Una operación polémica

¿Ampliación de capital? ¿Reparto social? ¿Dominio del club? ¿Tiburones a la vista? La Real Sociedad someterá hoy a la aprobación de su asamblea general una ampliación de capital de 16,5 millones de euros que ha levantado todo tipo de sospechas en algunos entornos del club y que, sin embargo el actual Consejo de Administración considera una socialización de la entidad. La Real pretende alcanzar con ella un capital social de 30 millones, más acordes al crecimiento de la sociedad, muy por encima de la actual composición económica del club.

La operación prevista, impecable desde el punto de vista legal, ha alimentado la polémica por su estructuración y por su volumen. Según se desprende de la misma, la Real ha articulado tres fases de colocación de las acciones, cuyo valor inicial es de 55 euros cada una. La primera, que se realizará en febrero, está reservada a los actuales accionistas y abonados. La segunda, de necesitarse, trataría de colocar el paquete restante entre la masa presente del club. Y el problema llegaría con la tercera. Todo el papel no adquirido se abriría a un mercado libre que, no obstante, tendría numerus clausus. Y es que un organismo del Consejo seleccionaría la adjudicación, según su criterio, "para evitar la acumulación de acciones", según la versión oficial, "y preservar la atomización y la socialización de la entidad" o para "acaparar, desde el propio Consejo, el mayor numero y obtener el control absoluto", según otros sectores del entorno realista.

El mercado libre de acciones, si los socios no las cubren antes, lo gestionará una comisión de la directiva actual

Ignacio Gallo y Peio Gibelalde, los contrincantes derrotados por José Luis Astiazaran en las últimas elecciones presidenciales, aunque entre ambos lograron más votos que el actual dirigente, han alertado sobre la posibilidad de que el acaparamiento de acciones se produzca precisamente por parte del actual Consejo. Así, según Gallo, "hay que tumbar la tercera fase porque es demasiado peligrosa". Gibelalde ha ido más lejos y ha anunciado que la Real se halla ante "el último tren" y que "después sólo será refugio para los negocios particulares". Los dos coinciden en que, tras la ampliación de capital planteada, "la Real ya no será la Real", según han manifestado en un diálogo publicado por El Diario Vasco.

Los ex candidatos consideran que la ampliación de capital y el consiguiente adelanto de las elecciones, anunciado por Astiazaran, suponen un intento de control accionarial. Esta situación estaría fundada en los últimos acontecimientos producidos en las asambleas de accionistas, en las que la contestación al Consejo ha estado por encima de lo esperado.

La discrepancia sobre el formato de la ampliación de capital es notable. Desde el club se considera que la colocación de las acciones es posible entre los propios abonados actuales, teniendo en cuenta que sólo 7.007 son poseedores de acciones, lo que abre un mercado amplio de posibles accionistas. Desde la revista oficial se recuerda, en ese sentido, que en 1982, cuando por la Ley del Deporte se tuvo que constituir una sociedad anónima deportiva, la respuesta de los entonces socios fue ejemplar: en cuatro meses se colocaron 65.750 títulos. Pero, por el contrario, Gallo matiza que el entonces presidente, Iñaki Alkiza, necesitó en realidad 14 meses para colocarlos. Hoy por hoy, eso significaría llegar a la controvertida tercera fase, en la que la discrecionalidad del actual Consejo determinaría a quién sí se le concederían acciones y a quién no, con todo lo que ello representa.

Desde que se conocieron las condiciones de la ampliación de capital se han desatado todo tipo de especulaciones. La posibilidad de operaciones financieras de gran calado, de presencia de tiburones inesperados o de acaparamiento por parte del Consejo han flotado en el ambiente. Sin embargo, el Consejo insiste en que su único interés es la socialización del club y que el numerus clausus, de llegarse a la tercera fase, sería simplemente una cautela para impedir que alguien se apropiara de la Real.

Ciertamente, la ampliación se justifica en el sentido de que la Real ha crecido de manera desproporcionada respecto al capital actual. Los proyecto de Gipuzkoarena, Zubieta XXI y el incremento del coste de la plantilla podrían explicar que se ajuste la potencia económica de la entidad a la realidad deportiva del club. Tampoco es ajeno a ese marco el déficit estructural de la Real, tan sólo aliviado por la venta de Xabi Alonso al Liverpool (13 millones de euros), pero que apenas excede a la condición de una operación coyuntural.

El debate está en los números y en las intenciones. La primera respuesta la darán los abonados. Si las dos primeras fases de la colocación de las acciones fracasaran, habría que escrutar con lupa la adjudicación de los títulos en el libre mercado, tutelada por los actuales mandatarios.