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Un promotor procesado por obras ilegales en Albatera acusa al alcalde de connivencia

Inició sin permiso municipal una urbanización con campo de golf en un monte público

El promotor José Rodríguez Murcia procesado por levantar una urbanización, con campo de golf incluido, en un monte público, en el término de Albatera (La Vega Baja), ha declarado ante el juez que comenzó las obras "al ser conocedor" de que el Ayuntamiento, gobernado por el PSPV, permitiría las construcciones a través de un plan parcial. El constructor asegura que "hubo un trato previo con el Ayuntamiento que se reflejó en un convenio urbanístico".

El fiscal imputa a Rodríguez Murcia, presidente de la mercantil San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, SA, un supuesto delito contra la ordenación de territorio derivado de las obras de una urbanización en un monte público. La iniciativa del fiscal se produjo a raíz de un informe remitido por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante al Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela. El documento de este departamento del instituto armado constata que el promotor acometió las obras sin licencia municipal y en un entorno, la partida de Las Lomas de Albatera, catalogada como monte público.

En su declaración ante el juez instructor, el constructor ha admitido que levantó los pisos piloto -20 chalés- sin licencia municipal y sin la aprobación del plan urbanístico, "con la intención de ganar tiempo y mostrar a los clientes el producto futuro", precisa. El promotor alega que inició la obras al tener constancia de que el Ayuntamiento permitiría las construcciones. Rodríguez Murcia destaca "que hubo contactos anteriores a las obras y que la relación con el Ayuntamiento de Albatera era cordial". El promotor también asegura que, a su entender, el proyecto no iba a tener problemas con la Generalitat y asegura que alcanzó un "pacto verbal con la Consejería de Recursos Forestales [en referencia a la extinta Consejería de Medio Ambiente]" en el que se concedía la titularidad de una finca al Ayuntamiento Albatera". La finca estaba catalogada de utilidad pública. El Ayuntamiento solicitó su descatalogación, extremo que rechazó Medio Ambiente.

El promotor sostiene que "es cierto que dada la envergadura de la obra y la actuación urbanística en general hubo un trato previo con el Ayuntamiento que se reflejó en un convenio urbanístico". Rodríguez Murcia concluye su declaración destacando que su intención "ha sido en todo momento la de respetar la legalidad vigente" e incluso que tenía asumido el riesgo de que las obras iniciadas sin permiso "puedan derruirse en caso de no aprobarse".

El informe del Seprona que ha motivado la intervención del fiscal se produjo, a su vez, a instancia de una denuncia del grupo Ecologistas en Acción del País Valenciano. El colectivo, que se se ha personado en las diligencias como acusación popular, sostiene que el Ayuntamiento de Albatera ha sido complaciente con la iniciativa del promotor de urbanizar en un monte público, pese a la existencia de dos resoluciones en contra de Medio Ambiente. El proyecto también ha sido denunciado por el PSPV de Orihuela ante el Ministerio de Medio Ambiente. El portavoz del grupo socialista, Francisco García Ortuño, pide a la ministra Narbona que "abra un expediente para depurar responsabilidades".

La urbanización prevista ocupará 1,2 millones de metros cuadrados y prevé levantar unos 1.500 chalés y un campo de golf. El proyecto se planteó como una modificación de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbano de Albatera. Los dos intentos del Ayuntamiento por descatalogar las parcelas han sido rechazados por Medio Ambiente. No obstante, el Consistorio volvió a incluir la urbanización en su propuesta de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aún no aprobado. Este periódico intentó ayer sin éxito conocer la opinión del alcalde, el socialista Francisco García Gelardo, sobre la declaración del promotor. En manifestaciones anteriores, el primer edil de Albatera rechaza "irregularidades en la iniciativa" y asegura que "está pendiente de la aprobación del PGOU".

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