El Consejo de Estado valora como "cabal y adecuado" el Reglamento de Extranjería

El Consejo de Estado "valora positivamente" el borrador del Reglamento de Extranjería, considera que fortalece "los mecanismos dirigidos a dar prioridad a la inmigración regular en España" y afirma que "responde de manera cabal y adecuada" a ordenar el fenómeno migratorio. Con este aval, el texto queda listo para ser aprobado el próximo jueves por el Consejo de Ministros. La norma entrará en vigor el 1 de febrero. A partir de esa fecha, los extranjeros que lleven seis meses residiendo en España y tengan un contrato de trabajo dispondrán de tres meses para regularizar su situación.

El Consejo de Estado es el órgano supremo de consulta del Gobierno. Tiene la misión de velar por la observancia del ordenamiento jurídico.

En su dictamen sobre el Reglamento, que consta de 62 folios y ha sido aprobado por unanimidad, precisa que el proyecto "no es una mera adaptación" a la reforma de la Ley de Extranjería realizada por el Gobierno del PP en octubre del año pasado, sino "un nuevo texto, bastante innovador, que responde al cambio de orientación en la política de inmigración -como política de Estado basada en el consenso-, a los principios esenciales que la informan y a los mecanismos arbitrados para su mejor realización".

En este sentido, califica de "especialmente innovadora" la disposición transitoria tercera del proyecto, en la que se articula la regularización de los extranjeros empadronados en España al menos seis meses antes de la aprobación del texto que cuenten con un contrato de trabajo.

"El régimen que establece la citada disposición transitoria", explica el Consejo de Estado, "trata de solucionar la situación de cientos de miles de inmigrantes que se encuentran en situación irregular en nuestro país, vinculando su regularización a una serie de requisitos concatenados, a través de los cuales se busca, entre otras finalidades, el afloramiento de gran parte de la economía sumergida, con la consiguiente recuperación de contribuciones y cotizaciones sociales que no se habían estado produciendo".

Tras repasar la legislación internacional sobre la materia, certifica que el Reglamento "responde, en esencia, a los principios que informan la política común de la Unión Europea y está en la línea de las tendencias de nuestro entorno jurídico en materia de inmigración".

Asimismo, alaba la labor de "reordenación y clarificación de numerosos preceptos" del proyecto: "Es digno de encomio el ánimo omnicomprensivo con que se ha abordado la regulación de las distintas situaciones en que los inmigrantes pueden encontrarse en España".

Situación de empleo

El dictamen "valora positivamente" otros aspectos del texto. Entre ellos, la obtención de la residencia por parte de las víctimas de violencia doméstica que hayan obtenido una orden judicial de protección, y las garantías para que las ofertas de empleo sólo se dirijan a trabajadores que se hallen en el extranjero "cuando real y efectivamente no se ocupen por ningún trabajador residente en el territorio nacional".

Asimismo, se congratula por la previsión de reagrupación de las familias de los estudiantes extranjeros y por la inclusión de las estancias temporales de menores para realizar estudios, recibir tratamiento médico o disfrutar vacaciones.

Aparte de varias correcciones de carácter técnico, el dictamen sólo destaca como observación de "carácter esencial" el que debe ser el juez de primera instancia competente en Derecho de Familia y no el juez de menores, como figura en el proyecto, quien decida el internamiento de menores junto a sus padres en los Centros de Internamiento de Extranjeros.

El dictamen favorable del Consejo de Estado es el último espaldarazo que recibe el Reglamento. El texto, que el Gobierno consensuó con los empresarios y los sindicatos, había sido presentado antes a los partidos políticos del arco parlamentario y avalado por las ONG representadas en el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y por el Consejo Superior de Políticas de Inmigración, que integran las comunidades autónomas y los ayuntamientos. También ha sido aprobado por el Consejo Económico y Social y por el Consejo General del Poder Judicial. Sólo el Partido Popular se opone a él.