La Generalitat analiza la gestión de CiU para reclamar por sus posibles daños a Hacienda

El Gobierno catalán estudia si pueden derivarse responsabilidades por los posibles perjuicios patrimoniales a la Hacienda de la Generalitat en ciertas decisiones tomadas durante el mandato de CiU, especialmente en la adjudicación de contratos y concesiones. Presidencia decidirá en tres meses si presenta demandas, aunque no se está "ante responsabilidades penales", según fuentes de este departamento. Algunas de las "irregularidades" más ilustrativas son la adjudicación de servicios informáticos a T-Systems y la prórroga de la concesión de la inspección técnica de vehículos (ITV).

"Analizaremos algunos contratos desde el punto de vista de las lesiones patrimoniales sobre la Administración. No estamos ante responsabilidades penales, pero sí ante una secuencia dramática de perjuicios económicos que tendría que dar lugar a procesos de resarcimiento", aseguraron ayer fuentes del Departamento de Presidencia de la Generalitat, que consideran la interposición de una "demanda contra los responsables de dichas decisiones".

Estas fuentes admiten que el proceso entraña una "complejidad técnica importante" porque "hay que identificar las causas, cuantificar el importe de los posibles daños y analizar si hubo dolo o se trata de pura incompetencia. Presidencia se ha dado un plazo de tres meses para decidir. Economía eludió comentar los hechos.

El informe de gestión presentado el pasado martes por el tripartito apunta prácticas "irregulares" en la concesión de subvenciones y contratos, además de denunciar la toma de algunas decisiones de última hora antes de las elecciones que no contaban con el informe favorable de la comisión jurídica. Pero el informe no aprecia ilegalidades.

Aunque el consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, subrayó en la presentación del informe de gestión que el objetivo no era descubrir actividades delictivas o fraudulentas, el texto sí prevé evaluar "con especial atención, como es natural, los posibles perjuicios producidos por un uso ineficiente de los recursos públicos". Y eso es lo que piensa hacer el tripartito.

El caso más ilustrativo, a juicio de Presidencia, es la polémica adjudicación a T-Systems (filial tecnológica de Deutsche Telekom) del proyecto de la Administración Abierta de Cataluña (AOC, según sus siglas en catalán) en 2001, que el informe califica de "irregular" y cuyo posible perjuicio económico es de 80 millones de euros. El documento indica que el mismo día que el Gobierno encargó la ejecución del proyecto, T-Systems y Accenture presentaban una oferta técnica y económica que el Ejecutivo aceptó sin ningún informe técnico previo. T-Systems subcontrató el 71% del coste total del proyecto (56 millones de euros), lo cual "pone de manifiesto que fue una forma de encargar trabajos a las empresas que deseaba eludiendo la tramitación de los correspondientes concursos y vulnerando de manera evidente los principios de publicidad y concurrencia".

Aunque el Gobierno de CiU se ampara en el contrato vigente de servicios informáticos suscritos entre la Generalitat y la antigua Debis -por el que ésta adquirió el privatizado Centro Informático de la Generalitat (Cigesa)-, el tripartito sostiene que esta práctica supone "fraude de ley" porque el apartado del contrato que prevé incrementar la demanda de servicios "está previsto para pequeños desarrollos y no para grandes proyectos, como ha sucedido".

Otro caso es la prórroga de la concesión de la inspección técnica de vehículos (ITV), que CiU aprobó justo antes de dejar el poder "sin el informe favorable de la comisión jurídica", y que el tripartito anuló después. Las compañías afectadas han recurrido ante los tribunales y reclaman ser indemnizadas por el daño causado, que el sector estima en 400 millones.