Presupuestos de fantasía

La Comisión Europea no se cree las cuentas públicas italianas. Es comprensible, si se tiene en cuenta que quien las firma, Domenico Siniscalco, ministro de Economía, decía hace sólo un mes que sería imposible cuadrar un presupuesto como el que el Parlamento de Roma aprobó el jueves. Siniscalco proclamó que no se podía rebajar los impuestos y permanecer a la vez dentro de los parámetros de Maastricht. Cambió de opinión tras una tensa reunión con Berlusconi.

Para compensar la merma de 6.500 millones que la reforma del IRPF causará a la Hacienda se ha establecido un variado paquete de recortes

La deuda nacional, que según Maastricht no debería rebasar el 60% del PIB, se mantendrá o crecerá incluso por encima del 106%

Los presupuestos de Italia siempre han contenido una carga notable de fantasía, reflejada al cabo de los años en la apabullante deuda nacional (106% del producto interior bruto, la más alta de la Unión), pero la ley presupuestaria para 2005 ha superado todo lo anterior. La reducción del impuesto sobre la renta, exigida por Silvio Berlusconi por razones estrictamente electoralistas, ha obligado a forzar los números de tal forma que nadie es capaz de predecir a cuánto ascenderá en realidad el déficit. Oficialmente, a un 3% del PIB, el límite exacto permitido por el Pacto de Estabilidad. La mayoría de los analistas cree que rebasará con holgura ese 3%.

Berlusconi, de hecho, ha lanzado ya una campaña para que se reforme el pacto y se permita un déficit más amplio. Un hecho está claro: la deuda nacional, que según los criterios de Maastricht no debería rebasar el 60% del PIB y que los Gobiernos de izquierda que precedieron al de Berlusconi redujeron poco a poco cada año, se mantendrá o crecerá incluso por encima del 106%. La dulzura de los tipos de interés permite, por el momento, soportar el servicio de la deuda.

En la lista de 'sospechosos'

Para Bruselas, Italia lleva tiempo en la lista de sospechosos. En julio pasado, Berlusconi sólo evitó una llamada de atención (la early warning) sobre la desviación presupuestaria de 2004 con la promesa de restringir el gasto sobre la marcha y aprobar una ley correctiva de urgencia que, por la vía de la venta de inmuebles estatales, reducía el déficit. Ésa fue la razón de que el comisario de Economía, Joaquín Almunia, expresara su preocupación al ser informado de que Berlusconi quería bajar el impuesto sobre la renta, algo que la patronal, los sindicatos, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y todos los expertos (incluyendo al ministro Siniscalco) desaconsejaban.

En términos legales y parlamentarios, la ley presupuestaria para 2005, con un gasto previsto de 24.000 millones de euros, es una monstruosidad. El apartado fiscal, por ejemplo, consta de un solo artículo con 593 apartados, votado en bloque y vinculado a una moción de confianza: un rechazo equivalía a una crisis de Gobierno, lo que obligó a los diputados de la coalición conservadora a disciplinarse, taparse la nariz y decir que sí. El presidente del Gobierno tuvo que prometer que "nunca más" haría algo así.

El primer problema de credibilidad está en la previsión de crecimiento. Siniscalco ha basado sus proyecciones en un crecimiento económico cercano al 2% en 2005, mientras la patronal Confindustria y otros servicios de estudios independientes la estiman más próxima al 1,4%. Cuanto más se aleje la realidad del 2%, mayor será el déficit. El segundo gran problema radica en la cobertura de la reducción del IRPF. Las normas europeas imponen que todo recorte de la recaudación fiscal se compense con una reducción equivalente en los gastos estructurales.

Para compensar la merma de 6.500 millones que la reforma del IRPF causará a la Hacienda italiana se ha establecido un variado paquete de recortes. Unos son estructurales, como la supresión de 17.000 puestos docentes en la escuela primaria y media y de 75.000 puestos de trabajo en la Administración pública a lo largo del próximo trienio. Otros son muy coyunturales, como la venta de inmuebles estatales y la autoventa de 1.500 kilómetros de autopistas del Estado a una entidad financiera de propiedad pública, que en realidad no desembolsará un céntimo.

