Gran despliegue policial para evitar más altercados en el velódromo

La tensión sigue instalada en los alrededores del velódromo de Carabanchel, donde desde el domingo funciona un albergue temporal para indigentes del Ayuntamiento. El miércoles se registró un altercado entre la Policía Municipal, que custodia permanentemente la instalación, y un grupo de vecinos contrarios al albergue, que se saldó con cuatro heridos: tres trabajadores sociales y un indigente. Los manifestantes negaron haber agredido a nadie. Anoche, un gran despliegue de siete furgones del Cuerpo Nacional de Policía y cuatro coches de Policía Municipal custodiaba la entrada al velódromo.

Los representantes de las asociaciones vecinales de Carabanchel, desvinculados de las protestas contra el albergue, ya advirtieron al Consistorio de que la ubicación en el velódromo iba a traer problemas, como así ha ocurrido. Desde el pasado 15 de noviembre, un grupo de vecinos intentaron impedir, primero, la instalación del refugio -que se desmontará cuando finalice la campaña del frío el 31 de marzo- y, desde el lunes, que los usuarios entren al recinto. A pesar de ello, ya han pernoctado allí más de un centenar de indigentes, según informa el Ayuntamiento: 20 personas, el primer día, y entre 40 y 50 los posteriores.

El pasado miércoles, los incidentes llegaron a la agresión. Según fuentes municipales, los manifestantes (alrededor de 80) atacaron a tres trabajadores y a un usuario del albergue, increpando posteriormente a los representantes municipales y a los profesionales del Samur-Protección Civil que atendieron a los heridos. La concejal de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, Ana Botella, responsable de las instalaciones, y la portavoz municipal de IU, Inés Sabanés, manifestaron su absoluto rechazo a la actitud de los vecinos que han protagonizado estos incidentes.

Por su parte, Miguel Ángel Pazos, uno de los manifestantes, aseguró ayer que fueron tres de los vecinos allí concentrados los que resultaron heridos la noche del pasado miércoles: "Nosotros sólo nos apostamos en la puerta del velódromo para obstaculizar el paso de los trabajadores municipales y de los usuarios del albergue. Hubo empujones, pero no agredimos a nadie". Afirmó asimismo que han repetido esta actuación desde el pasado lunes, y que lo seguirán haciendo en el futuro, aunque ayer simplemente se reunieron en el lugar unos 50 de ellos para "informar sobre la situación actual", explicó Pazos.

El refugio abre sobre las diez de la noche. Los indigentes cenan y pernoctan en las instalaciones, y abandonan el recinto entre las ocho y las nueve de la mañana siguiente. Un dispositivo de la Policía Municipal está permanentemente instalado allí, compuesto por uno o dos coches patrulla durante el día, mientras que durante la noche es reforzado con más efectivos. En torno a las nueve de la noche se trataba de un dispositivo formado por siete furgones del Cuerpo Nacional de Policía y cuatro coches de la Policía Municipal.

Los módulos prefabricados que forman la construcción temporal serán desmontados el 31 de marzo y, posteriormente, el Ayuntamiento rehabilitará las instalaciones del velódromo, actualmente en condiciones de abandono, que se empezó a construir hace 14 años y en las que se han invertido ya más de cuatro millones de euros. El problema es que los vecinos no se creen los compromisos municipales. Muy cerca del velódromo estuvo instalado ocho años el poblado del Cerro de la Mica, un foco de delincuencia y de venta de drogas. "Y entonces nos dijeron que iba a estar seis meses", se quejaba ayer Luis Fernández, de 64 años, residente en el barrio desde hace 40.

Llamadas a la calma

Sabanés llamó a la calma y al diálogo a este grupo de residentes. "Creemos que hay cauces admisibles en estos conflictos, y otros que no los son. En este caso deberían utilizar la comisión de seguimiento creada por el Ayuntamiento y reclamar allí si no se cumplen los compromisos". Sabanés recordó que estos vecinos fueron hace dos semanas a casa de un dirigente vecinal para increparle. En este caso, los manifestantes reclamaron su derecho a "hacer un pitada al presidente de una asociación" que no les escucha, afirmó Pazos. Por otro lado, Sabanés también reivindicó el "derecho de los sin techo" a un lugar en el que dormir, y pidió al gobierno municipal que garantice su seguridad.

El concejal socialista Pedro Zerolo, por su parte, pidió también calma a los vecinos contrarios al albergue y que utilicen como medio para sus reivindicaciones la comisión de seguimiento. Sin embargo, Zerolo culpó a "la mala gestión" del departamento de Ana Botella de los enfrentamientos de los vecinos. "El Grupo municipal Socialista había advertido de las posibles consecuencias de este asunto si no se mediaba entre los derechos de los vecinos y las necesidades de buscar un cobijo para el frío para los más vulnerables: los sin techo", afirmó.