La inspección de explosivos arroja en Asturias un 31% de faltas

El 31% de las intervenciones de vigilancia realizadas en las últimas semanas en Asturias por la Guardia Civil para la supervisión de las empresas en las que se utilizan explosivos ha detectado faltas leves y graves por incumplimiento de la normativa vigente. Hasta el momento, el caso más grave se refiere a una empresa constructora que tenía fuera de los polvorines y sin medidas de seguridad cientos de kilos de cartuchos.

Desde que se puso en marcha el plan especial de control de explosivos por la Guardia Civil en minas, canteras y obras públicas asturianas, los agentes del instituto armado movilizados han llevado a cabo 45 actuaciones, de las que 20 derivaron en controles exhaustivos, que concluyeron con la apertura de expedientes sancionadores a 12 empresas por 14 faltas, de las que ocho han sido tipificadas como leves y seis, como graves, según la información ofrecida ayer por el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, Antonio Trevín.

Entre los incumplimientos leves, el más común es la discrepancia entre el número de cartuchos y detonadores que figuran inscritos en los registros de las empresas y los realmente hallados por los agentes en los centros de trabajo.

El caso más grave hasta el momento es el de una empresa constructora de obras públicas a la que en uno de los lugares de actividad se le localizaron "varios cientos" de kilos de cartuchos y detonadores almacenados sin suficientes medidas de seguridad y fuera del polvorín preceptivo.

Todos los expedientes están en proceso de tramitación administrativa y podrían concluir con sanciones para las compañías afectadas. El delegado del Gobierno anunció que la campaña de control se prolongará durante al menos otros dos meses.

Consumo de explosivos

Esta operación de las fuerzas de seguridad fue puesta en marcha por el actual Gobierno en Asturias, pero también en otras zonas del país con alto consumo de explosivos, una vez que la investigación de los atentados terroristas del 11 de marzo pasado en Madrid determinó que la dinamita Goma 2 empleada en la masacre procedían presuntamente de dos explotaciones mineras de caolín situadas en el valle del río Narcea, en Asturias, y donde, según el sumario judicial que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, no existía suficiente rigor en el control de los polvorines.

Con más de 150 años de actividad minera muy importante, numerosas canteras y una orografía agreste que obliga al uso habitual de explosivos en las obras públicas, Asturias es una de las comunidades autónomas con mayor tradición e intensidad en el uso de dinamita y otras sustancias explosivas.

En 2003, la región consumió más de cinco millones de unidades y cuenta en la actualidad con 546 minipolvorines repartidos por la geografía regional. Según informó el delegado del Gobierno en Asturias, aunque las empresas mineras son las que más sospechas suscitan en la opinión pública, no son estas compañías "las que más problemas presentan".

Según Antonio Trevín, "la intención del Gobierno es que toda la circulación de explosivos en Asturias se haga por los canales legales establecidos". Con ello se pretende la erradicación de cualquier uso indebido de los explosivos tanto para evitar su desviación a fines no autorizados como para garantizar, dijo, "la propia seguridad de los trabajadores".