El Kremlin teme la 'revolución naranja'

Mientras Ucrania defendía los derechos cívicos en la revolución naranja, Rusia ha seguido cortando amarras con la democracia y replegándose a la defensiva sobre sí misma en un proceso de involución dirigido desde el Kremlin. Pese a la debilidad de la oposición política, las autoridades rusas temen el contagio de los ánimos contestatarios y se esfuerzan por prevenirlo.

El diseño de corte autoritario que el presidente Vladímir Putin esbozó tras el secuestro de la escuela de Beslán cobra forma paso a paso. El viernes, la Duma (la Cámara baja del Parlamento) aprobó en primera lectura una nueva legislación antiterrorista que permite a las autoridades restringir las libertades ciudadanas, si reciben información sobre "posible preparación o amenaza de un acto terrorista". La legislación introduce el régimen de "peligro terrorista", que puede prolongarse hasta 60 días. En ese periodo, y en función de sospechas que pueden no confirmarse y que no tienen por qué ser justificadas, las autoridades podrán prohibir reuniones y mítines, así como escuchar las conversaciones telefónicas y limitar la libertad de movimientos. La nueva legislación, aprobada por 385 diputados (del total de 450 de la cámara), restringe las actividades de los medios de comunicación y subordina la información sobre actos terroristas a los órganos de seguridad. El terrorismo es un "fenómeno político" y el Ejército podrá participar en operaciones antiterroristas "en casos excepcionales" también "fuera de la Federación rusa".

La nueva legislación antiterrorista permite a las autoridades restringir las libertades

En la Duma, controlada por Rusia Unida, el partido de los seguidores de Putin, sólo una minoría se mostró preocupada por la posible instrumentalización política de la nueva ley, que sustituye a otra de 1998 y entrará en vigor cuando complete el trámite parlamentario. Lo que impide luchar contra el terrorismo en Rusia no es la falta de una base jurídica, sino "la arbitrariedad legal, la corrupción y la degradación de los órganos de poder del Estado", dijo el diputado comunista Alexéi Kondaúrov. El régimen de "peligro terrorista" no figura en la Constitución de Rusia y las restricciones que contempla sólo pueden aplicarse en el estado de excepción, declaró al Eco de Moscú Víctor Sheynis, uno de los padres de la Constitución, que considera la nueva legislación antiterrorista como "un insulto" a la ley fundamental.

Mientras Ucrania hacía la Revolución, las dos cámaras del Parlamento ruso aprobaron la ley que sustituirá los gobernadores elegidos por sufragio universal por otros designados por el presidente. Según la nueva ley, los Parlamentos locales pueden ser disueltos si por tres veces están en desacuerdo con el jefe del Estado. Por otra parte, los gobernadores elegidos que desempeñan su cargo en la actualidad pueden, sin esperar al fin de su mandato, someterse a la confianza de Putin. El criterio del presidente sustituye así a la voluntad popular, que ha sido el punto de referencia hasta ahora para elegir a los dirigentes regionales de la Rusia post-soviética. Algunos gobernadores han mostrado desazón ante el nuevo procedimiento, pero todos lo han acatado. El 8 de diciembre, todos los senadores del Consejo de la Federación (Cámara alta o de las regiones), excepto uno, apoyaron la ley.

Para los comicios legislativos de 2007, el Kremlin, deseoso de formar un sistema bipartidista, ha preparado un nuevo proyecto de ley de elecciones (entregado ya a la Duma), que transformará la Cámara baja en un foro exclusivo de representantes de partidos, en lugar de la representación mixta (por territorios y por partidos) vigente hoy. La ley, que prevé una barrera del 7% de votos para acceder al Legislativo, elimina de la política estatal a los pequeños partidos y también a los diputados independientes que hoy son la columna vertebral de la oposición en la Duma. De los 44 partidos registrados, una decena a lo sumo pueden cumplir con el nuevo requisito de tener más de 50.000 afiliados.

Para escuchar a la sociedad de forma ordenada y controlada, el Kremlin ha presentado al Legislativo un proyecto de ley para formar un nuevo organismo, denominado Cámara Social, que constará de tres tercios de 42 diputados, seleccionados entre representantes de organizaciones sociales. El primer tercio será seleccionado por Putin, que elegirá entre personajes "con méritos especiales ante el Estado y la sociedad". Los designados del presidente elegirán después al segundo tercio y, el tercero, será formado en provincias. Esta cámara, que algunos ven como un "seudoparlamento", debe ser un organismo consultivo independiente. Pero los integrantes de la Cámara Social que no podrán representar a partidos políticos tendrán sueldos del presupuesto público y algunos derechos semejantes a los diputados. Con el nuevo diseño político, los contestatarios y los partidos liberales quedan reducidos a la marginalidad, que comenzó ya tras las elecciones parlamentarias de diciembre de 2003, cuando Rusia Unida arrasó en las urnas con la ayuda de la Administración presidencial y la televisión estatal.

El Kremlin ha comenzado ya su campaña contra las voces críticas. Un grupo de 110 periodistas de la provincia del Altai han denunciado las presiones que han ejercido sobre ellos las autoridades locales para que participen en una campaña de descrédito, organizada desde Moscú, contra el diputado independiente Vladímir Rizhkov. El director de la agencia informativa Bankfaks, Valeri Savínkov, ha dicho que representantes del Servicio de Seguridad Local le conminaron a participar en la campaña contra el diputado si no quería tener problemas. Rizhkov fue uno de los políticos que interpusieron un recurso en el Tribunal Supremo de Rusia para anular las elecciones de 2003 debido a sus múltiples irregularidades. Rusia no es Ucrania y el Tribunal Supremo, como se esperaba, falló en contra de los demandantes.

Las autoridades rusas se toman en serio cualquier amenaza, por insignificante que ésta sea. Esta semana, un grupo de jóvenes del Partido Nacional Bolchevique ocuparon una dependencia de la Administración presidencial y exigieron ser recibidos. El resultado fue una brutal intervención de la policía que ha motivado la protesta de defensores de derechos humanos, encarcelamientos y el inicio de un proceso al haber sido acusados de "intentar tomar el poder".