las necesidades de suelo de los cuatro grandes tráficos de Pasajes en 2003, año récord en tonelaje del puerto, es de 110.000 metros cuadrados, es decir una superficie inferior al 15% de la actual zona de servicio". Solamente la construcción de edificios apropiados para el almacenamiento de vehículos, puntualiza el informe, podría liberar 85.000 metros cuadrados de los 116.000 que se dedican actualmente a esa labor.

Cuestiona, igualmente, la solidez de las previsiones de crecimiento del tráfico portuario que se han presentado para avalar la necesidad de construir la nueva infraestructura. El puerto ha tardado 21 años en recuperar el volumen de tráfico de mercancías que alcanzó en el año 1982, por lo que no puede afirmarse que esté asistiendo a su congestión. Sobre los 3,88 millones de toneladas de nuevas mercancías que el puerto exterior podría captar, según los estudios encargados por la Autoridad Portuaria, el informe Pozueta señala que "se trata de las previsiones más discutibles del conjunto, en la medida en que bien no guardan proporción con su presencia actual en el puerto, bien se trata de nuevos tráficos cuya aparición nadie puede garantizar con fundamento".

Un tercer aspecto económico sobre el que el informe coloca una interrogación es la gran inversión pública necesaria, 733 millones de euros, más de 120.000 millones de las antiguas pesetas. El informe recuerda que esa cantidad es muy superior a la capacidad de endeudamiento del ente gestor que, según los trabajos realizados por la empresa Norgestión para la Autoridad Portuaria, se situarían en 120 millones de euros. De hecho, en el análisis económico-social del proyecto que han realizado Pozueta y su equipo, el volumen de la inversión es considerado el punto más débil del plan, calificándolo de "efecto negativo severo o crítico".

Un cuarto aspecto económico es el hecho de que el 75% del actual tráfico portuario de Pasaia tiene como destino dos únicas empresas -la multinacional del acero Arcelor, propietaria de las empresas guipuzcoanas a las que va dirigida la chatarra, e Iberdrola, propietaria de la central térmica a la que se dirige el carbón importado-. Arcelor ha realizado numerosas amenazas de deslocalización en los últimos meses por su frontal oposición a la Directiva europea de comercio de permisos de emisión de gases de efecto invernadero. Respecto a la central térmica de Pasaia, el futuro a medio plazo es dudoso debido, por un lado, a los requerimientos derivados del Protocolo de Kioto -la central de Pasaia es el foco de emisión de gases de efecto invernadero más importante del País Vasco-y, por otro, a que Iberdrola ha apostado corporativamente por las tecnologías basadas en el gas y por las renovables. En esas circunstancias, parece discutible la racionalidad económica de comprometer una inversión pública tan cuantiosa.

Desde el punto de vista ambiental el informe es, como difícilmente podía ser de otra manera, demoledor. Un conocido diario guipuzcoano, que se mostró muy airado ante la oposición del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno vasco al proyecto del puerto exterior, decía sin ningún rubor en su editorial del 1 de diciembre que "resulta temerario que el Viceconsejero de Medio Ambiente llegara a afirmar ayer que el impacto ambiental sería dramático... ya que -aclara el diario- no existe en la zona potencialmente afectada ninguna especie animal susceptible de resultar afectada por la ejecución de la obra". Sin comentario.

Los impactos ambientales calificados como críticos -es decir, suficientes cada uno de ellos para cuestionar la aceptabilidad ambiental del proyecto- en el informe son ocho: seis derivados de la extracción de materiales en una futura cantera en las laderas del Jaizkibel, uno de la extracción y movimiento de tierras en la realización del túnel de conexión y el último derivado de la urbanización y accesos del puerto exterior. Los impactos críticos afectarían desde los acantilados, hasta la cubierta vegetal, pasando por la geomorfología de la zona, la calidad visual del paisaje y los usos y ocupación del suelo.

Desde el punto de vista ambiental habría que añadir que el monte Jaizkibel ha sido declarado por el Gobierno vasco de Interés Comunitario para su inclusión en la Red Europea Natura 2000 y, por lo tanto, está sometido a la normativa conservacionista correspondiente. Ha sido, igualmente, incluido en el Listado de Áreas de Interés Naturalístico seleccionadas por las Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco. Y el Plan Territorial Sectorial del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco ha calificado la zona como de alto valor para la conservación, es decir, necesitada de protección estricta.

Eso sí, no hay ninguna especie animal...

Antxon Olabe es economista ambiental.

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