El Gobierno pide a Álava que no mezcle el parque eólico de Badaia con su disputa

El Gobierno y la Diputación alavesa mantienen abierto el conflicto por la instalación de parques eólicos y continúan su disputa a través de los medios de comunicación. El Ejecutivo pidió ayer en una rueda de prensa a la Diputación que no condicione el futuro del parque eólico de Badaya al conflicto que ambas administraciones mantienen sobre la prevalencia de sus autorizaciones de utilidad pública. Este conflicto se encuentra ya en la jurisdicción del Contencioso.

El viceconsejero de Administración y Planificación, José Ignacio Zudaire, llegó a asegurar que la Diputación prevaricará si condiciona el permiso de Badaia a que se reconozca su derecho a dar o no el permiso de ocupación de montes de utilidad pública. Las obras del parque de Badaia se encuentra paralizadas desde el pasado miércoles. El Gobierno, socio al 50% de Eólicas de Euskadi, califica la situación de grave y cifra el coste diario del cierre en 6.000 euros.

La Diputación y el Gobierno, que se muestran en público dispuestos al acuerdo, se han cruzado una serie de cartas. En la primera, Álava solicita que Eólicas de Euskadi retire unos aerogeneradores en Badaia y que el Ejecutivo reconozca desde ahora su competencia. Industria anunció ayer que si la retirada de tres molinos es suficiente para que el parque obtenga el permiso foral no existe problema, pero no quiso entrar a hablar del resto.

Leyes estatales

Más allá del conflicto abierto, el Gobierno considera que las obras de Badaia se podrán reanudar en breve y que habrá acuerdo. Sin embargo, la discrepancia jurídica es grande. La tesis que mantienen el Ejecutivo autónomo y Eólicas de Euskadi es que la declaración de utilidad pública de un parque eólico prevalece sobre la declaración de utilidad pública de montes. En definitiva, que el permiso del Gobierno deja sin valor al de la Diputación.

Dos leyes de ámbito estatal amparan a las partes también en la resolución del conflicto. El Ejecutivo se escuda en la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico para asegurar que la discrepancia sobre la prevalencia de permisos debe establecerla el Consejo de Gobierno. La Diputación, como autoridad forestal, según la Ley de Montes, asegura que la decisión final corresponde al Consejo de Ministros. En su caso, propone crear una comisión mixta. El problema jurídico estriba en que no queda determinado quién debe resolver este problema competencial cuando afecta a una comunidad con un sistema institucional como el vasco, donde las competencias se reparten entre la comunidad autónoma y las tres diputaciones. Cada institución hace la lectura a su favor.

El Gobierno también criticó el daño medioambiental que supone tener las obras paradas e insistió en que el parque cuenta con el correspondiente informe de impacto ambiental.