Las minas deberán contratar vigilantes privados para controlar cada voladura

El Ministerio del Interior tiene ya a punto la reforma del reglamento de Explosivos, uno de los compromisos del Gobierno para intentar evitar robos como los que facilitaron los atentados del 11 de marzo. Las principales novedades del texto son que, a partir de ahora, las autorizaciones para el "consumo habitual de explosivos" serán concedidas por la Secretaría de Estado de Seguridad -en lugar de por la Dirección General de Minas- y que se obliga a las empresas mineras a contratar "vigilantes de seguridad de explosivos para que asistan y permanezcan durante todo el proceso de la voladura".

El proyecto de reglamento, que modificará el vigente desde el 16 de febrero de 1998, enuncia que el control estricto de la fabricación, circulación, almacenamiento, comercio, tenencia y utilización de explosivos "está estrechamente vinculado con la seguridad ciudadana". El "evidente riesgo" para la vida de los ciudadanos que genera "la sustracción de los explosivos, así como su desviación para hechos delictivos", hace necesario "intensificar los controles" relacionados con el trato legal con explosivos. Las principales novedades del texto son las siguientes.

Las autorizaciones para la utilización habitual de explosivos las dará Interior

Las irregularidades en los libros de control pasan a ser consideradas de leves a graves

Los polvorines tendrán dos llaves, que serán custodiadas por personas distintas

- Autorizaciones. Las autorizaciones para la "utilización de explosivos con ámbito nacional" serán concedidas por la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, en lugar de por la Dirección General de Política Energética y Minas, de Industria, como se hace ahora. No obstante, los peticionarios deberán contar con un informe favorable de dicha dirección general y de la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Dirección General de la Guardia Civil. En principio, la autorizaciones tendrán un plazo de validez de cinco años.

- Vigilantes de seguridad. El proyecto indica que la mejor forma de reforzar la protección de explosivos en la fase final de consumo es "contratar vigilantes de seguridad de explosivos", que tendrán que asistir "a todo el proceso de voladura", es decir, permanecer junto al explosivo desde el momento de la "recepción o extracción del explosivo desde el depósito auxiliar [minipolvorín] hasta su consumo". Esto quiere decir que el vigilante estará de plantón hasta que los cartuchos "estén dispuestos para la pega", o sea, ya colocados en el terreno para detonarlos.

- Libro-registro. La reforma obligará a llevar "en todas" las empresas que usen explosivos un libro-registro de consumo y a levantar un acta "cada día que se consuman explosivos". La nueva norma establece que los directores facultativos de las minas tendrán que nombrar a la persona encargada de llevar ese libro y de levantar las actas, ya que si no lo hace será el propio facultativo el que deberá hacerlo. La cadena de custodia del explosivo será también labor del "responsable del equipo de trabajo o de la voladura", a quien se le encomienda "custodiar y garantizar la correcta utilización del explosivo".

- Sanciones. Las irregularidades en la llevanza de los libros y registros pasa de ser una infracción leve a grave, cuando no delito. Las penas por este delito serán reguladas mediante una reforma del Código Penal que -según anunció el lunes en la comisión de investigación del 11-M el presidente del Gobierno- será aprobado en el próximo Consejo de Ministros. La multa de mayor cuantía por una irregularidad será de 600.000 euros.

- Polvorines. Los polvorines tendrán que tener dos cerraduras de seguridad (ahora se exige sólo una), cuyas llaves estarán en poder de personas distintas, "por lo que será necesaria la concurrencia de éstas para la apertura del polvorín". Además, las explotaciones y obras con una duración superior a seis meses y que tengan guardados 100 o más kilos también tendrán que contratar vigilantes privados de explosivos o, en su defecto, presentar y cumplir un plan de seguridad que deberá ser aprobado por la Guardia Civil. Las empresas tienen un año para adaptar los polvorines a estas exigencias. Si no lo hacen, tendrán que cerrarlos.