La búsqueda de ingresos urgentes destinados a tapar agujeros y a tranquilizar a los inspectores de Bruselas se refleja en la abundancia de condonos, es decir, "perdones". Un ejemplo. Todos los partidos políticos, organizaciones públicas y privadas o ciudadanos individuales sancionados por colocar carteles en zonas prohibidas, y que, como es costumbre, no han pagado la multa correspondiente, podrán quedar limpios por el módico importe de cien euros.

Entre los condonos, el más tradicional y socorrido es el edilizio. El "perdón de la construcción" constituye una práctica muy utilizada por Berlusconi desde 2001. Consiste en regularizar todas las obras clandestinas a cambio de una pequeña multa, de pago voluntario. El Gobierno estima que el condono reportará mil millones de euros. Pero, como de costumbre, acarreará el efecto secundario de estimular la construcción ilegal y mantendrá en niveles muy poco europeos la estructura fiscal italiana.

En teoría, cada italiano soporta una presión fiscal del 48%. Es decir, paga al Estado casi la mitad de lo que gana o disfruta. En la práctica, esa presión es cierta sólo para unos cuantos. El profesor Franco Reviglio, catedrático de Economía en la Universidad de Turín, ministro de Finanzas en varios gobiernos de Bettino Craxi y antiguo profesor del actual ministro, hace notar que, a juzgar por el retrato que la Hacienda hace de la sociedad italiana, la sexta potencia industrial del mundo dispone de unas rentas per cápita de nivel casi tercermundista: más de 25 millones de italianos declaran unos ingresos mensuales netos inferiores a mil euros, y sólo 22.000 dicen ganar más de 250.000 euros anuales. La evasión de impuestos es gigantesca. Y comprensible, dado que el propio presidente del Gobierno la justifica. "Cuando el Estado quita al ciudadano más de un tercio de lo que gana, comete extorsión, y es normal que el ciudadano se proteja contra ella", dijo la semana pasada en Venecia.

Multitud de tasas

Para compensar el raquitismo endémico de los ingresos por impuestos directos, los Gobiernos italianos tienden a apoyarse en las llamadas microtasas. El presupuesto para 2005 las eleva, como media, un 10%. Incluyen los impuestos sobre bebidas alcohólicas y tabaco, pero también las tasas percibidas por la concesión de pasaporte (31 euros), por el registro del contrato de alquiler de la vivienda (51,6 euros anuales), por la tenencia de cuentas bancarias (25,5 euros anuales) o por la venta de inmuebles (el sello costará 129 euros, al margen de plusvalías y demás impuestos).

Volviendo a los recortes del gasto para 2005, el Servicio de Contabilidad Nacional ha advertido que la reducción de plantilla en la administración y en la docencia tendrá efectos negativos en la prestación de servicios públicos, sobre todo los relacionados con la seguridad ciudadana, y en la calidad de la enseñanza. No ha habido valor, en cambio, para suprimir los 1.300 "guardias forestales e hidráulicos" de Calabria, una región que no puede definirse como boscosa. El Estado creó en su momento esos puestos de trabajo como medida de apoyo al empleo en el sur. Cuando Siniscalco propuso acabar con ese fenómeno calabrés, los guardias forestales cortaron carreteras y vías férreas y el Gobierno se echó atrás. Ahí siguen, como siguen cientos de anomalías. Entre las más vistosas, la posibilidad de "autofacturar" (es decir, fabricar facturas falsas pero legales) concedida a los restaurantes que adquieran trufas a "buscadores artesanales". O los 1,7 millones presupuestados para "la promoción del fútbol femenino". O los más de dos millones para la "promoción de la figura de Cristóbal Colón". El etcétera es largo.