Pacto con las escuelas privadas, pisos sin adjudicar y renovación de concesiones

El informe sobre el anterior Gobierno contiene ejemplos de lo que se considera mala gestión.

- Pacto secreto con la patronal de las escuelas privadas. Un día antes de las elecciones autonómicas de 1995, la Generalitat firmó un pacto con las patronales de la escuela privada sobre las condiciones que regirían los conciertos educativos. El pacto y el documento sólo se conocieron años después, por indiscreción de la patronal. Los conciertos escolares importan 800 millones de euros.

- Ayudas por las heladas del olivar. Los compromisos adquiridos por el último Gobierno de CiU poco antes de las elecciones han elevado a 41 millones de euros las subvenciones a fondo perdido respecto a un plan de ayuda al que la Generalitat aportaba 15,4 millones de euros, y el ministerio, 7,7 millones.

- Ayudas a la prensa. En el periodo 2000-2003, el último Gobierno de CiU destinó 55 millones de euros a ayudas a la prensa, la mayor parte según criterios discrecionales. Casi la mitad, 24,7 millones, se gastó en 2003, año electoral. El gasto publicitario del último año de Gobierno de CiU en prensa sumó a 4,7 millones.

- Viviendas sin adjudicar. Pese a la reconocida escasez del parque de vivienda protegida, la empresa pública Adigsa, que gestiona las viviendas de la Generalitat, tenía 1.036 pisos sin adjudicar en julio de 2004, una cifra que crecía año tras año a causa de la complejidad y centralización del proceso, según una auditoría externa.

- Transporte por carretera. Un mes antes de las elecciones autonómicas de 2003, el Gobierno de CiU llevó a cabo la renovación de las 166 concesiones de transporte de viajeros por carretera a 68 compañías. Las concesiones no caducaban hasta 2008, pero fueron renovadas por 25 años a contar desde 2008.

- Inspección de vehículos. Las concesiones para el servicio de inspección técnica de vehículos (ITV) que vencían en 2006 fueron ampliadas hasta 2014 el día antes de las autonómicas de 2003, a pesar de un informe negativo de los servicios jurídicos de la Generalitat. Esta prórroga ha sido anulada por el Gobierno actual.