La Junta impugna en el TSJA ocho acuerdos urbanísticos del Ayuntamiento de Benalmádena

El Ayuntamiento de Benalmádena se ha convertido en el municipio malagueño que ha generado más litigios judiciales pos cuestiones urbanísticas con la Junta de Andalucía en el presente año.

A lo largo de 2004, la Consejería de Obras Públicas ha impugnado ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) seis modificaciones de elemento al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente y dos planes especiales aprobados por el Ayuntamiento que preside Enrique Bolín al entender que vulneran la legislación vigente. En la mayoría de los casos recurridos se trata de cambios de uso de suelos y del volumen edificatorio permitido.

La última impugnación de la que ayer informó la consejería es la de un acuerdo de pleno por el que se eleva casi al doble el espacio edificable que el PGOU permite en la urbanización Nueva Torrequebrada. El Ayuntamiento autorizó un centro comercial con un techo edificable de 4.691 metros cuadrados, cuando según el planeamiento vigente en la ciudad únicamente están permitido en la zona 2.291 metros cuadrados.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo emitió en su día informe contrario a dicho cambio de volumetría, pero el consistorio ignoró la resolución, que es preceptiva pero no vinculante, y aprobó finalmente un techo edificable de 4.071 metros cuadrados.

El delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas en Málaga, José María Ruiz Povedano, justificó ayer la decisión de recurrir en que se trata de una edificabilidad "absolutamente desmesurada" y sin justificación alguna en una zona donde además ya existe una densidad constructiva muy elevada y una excesiva concentración de tráfico.

La consejería entiende que la edificabilidad concedida vulnera la legislación en materia de ordenación del territorio y urbanismo, por lo que ha decidido presentar recurso, de acuerdo al artículo 65 de la Ley de Bases de Régimen Local que faculta a la administración autonómica a impugnar en la vía de lo contencioso-administrativo todos aquellos acuerdos municipales que infrinjan la ley sin necesidad de un requerimiento previo.

La Junta retiró al Ayuntamiento de Benalmádena hace tres años las competencias delegadas en materia de urbanismo por desconfianza en la política municipal en la materia. El elevado número de recursos ilustra la polémica en torno a la política urbanística seguida por el gobierno municipal de Enrique Bolín.

Recientemente se ha constituido en la ciudad una plataforma ciudadana a la que pertenecen todos los partidos de la oposición contra la política urbanística municipal que ha centrado su oposición en dos proyectos considerados emblemáticos por el alcalde: dos torres de 20 pisos en Arroyo de la Miel, y un monorraíl.