Los olvidados de Valdenoceda

El pequeño pueblo de Valdenoceda, en el norte de la provincia de Burgos, tiene 73 habitantes y un pequeño cementerio que esconde un terrible pasado: cada vez que se excava una nueva tumba asoman los restos de uno o varios esqueletos humanos sepultados allí hace más de seis décadas. Permanecen enterrados a tan sólo un palmo de la superficie y corresponden a 153 personas, antiguos presos republicanos que murieron allí de hambre y de frío en los años posteriores a la Guerra Civil (1936-1939), encerrados en una antigua prisión a orillas del río Ebro.

Juan María González Fernández de Mera era uno de ellos. Murió el 14 de abril de 1941, justo 10 años después de la proclamación de la II República y el día en el que cumplía 50 años. Dejó solos a cuatro hijos y a una mujer analfabeta, como cuenta su nieto José María. Su delito: "Adhesión a la rebelión" por ser el conserje de la Casa del Pueblo de Ciudad Real, la manera del franquismo de negar su golpe de Estado contra el Gobierno republicano acusando a los vencidos de "traición".

En el cementerio de Valdenoceda, cada vez que se excava una tumba asoman los restos de un esqueleto sepultado allí hace más de seis décadas

En un tren de ganado

Juan María fue detenido al poco de terminar la guerra y llevado a la prisión de Valdenoceda en un tren de ganado con centenares de manchegos, de los que 62 perderían su vida a más de 400 kilómetros de sus hogares junto a decenas de madrileños, vascos, andaluces, gallegos, catalanes... Sus nombres, pero sobre todo el lugar y la forma en que murieron, han permanecido olvidados durante décadas, hasta que el nieto de Juan María comenzó a indagar.

"Mi padre hablaba muy poco sobre la muerte de mi abuelo, era un tema prohibido en casa", dice José María González, comercial de profesión y residente en Amorebieta (Vizcaya). Pero la curiosidad pudo más. "Queríamos saber dónde había fallecido, y sobre todo qué delito había cometido", cuenta. La pista llevó pronto, a él y a su sobrino, hasta el juzgado de Valdenoceda. "Su nombre estaba en el registro de defunción, pero nos llamó la atención que, como él, había decenas de personas que murieron por las mismas causas: colitis epidémica o tuberculosis pulmonar".

Algo estremeció a José María: "No había ninguna tumba. A medida que morían, los enterraban en fosas comunes cerca del cementerio, ya que el sacerdote de entonces no permitía que los rojos compartieran sus tumbas con sus fieles". Estas tumbas, excavadas a toda prisa en un solar de unos 150 metros cuadrados, sin identificar y a tan sólo unos centímetros de la superficie, permanecieron olvidadas hasta que, en 1989, el cementerio se amplió, llegando a las antiguas fosas comunes. "Desde entonces, cada vez que se entierra a un vecino aparecen los restos de algún preso. En la mayoría de los casos simplemente se les enterraba encima, perdiéndose así la posibilidad de recuperar algún día los restos", relata.

Para evitarlo acudió al Gobierno vasco. Desde 2002, un decreto permite a los ciudadanos residentes en el País Vasco a solicitar los medios necesarios al Ejecutivo autonómico para rastrear, y en su caso recuperar, los restos de familiares ejecutados durante la Guerra Civil y el franquismo. De esto se ocupa la Sociedad de Ciencias Aranzadi, cuyos colaboradores llegaron a Valdenoceda el pasado mes de abril. Allí "vimos muchos restos óseos entre la tierra movida y en la superficie que corren peligro cada vez que se produce un nuevo enterramiento", dice Jimi Jiménez, miembro de Aranzadi.

Sus propuestas para salvaguardar los restos son dos: o se impide la utilización del terreno como cementerio, dejando allí los restos, o se procede a una "exhumación ordenada", recomienda la asociación. Pero falta dinero. "Lo que queda es que los familiares sepan dónde están enterrados", afirma José María, con la esperanza de que "algún día se puedan identificar los restos y enterrarlos en sus ciudades y pueblos". Para ello cuenta con la ayuda del alcalde, el socialista Ángel Domingo Arce, quien garantiza que, mientras él sea alcalde, los restos no se perderán. Por el momento, una piedra en el cementerio con los nombres de los 153 fallecidos les recuerda.

Cada 14 de abril celebramos un homenaje", cuenta el regidor.Una ceremonia humilde a la que, la última vez, acudió un grupo de 12 personas algunas de ellas procedentes de Francia y de Canadá. Se trata de un pequeño logro que sabe a poco. Quedan muchas familias aún por localizar. José María no se rinde. "Ya hemos encontrado a 18", dice, "pero no hemos hecho más que empezar".

Decenas de restos siguen sepultados en el pequeño cementerio de la localidad burgalesa. Podrían ser de Eustasio Aparicio, natural de Colmenar Viejo (Madrid), y fallecido el 29 de abril de 1941; o de Alfonso de la Morena Prado, casado, natural de Aldea del Rey (Ciudad Real) y fallecido el 18 de agosto de 1940; o de Domingo Fernández de Acuña, nacido en Portugal y fallecido el 10 de febrero de 1942.

También había vascos, madrileños, aragoneses, andaluces e incluso de la misma provincia de Burgos, como Pedro Anollo Baranda, natural de Villarcayo, a pocos kilómetros de Valdenoceda, que murió en la prisión el 12 de septiembre de 1941. La lista llega hasta el 20 de agosto de 1943, última fecha en la que falleció un preso en el penal: Marcelino Tejero Domínguez, soltero y natural de Zorita, en la provincia de Cáceres.

Al menos ahora se sabe dónde están. "El interés de una familia por saber qué pasó con su abuelo ha sido determinante", asegura Jimi Jiménez. "Pasó a hacerse con un listado, y con el tiempo ha ido localizando a familiares. Así ha ido surgiendo el todo". El resultado: 153 personas rescatadas del olvido.