Fabra le reclama a Vilar dos millones de euros por atentar contra su honor, intimidad e imagen

El juzgado número dos de Castellón acoge, desde ayer, la vista dictada tras la demanda que presentó el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, contra el empresario Vicente Vilar, quien acusó al también líder del PP de cobrarle cantidades millonarias a cambio de supuestos favores políticos. Fabra le pide a Vilar dos millones de euros como autor de "las manifestaciones e imputaciones" que hicieron públicas radios, televisiones y periódicos por las que considera lesionados sus derechos al honor, la intimidad y la imagen. El texto de la demanda que el abogado defensor presentó ante el juzgado defiende la "impecable carrera profesional" de Carlos Fabra como agente de seguros, alega que no existe ninguna irregularidad en la sociedad Carmacas de la que es titular su defendido y a través de la que Vilar aseguró haber pagado dinero por los supuestos favores. El escrito admite la relación entre ambos, aunque precisa que "debe reconocer que su comportamiento anterior no hacía predecir una personalidad tan compleja", en referencia al empresario. Asimismo, relata cómo de aquella relación surgió una unión empresarial como fue la sociedad creada por la esposa de Fabra, Amparo Fernández, y por la entonces mujer de Vilar, Monserrat Vives.

La demanda niega con rotundidad que las "intervenciones personales con ánimo de servicio público" desarrolladas por Fabra hayan supuesto "beneficio o ingreso distinto a su retribución oficial", afirmación que sostuvo Vicente Vilar, quien, según el escrito, se propuso "la lapidación pública e implicación" de Carlos Fabra. La demanda atribuye la "maniobra" del empresario a una supuesta "personalidad psicótica", desvelada después de que su esposa decidiera abandonarle y centrada en la "familia Fabra", que "nunca pudo evitar la pesadilla que el auxilio de una mujer desamparada provocaría en sus vidas".

Las acusaciones de Vilar supusieron la apertura de un procedimiento penal en el que están imputados tanto el empresario como el propio Fabra, así como sus esposas, por la posible comisión de uno o varios presuntos delitos contra la administración pública.