El alcalde de Parla critica la subida del precio de los pisos protegidos

El Gobierno regional aprobó hace dos semanas por decreto subir un 25% el precio medio de los pisos protegido menores de 110 metros. Ese incremento, puesto sobre el papel, tiene un rostro: el de los más de 6.000 vecinos del Consorcio Parla Este, que van a ver cómo sus pisos suben entre 24.000 y 30.000 euros. Los afectados son, en su mayoría, jóvenes del sur de la región con sueldos bajos. No saben cómo van a hacer frente a ese incremento. El alcalde de Parla, Tomás Gómez, del PSOE, ha recurrido la medida regional ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Con la subida del módulo, un piso de 100 metros cuadrados ha pasado de costar 84.367 euros a valer 105.290 euros. Este fuerte incremento ha descabalado las cuentas de unos 6.300 nuevos vecinos que esperan vivir en dos años en el consorcio Parla Este (participado al 60% por la Comunidad y el resto por el Consistorio parleño).

Se trata, en su mayoría, de gente de menos de 30 años, con contratos precarios a los que una subida tan fuerte les hace estar aún más con el agua al cuello. El problema es el siguiente: muchas promotoras y cooperativas que reúnen a estos nuevos vecinos no consiguieron antes de la entrada en vigor del decreto (el pasado 16 de noviembre) la calificación de vivienda protegida. "Los vecinos habían pedido la calificación hace muchos meses, pero por negligencias y retrasos del Gobierno regional no se la han concedido a la fecha del decreto. Esto les supondrá un incremento en el pago de su hipoteca de un 30%", denuncia el alcalde del municipio, el socialista Tomás Gómez.

El Ayuntamiento ha recurrido el decreto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, además, ha solicitado a Esperanza Aguirre una disposición transitoria que haga que todos esos vecinos que se han quedado en una especie de limbo, pero que compraron sus pisos con anterioridad al decreto, no se vean afectados por el mismo. "Los residentes de este consorcio compraron su vivienda antes del decreto, en unos terrenos que fueron vendidos al Gobierno regional al precio del módulo antiguo, lo que supone que ese incremento del 25% revierte exclusivamente en las promotoras que desarrollan las viviendas protegidas", aclara Gómez.

La rebelión de Parla ya ha tenido contestación por parte de la Comunidad. El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, pidió a Gómez tras el último Consejo de Gobierno "prudencia", "tranquilidad" y que dejara de "hacer demagogia e instrumentalizar" sobre la vivienda. "La Comunidad de Madrid se ha ajustado a las modificaciones implantadas desde el Ministerio de Vivienda. Nos hemos quedado un 11% por debajo del precio máximo, algo que no han hecho otras regiones", añadió González.

Parla, lo más barato

Ajenos a la tormenta política, los afectados intentan contactar con otros afectados a través de los foros de Internet, como ha pasado con otros desarrollos urbanísticos conflictivos. Todos se quejan de lo mismo: la falta de información. Y todos decidieron elegir irse a vivir a Parla porque los pisos son más baratos que en otros sitios de la región.

Raúl López, de 25 años, lleva apuntada en una libreta de tapas naranja lo que le sube el piso: por uno de tres habitaciones iba a pagar 104.379,65 euros y ahora va a tener que desembolsar 136.010 euros. Está solo con su sueldo de calderero. "Tenía ahorrado un dinerillo para hacer luego una reforma, porque los pisos de protección oficial son de calidad media y siempre hay que hacer obra luego. Pero todo ese dinero se me va ahora en la subida", explica, sin descartar meterse en juicios y abogados para parar el incremento del módulo.

Sergio Fernández, de 25 años, no hace más que echar horas en la construcción del metronorte, que llegará a San Sebastián y Alcobendas. En la otra punta de la región, él y su novia, Puri Quero, también de 25 años, suman sus nóminas y ven que apenas les llega para afrontar la nueva hipoteca que se les viene encima. "Y encima en la promotora nos dicen que no pasa nada, que nos desapuntemos, que tienen suficiente lista de espera", se queja Puri, que trabaja en una asesoría jurídica. "Me siento robada; encima, la ley apoya a los especuladores", agrega. Puri y Sergio, mientras, siguen viviendo con sus padres.

Mari Paz García y Nicolás Colodrero, ambos de 32 años, están en las mismas: atrapados entre las promotoras y la Comunidad. Llamando por teléfono a todos los implicados sin obtener respuesta. Y todos sin saber bien qué hacer. "¿Qué si me voy a echar para atrás? ¿Y entonces dónde voy? Tendría que irme todavía más al sur para encontrar algo más barato. Tendré que apechugar", dice Raúl. Puri, por su parte, ya está pensando en pedir un nuevo préstamo.

Para todos, el Ayuntamiento de Parla ha abierto un gabinete jurídico.