La mayoría de los inmigrantes irregulares está sin atención primaria

La Consejería de Sanidad restringe el volumen de inmigrantes irregulares con derecho a la sanidad pública, y deja sin ningún tipo de cobertura asistencial a la mayoría de 'sin papeles'. Según el cálculo de un grupo de profesionales que trabajan con extranjeros, la Generalitat priva de atención médica a ocho de cada diez inmigrantes instalados de manera clandestina. Los restrictivos requisitos para acceder a la tarjeta sanitaria, la indefinición administrativa para su concesión y la demora en su tramitación "dificulta" el acceso de los extranjeros a la red asistencial.

En lo que va de año, la Consejería de Sanidad ha expedido cerca de 22.000 tarjetas solidarias [una variante de tarjeta sanitaria que garantiza durante un año la atención médica a los inmigrantes sin recursos de la Comunidad Valenciana], según datos facilitados por el departamento de Vicente Rambla.

Profesionales que trabajan con extranjeros -expertos, médicos y el sindicato CC OO-, denuncian que la Consejería de Sanidad restringe el acceso a la sanidad pública a la población extranjera. La demora en la tramitación de las tarjetas solidarias, la indefinición administrativa para su concesión y los restrictivos requisitos para acceder a ella dejan fuera de este sistema a un extraordinario número de extranjeros, según denuncian profesionales. Esta situación no sólo provoca un grave perjuicio a este colectivo sino al propio sistema de salud pública, cuyas urgencias se ven saturadas ante la avalancha de inmigrantes desatendidos en los centros de salud.

En 2000, a través de un decreto, la Generalitat Valenciana reconoció el derecho constitucional a la atención sanitaria pública de los inmigrantes empadronados, extranjeros que residen en la Comunidad Valenciana pero que no necesariamente tienen reglada su situación en España. Los últimos datos del padrón cifran en 233.749 los inmigrantes en esa situación. Para garantizar la prestación asistencial a la colonia extranjera, la Concejalía de Sanidad, entonces dirigida por José Emilio Cervera bajo la presidencia de Eduardo Zaplana, creó la tarjeta solidaria. Este documento no sólo garantiza a los extranjeros la atención médica en igualdad de condiciones que a los autóctonos sino que además exime a los beneficiarios del pago de los medicamentos. Pero la medida que se concibió supuestamente para la integración social de este colectivo se ha revelado como un proceso que "dificulta" el acceso sanitario a la población foránea, alerta Ramón Castejón, profesor asociado de la División de Historia de la Ciencia de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. "Esta iniciativa lejos de abrir un proceso de normalización de los inmigrantes les segrega aún más", añade el experto. La ventaja de acceder gratuitamente a los fármacos obliga a la Administración autonómica a "restringir" de manera clamorosa el número de extranjeros que pueden disponer de la tarjeta solidaria y, por tanto, del documento que les posibilita acceder al servicio de salud, alertan expertos. El sociólogo Carlos Gómez Gil, director del Seminario Permanente de Inmigración de la Universidad de Alicante, reprocha que la Generalitat exije requisitos, muchos de ellos rocambolescos, para acceder a la citada tarjeta. Los solicitantes han de acreditar numerosa documentación, entre ella el pasaporte. Además, deben presentar un justificante que acredite no haber tributado nunca a Hacienda (aquéllos que trabajaron temporalmente quedan excluidos) y demostrar que cobran por debajo del salario mínimo interprofesional por unidad familiar

Fuentes oficiales de la Generalitat, el pasado agosto, informaron de que la Consejería de Sanidad concedió 110.214 documentos solidarios desde que el Consell aprobara esta tarjeta en 2000 y hasta agosto de este año. Los expertos cuestionaron la cifra, en tanto que este documento tiene validez de un año y debe ser renovado anualmente. Además, denuncian que la tramitación de las tarjetas tiene una demora media de seis meses. Mientras, en caso de necesidad, los extranjeros recurren a los servicios de urgencias ante la imposibilidad de ser atendidos en los centros de salud.