Consenso

La crisis abierta entre el Gobierno valenciano y la AVL no tiene precedentes. La circunstancia de que un consejero se personase en alguna institución de la Generalitat para advertirla de que tomar una decisión sobre un tema en principio de la competencia de la misma podría acarrearle las acciones legales y judiciales que procediese y que el Gobierno estimase oportunas, es una rara avis. Tampoco puede entenderse la comunicación que el consejero Font de Mora leyó en el pleno de la AVL como ajena a la previsión que recoge la ley cuando dice que el presidente de la Generalitat, o el consejero en quien delegue, puede asistir al pleno "con voz" para informar al mismo o requerir información del mismo, un dato que, al parecer, se nos había olvidado que figuraba en la ley.

Desconozco si la presencia de esa norma en la ley procedía del criterio que en su día se barajó de que la devolución de la competencia desde la política (que la secuestró para su medro privativo) a la ciencia (que se mantenía dividida a propósito de la koiné de la lengua propia) se producía en régimen de tutela, o si al ser producto del consenso, la AVL había de entender la hipotética presencia del presidente en sus sesiones plenarias como un reconocimiento atávico del poder residual que el Ejecutivo se reservaba como cláusula de garantía (¡!) a utilizar cuando la AVL pudiese desviarse de su estricto cometido marcado en la propia ley, pero lo cierto es que, si mal no recuerdo, no es la primera vez que la AVL recibe en un pleno a un miembro del Gobierno valenciano, aunque esta sea la primera en que el Gobierno traslada este curioso tipo de información para el conocimiento del pleno de la institución, consistente en alertarle de que el acuerdo podía exceder la competencia de la institución, y advirtiendo de que el Gobierno utilizaría los instrumentos legales y judiciales a su alcance para (se supone) invalidarlo.

El contenido de la comparecencia era la consecuencia de no haber podido impedir (ni negociar) desde fuera de la institución que ésta no tomase el acuerdo de marras y, quizás, la evidencia de que había un plan paralelo muy detallado para romper el consenso que dio lugar en su momento (1998) a la AVL, y tiempo después, a la designación por las Corts Valencianes de los miembros de la misma por mayoría cualificada, si se hacía caso omiso al diktat gubernamental.

Más allá de las tópicas interpretaciones que quieren ver al PP retrocediendo a la caverna del secesionismo puro y duro, más allá de la autoconmiseración que los usuarios leales del valenciano practicamos cuando vemos que lo de siempre (el miedo a la verdad) ataca a los mismos de siempre (no sólo al PP) con los resultados de siempre (frustración), conviene en estos delicados momentos reconducir las cosas hacia el mantenimiento del consenso político para no perder lo mucho que se construyó hasta aquí, y no eludir el hecho de que administrar este conflicto requiere paciencia, valentía, prudencia y sentido de la historia.

Tampoco parece conveniente olvidar que la actitud del Gobierno valenciano es fruto directo de una torpe invasión de competencias por parte del Gobierno de Madrid en materia lingüística, y que la AVL, en un contexto de acontecimientos inducidos por actores externos al ámbito valenciano bien podría haber optado por aplazar decisiones conflictivas para tiempos más sosegados. Aunque escribo esto el día de los inocentes, no se me ocurre otra cosa, en conclusión, que Camps y Pla hablen antes de que sea tarde.