Ingeniería electoral

Es innegable que en política el territorio es importante. Una prueba de ello es que los gobiernos conciben cada vez más sus actuaciones en clave territorial; es decir, en función de las necesidades u oportunidades que un determinado territorio pueda tener, y es evidente que la diversidad territorial dentro de cualquier país existe y se expresa en dimensiones muy distintas. Lamentablemente, no todos los territorios tienen las mismas oportunidades ante sí, y con seguridad esta constatación obliga a las instituciones de ámbito nacional a ejercer una actuación en muchos aspectos preferencial para con las zonas o comarcas menos favorecidas. Hasta este punto creo que no hay discusión alguna y que todas las fuerzas políticas comparten este criterio.

Con la circunscripción única hay que introducir elementos ligeros, pero inequívocos, de territorialidad

Otra cuestión es que con el argumento del equilibrio territorial se intente de manera descarada, a mi modo de ver, sacar tajada electoral. Más aún, para obtener esos réditos hay quien reduce a lo anecdótico el principio democrático de igualdad de voto para todas las personas, que no es otro que el principio de una persona un voto, igual valor para todos los votos. No me considero dogmático y creo que no lo soy tampoco en esta cuestión. Es decir, con seguridad hay motivos objetivos que nos inducen a relativizar la aplicación de este principio democrático de proporcionalidad pura. Pero hay que ser conscientes de, en primer lugar, hasta qué niveles hay que relativizar este principio y en segundo lugar qué consecuencias, qué agravios contra iguales, puede generar esta relativización. Empezando por la segunda cuestión hay que decir que debe existir un límite a una sobrerrepresentación de una parte del territorio con el argumento de evitar que esta parte quede asfixiada por otra parte del país. Este límite, es a mi modo de ver, el que debe impedir que determinadas personas de estas àreas sobrerrepresentadas electoralmente puedan llegar a violentar la voluntad política de la mayoría del país.

Es decir, y para entendernos, no es de recibo la propuesta de ley electoral que CiU propone según la cual y con unos resultados en votos idénticos a los de las últimas elecciones del 2003, la federación nacionalista obtendría 30 diputados de ventaja sobre la segunda formación, a pesar que esta segunda formación obtuvo unos pocos miles de votos más. Esto no es una acción compensatoria, sino un acto contra la voluntad de la mayoría de los ciudadanos.

Estoy de acuerdo en que la territorialidad se debe expresar en el sistema electoral, pero sin que sirva para impedir que las formaciones que cuentan con una mayoría suficiente de votos puedan tener mayorías parlamentarias. Porque si esto ocurre, lo que estaremos cometiendo y aceptando es un agravio a la democracia de profundo calado, donde sectores importantes pero no mayoritarios imponen su gobierno a los sectores mayoritarios -electoralmente hablando- de la población. La injusticia de la desigualdad territorial no debe superarse por la injusticia de la desigualdad de las personas en el ejercicio del sufragio. Aparentar que se va a ganar equilibrio y dignidad territorial gracias a una determinada ley electoral, cuando lo único cierto que se va a producir es un desequilibrio en el principio de igualdad de voto, no es ningún avance significativo, sino todo lo contrario.

Una circunscripción única para toda Cataluña es el horizonte que se dibuja en la futura ley electoral catalana. Los efectos de proporcionalidad que lograría serían sin duda muy positivos para el conjunto del sistema. La ingeniería electoral que se requeriría para traducir los votos a escaños sería mínima y sobre todo se evitaría aquella tentación tan común que nos dice que traducir es -poco o mucho- traicionar. Qué duda cabe que algunos tienen en la mente una ley electoral con mucha ingeniería que obligaría a traducir en exceso y a traicionar el mandato popular. Y aunque sólo sea como contrapunto a esa posibilidad, la propuesta de circunscripción única ya es positiva, aunque es evidente que en el escenario de circunscripción única hay que introducir elementos ligeros, pero inequívocos, de territorialidad. En esa dirección hay que empezar a trabajar.

Es lógico que el espacio que defina esa territorialidad en la ley electoral guarde relación con la nueva organización territorial que el Gobierno catalán está preparando. Es bueno que las circunscripciones electorales sean un espacio coincidente con realidades politicoadministrativas funcionales. De otro modo, nuestra capacidad de asimilación de nuevas realidades podría saturarse.

Dicen que las veguerías están llamadas a ser la nueva realidad política y administrativa del país. Pues que lo sean también como elemento de territorialidad en la nueva ley electoral catalana. El objetivo deber ser el de garantizar que en el parlamento futuro hayan diputados de todas las áreas -veguerías- del país, y que lo estén siendo conscientes de su origen. Lo triste es que para hacer eso bastaría la voluntad de las formaciones para incluir esa o la otra persona en la lista, que más que única tendría que definirse como de procedencias diversas. Por último, de la misma manera que nadie piensa que el voto de la mujer ha de tener más valor que el del hombre simplemente por encontrarse en situación de desigualdad, tampoco debería tenerlo, por ejemplo, el de los habitantes del Pirineo. Incluso porque mucho me temo que ofrecer a determinadas zonas esa sobrerrepresentación electoral puede ser la excusa para pensar que en esas zonas ya no es necesario intervenir más.

Jordi Sánchez es profesor de Ciencia Política.