Las empresas del sector temen que se disparen sus costes

Las industrias extractivas, de fabricación de explosivos y de obras públicas con departamentos de voladura se han llevado las manos a la cabeza al conocer de manera informal los principales puntos de la reforma del reglamento de explosivos que ha elaborado el Ministerio del Interior. El mero enunciado de la reforma que les obliga a contratar vigilantes jurados para controlar cada voladura ha disparado la preocupación de las empresas extractivas por las "muy negativas consecuencias en términos de coste" que pueden suponer para una actividad ya de por sí bastante deficitaria.

"La reforma es muy burocrática, ha sido hecha sin contar con los expertos y, además, va a incidir muy negativamente en los costes de producción y en la cuenta de resultados, en unas empresas que van muy justas en sus balances o son claramente deficitarias", han asegurado varios empresarios de la minería, que han preferido mantenerse en el anonimato.

Los empresarios ya se habían inquietado a raíz de la aprobación, el 21 de julio pasado, de una orden ministerial en la que ya se obligaba a la contratación de un importante número de vigilantes de seguridad. Las protestas de las firmas extractivas llevó a elaborar, poco tiempo después, un catálogo de excepciones a la norma citada. "La lista de excepciones es más larga que la propia orden ministerial", según fuentes de los fabricantes de explosivos.

La minería está especialmente preocupada por los costes que le va a suponer la reforma que, en su memoria económica, afirma que "no implica incremento de gasto alguno para la Hacienda Pública". Los costes para las empresas, se alega, son dobles: por un lado tienen que contratar a los vigilantes y, por otro, deberán hacerles potentes pólizas de seguro para que puedan desarrollar su trabajo en el interior de las explotaciones.

"Estas decisiones son muy negativas en términos de coste-eficacia, al incrementarse de modo exponencial los costes de seguridad sin obtener como respuesta el mismo nivel de eficacia alcanzado con la protección de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", se afirma en una carta enviada recientemente a los ministerios del Interior e Industria por la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y la Metalurgia (Confedem).

Las empresas se inclinan por medidas alternativas, como el reparto a la carta de los explosivos desde las plantas de fabricación o los polvorines comerciales o el aumento de los efectivos de la Guardia Civil destinados a la Intervención de Armas y Explosivos. Esta última medida es apoyada por la mayoría de las asociaciones de guardias civiles, especialmente por la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Unión Profesional de Guardias Civiles, e incluso, por mandos del servicio de Intervención del instituto armado. En todos los casos se solicita que se incentive a los agentes que opten por esta especialidad, que no reciben ningún complemento, como ocurre con otras especialidades.