Los presupuestos, una ocasión perdida

CC OO-PV considera importante valorar las tendencias de fondo de las políticas presupuestarias reflejadas en la Ley de Presupuestos para el 2005. El Consell de la Generalitat ha previsto un gasto total de 12.232 millones de euros, incluyendo el gasto de la Administración de la Generalitat Valenciana, la de las entidades autónomas y la de las empresas públicas. Es decir, un aumento de 920 millones. Sólo la Administración aumenta un 9,7%, (10.552 millones de euros). Estamos hablando de un presupuesto importante, aunque se trate de una previsión de gasto. ¿De dónde se obtendrá esta financiación adicional? ¿En qué actuaciones se concentra el esfuerzo presupuestario? Y, ¿cómo se gestionará este gasto? Son las tres preguntas pertinentes para definir con claridad las prioridades y los objetivos que inspiran esta Ley de Presupuestos.

Los recursos adicionales provienen en más de un 50% de un endeudamiento mayor. La Generalitat Valenciana multiplica por cinco lo previsto inicialmente en el año 2004. Ahora bien, esta expansión de la deuda no es nueva, ni tan sólo responde al endeudamiento real. Desde 1996 hasta 2003 la deuda presupuestada, sin incluir la de algunas empresas públicas, ha sido de 1.242 millones de euros. No obstante, la real alcanzó los 4.300. Nos hemos convertido en la comunidad autónoma con mayor crecimiento de la deuda, lo que ha motivado un programa de ajuste hasta el 2008, aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado día 23.

¿Cómo se llega a este punto? El aumento imparable de la deuda ha sido posible por una expansión de la deuda desorbitada, consecuencia entre otras razones, del impulso dado a grandes proyectos de inversión en la industria del entretenimiento y del ocio (Terra Mítica, CACSA, Circuito V. Motor, RTVV, Ciudad de la Luz...). La ampliación del patrimonio de algunas de estas empresas ha provocado también no pocas tensiones financieras. Ahora bien, el tratamiento presupuestario de la deuda, también se ha conseguido realizando unas previsiones de ingresos corrientes y de capital ficticios. Así se han ido acumulando unos teóricos derechos de cobro absolutamente irrealizables, que escondían año tras años un altísimo déficit presupuestario. Eso, y una estrategia de reconvertir deuda a corto plazo en deuda a largo plazo refinanciándola, ha generado una hipoteca futura importante.

La argumentación del Consell respecto al gasto sanitario, explica reiterativamente el déficit por un mal cálculo de la población a atender, pero eso, dicho así, no es cierto. Y sería malo un plan de saneamiento que propusiese soluciones, antes de definir bien los problemas y las dinámicas que los generan. Urge, no obstante, aclarar los resultados para el erario público de los modelos nuevos de gestión sanitaria o de inversión educativa, faltados de una evaluación seria desde el punto de vista del gasto y de la eficiencia social. Sólo con transparencia y cuentas claras, mediante un análisis de los resultados obtenidos, contrastándolos con las excelencias esperadas, tendría fundamento continuar sustentando la ejemplaridad de estos modelos nuevos de provisión de servicios públicos; porque continúan siendo públicos, independientemente de cómo se provean.

En cuanto al esfuerzo presupuestario de 2005, es decir, donde se pretenden aplicar los mayores aumentos, el Gobierno concentra el 80% del aumento del presupuesto en el gasto corriente de pocos programas: gasto farmacéutico, externalización de actuaciones sanitarias, conciertos educativos, ayuda a empresas en la sección opaca de gastos diversos, servicio de la deuda, dotaciones para las universidades...No aparecen como destinatarias de mayores recursos las inversiones públicas, que se reducen por primera vez, especialmente las de sanidad, y que serán las más afectadas por el plan de saneamiento. Tampoco aumenta el gasto para becas educativas, ni políticas industriales, medioambientales o de empleo. Aunque los sindicatos hemos pedido una atención especial a las dificultades de los sectores manufactureros, las tasas de temporalidad en la contratación y una tasa de desempleo que vuelve a situarse por encima de la media estatal, el Consell no ha priorizado estas demandas. Tampoco ha incrementado el gasto para paliar el deterioro del entorno (calidad de las aguas, gestión de residuos, protocolo de actuación en costas...) ni para dar respuesta a las nuevas demandas sociales, que facilitarían el crecimiento de la actividad de las mujeres y una igualdad mayor.

La gestión del gasto se ha caracterizado, en los últimos ejercicios, por trasladar las presiones financieras, fruto del endeudamiento alto, a otras posteriores. También por la ejecución baja de las inversiones y, sobre todo, por una discrecionalidad grande cuando se autoriza el endeudamiento de empresas y organismos o se somete cada presupuesto a modificaciones constantes. En el año 2005, además de la disminución de las inversiones directas -a las que estábamos acostumbrados y que afectaban sobre todo las infraestructuras sanitarias o educativas-, veremos la ejecución baja de gastos corrientes, y el traslado de su pago a ejercicios posteriores. La repercusión en proveedores y el deterioro de las condiciones laborales y de provisión de servicios es evidente.

Consideramos, además, algunos gastos minorados de manera artificial en el presupuesto inicial de cada año. De hecho, el de 2005 sólo crece un 3,6% si lo comparamos con el definitivo existente en septiembre de 2004, e incluso disminuye en algunas partidas, lo que nos indicaría el grado de ficción presupuestaria. A nuestro entender, el Presupuesto para 2005 representa una ocasión perdida para reorientar con realismo las políticas y sus costes, atendiendo las necesidades sociales. Es irresponsable continuar manteniendo objetivos que nos han endeudado y han hipotecado nuestro futuro con cargas a las que se tendrá que hacer frente, en detrimento de infraestructuras sociales y de desarrollo económico. No es razonable actuar como nuevos ricos, si no lo somos. Los presupuestos son un instrumento para la defensa del interés público. ¿O ya no?

El plan de saneamiento llega tarde, no analiza las dinámicas que ha generado el déficit y propone soluciones en contra de la equidad. La política de rebajas fiscales, especialmente algunas, como las que contempla la Ley de Acompañamiento de Presupuestos de 2005, no son congruentes con la decisión de aumentar la imposición indirecta; el céntimo de los carburantes, por ejemplo. Así será difícil asentar compromisos y corresponsabilidades de futuro.

Cuando el horizonte se limita a los cuatro años que dura una legislatura, es muy difícil acometer cambios que impliquen tomar la iniciativa. Por eso, los sindicatos piden otras actitudes en la interlocución social. La que está siendo posible en otras comunidades autónomas.

Joan Sifre Martínez es secretario general de CC OO-PV.