La familia de la asesinada en Lleida pide investigar el permiso del detenido

La familia de María Isabel Bascuñana pidió ayer que se investigue la forma en que le fue concedido el permiso de residencia a Gilbert Antonio Chamba Jaramillo, el ciudadano ecuatoriano detenido por la muerte de la joven, y que había cumplido condena en su país por violar y asesinar a ocho mujeres.

Francisco Sapena, el abogado de la familia, anunció ayer a este diario que investigará si en la regularización de Chamba medió negligencia en la Administración española o "soborno a algún funcionario de Ecuador para que hiciera la vista gorda", en cuyo caso iniciarán una acusación en aquel país.

Sapena reconoce la dificultad de actuar legalmente contra la Administración española, sobre todo si era la misma legislación vigente en 2001 la que permitía regularizar a un inmigrante sin preguntar sus antecedentes penales, "que es hacia donde apuntan todos los indicios". Sapena, profesor de Derecho Penal de la fallecida, aseguró que emprenderá acciones legales si se demuestra que hubo negligencia o si el expediente no fue cursado con las exigencias debidas. "Si en lugar de tener cuatro folios se lo ventilaron en uno", puso como ejemplo.

Chamba, cuyo expediente policial en Ecuador está sospechosamente inmaculado, obtuvo el permiso de residencia el 4 de octubre de 2001, apenas tres meses después de solicitarlo. Había venido a España desde Amsterdam (Holanda), donde llegó semanas después de huir de su país por temor a que los familiares de sus víctimas lo mataran. El permiso de residencia lo obtuvo en España con la regularización por arraigo impulsada por el Partido Popular, la tercera extraordinaria de aquel año.

A pesar de que la Ley de Extranjería, vigente desde el 1 de enero de ese año, exigía la consulta de los antecedentes penales en el país de origen, este trámite se obvió, según criticó el jueves el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel.

"Indigno"

El portavoz del Partido Popular en Cataluña, Daniel Sirera, acusó ayer a Rangel de "frivolizar" y "utilizar de forma partidista y basándose en una absoluta falsedad" el caso del Monstruo de Machala, como se le conoce en Ecuador a Chamba. A través de un comunicado, Sirera le tildó de "indigno" del cargo que ocupa y le acusó de "mentir" al "responsabilizar al Gobierno del PP de haber facilitado la entrada en España de Gilbert Chamba". Además, pidió a Rangel que rectificara rápida y públicamente esas afirmaciones.

El delegado del Gobierno replicó ayer que el acusado fue regularizado en un proceso extraordinario en el que "quizá no hubo el control que debió haber". "Recordemos también cuándo se produjo aquel proceso, y después de qué presiones", agregó.

Según Rangel, los que quieren "puertas abiertas" acaban "forzando a veces que se produzcan situaciones tan laxas que no se pide ningún tipo de documentación que pueda verificar la conducta del inmigrante, y después tenemos sorpresas de las que nos podemos arrepentir".