"Un juicio que se celebra 30 años después es un juicio inútil"

Javier Martínez Lázaro (Madrid, 1954) forma parte de la minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial (el órgano de gobierno de los jueces). Esposo de juez y padre de dos hijos, ha ejercido de magistrado en casi todas las jurisdicciones. Su último destino fue la Sección Penal de la Audiencia de Madrid. Atiende a EL PAÍS en su despacho del Consejo. Su ordenador está abierto en ese momento en una web que anuncia con grandes titulares que la Federación Internacional de Patinaje ha decidido inadmitir a Cataluña como selección. Martínez Lázaro asegura que la situación de la justicia de Madrid, atosigada por endémicos atascos, es deficitaria en cuanto a medios e infraestructuras.

"En la jurisdicción civil el número de asuntos ha aumentado un 50% en el último quinquenio"

"Para ponernos a niveles razonables, la capital necesita 80 plazas judiciales"

Pregunta. Se está celebrando ahora en la Audiencia, 30 años después de los hechos, el juicio por el caso de la estafa de Promocisa. ¿Es ésta la justicia ágil, rápida y eficaz que pregonan los políticos?

Respuesta. Es un caso extraordinario, una gran estafa en la que se vieron involucradas 4.000 o 5.000 personas. El aparato judical no ha sido capaz de dar una solución eficaz en un plazo razonable. Un juicio que se celebra 30 años despues es un juicio inútil. El aparato judicial no está preparado para ese tipo de asuntos.

P. Y la Audiencia de Madrid también acaba de archivar otro asunto de hace 19 años, con 140 estafados, debido al tiempo transcurrido.

R. Todo esto refleja un mal funcionamiento de la justicia. Las causas son múltiples. Tenemos una de las ratios más bajas de jueces y fiscales por habitantes y hacen falta más medios económicos. También es necesaria una buena organización y control del trabajo judicial.

P. ¿Es el Consejo, ustedes, los que tienen que controlar?

R. Esto quiere decir que no lo realizamos suficientemente bien. Un juicio como el de Promocisa tenía que haber disparado todas las alarmas. Y éste y otros Consejos deberían haber abordado el tema buscando las causas del retraso y poniendo soluciones.

P. Pero esto lo dice usted cuando ya no hay solución.

R. Hay verdaderas patologías. Hay tribunales y juzgados de pueblos con importantes retrasos. Por ejemplo, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior tenía 49.000 asuntos pendientes a finales de diciembre de 2003. En los últimos años se han puesto refuerzos y se ha logrado reducir en unos 15.000 la bolsa de asuntos pendientes. El 31 de diciembre de 1999 había 64.626.

P. O sea que, pese el plan de apoyo, sólo se ha logrado reducir 15.000 casos en cinco años.

R. Sí, pero hay que tener en cuenta que los asuntos registrados han aumentado en los últimos años y, pese a ello, la bolsa ha disminuido en 15.000, y, además, se han resuelto 10.000 casos más de los que se resolvían en 1999. El tiempo medio de respuesta al ciudadano ha bajado en esta Sala de los 30 meses de entonces a los 24 de ahora. Aun así, es un tiempo excesivamente elevado.

P. ¿Trabajan lo suficiente los jueces?

R. La inmensa mayoría cumple perfectamente su trabajo y algunos superan ampliamente lo que se les exige. Aunque en una colectividad tan grande como ésta siempre hay alguien que no cumple sus obligaciones. El Consejo persigue estas conductas y sanciona a los incumplidores. Bien es verdad que es difícil expulsar a un juez por una cuestión disciplinaria. De hecho, sólo se ha expulsado a uno en los últimos 25 años, pese a que hay incumplimientos graves: retrasos manifiestos, maltrato a los litigantes... En aquellos casos en que el Consejo ha decidido expulsar, la resolución es revocada después por el Tribunal Supremo. Esto nos ha llevado a preferir imponer sanciones de larga duración, o incapacitar a un juez, antes que acudir a la expulsión disciplinaria.

P. Da la impresión de que el legislador hace las leyes y olvida dotarles de medios económicos. La Ley de Enjuiciamiento Civil, por ejemplo, impone que la audiencia previa debe celebrarse a los 20 días de que el ciudadano interponga la demanda. En Madrid, raro es el juez que tarda menos de un año en celebrarla. Luego, hay que esperar otros tres o cuatro meses más para el juicio y otros tantos para que salga la sentencia...

R. Estas situaciones causan un perjuicio y vulneran el derecho del ciudadano a una justicia rápida y eficaz. Es cierto que en la jurisdicción civil el número de asuntos se ha incrementado un 50% en el último quinquenio: de 44.441 asuntos registrados en 1999 hemos pasado a 62.756 en 2003. Pero esto no justifica que no se preste la justicia de calidad a la que tiene derecho el ciudadano. Madrid ha tenido un crecimiento económico de población muy significativo, acompañado de un incremento de la litigiosidad y, sin embargo, no se han aumentado los medios.

P. ¿Hay una huelga de celo encubierta en la jurisdicción civil?

R. No sé si hay una huelga encubierta. Es posible que algún magistrado no esté realizando su trabajo adecuadamente, aunque la mayoría cumple los módulos de trabajo y resuelve más asuntos de los que exige el módulo [en torno a 750 casos por año]. Los jueces están resolviendo un 37% de asuntos por encima del módulo.

P. Los juzgados de ejecutorias, los que se encargan de que se cumplan las sentencias, tienen 25.000 asuntos pendientes; los de familia tardan nueve meses en citar a las parejas que se quieren separar...

R. Ahora, con los juicios rápidos, se resuelven más rápido los asuntos y se ha producido cierta acumulación de causas para ejecutar. No es un problema sólo de Madrid. Se está estudiando reforzar la plantilla para dar salida al problema.

P. Los jueces señalan que la justicia de Madrid es tercermundista. ¿Qué pasa en Madrid?

R. Ha crecido mucho la población y no tanto la cifra de jueces. La proporción, la tasa de jueces por habitante en Madrid es la más baja de España. En concreto, tiene 8,63 jueces por cada 100.000 habitantes; Asturias, 11,62; País Vasco, 9,42. La media en España es 9,58; es decir, Madrid está un punto por debajo de la media de España. También tenemos uno de los números más bajos de fiscales: 3,18 por cada 100.000 habitantes, frente a los 5,49 de Baleares. La media es de 3,53. Por contra, la media de entrada de asuntos por cada juzgado es la más elevada del Estado: 2.663 asuntos por juzgado y año. En Cataluña, por ejemplo, la media de entrada de asuntos por cada juzgado es de 1.712, lo que significa que cada juzgado o tribunal de Madrid tiene 900 asuntos más.

P. Dibuja usted un panorama desolador para los madrileños.

R. Es desolador y esperanzador. Tanto el ministerio como la Comunidad de Madrid son conscientes del problema. El ministerio ha hecho un gran esfuerzo y se van a construir 40 unidades judiciales este año próximo. Para ponernos a niveles razonables, Madrid necesita 80 plazas judiciales. Que en este próximo año se creen 40 nuevas plazas es un esfuerzo que no se ha visto en los últimos decenios. La Comunidad también se ha comprometido a crear la Ciudad de la Justicia para evitar la actual dispersión en cerca de 20 sedes judiciales.

P. Pero la Comunidad lleva hablando de la Ciudad de la Justicia desde 1996 y aún no se ha hecho nada.

R. La Comunidad ha asumido esa responsabilidad, la de hacer la Ciudad de la Justicia, y a los ciudadano les corresponderá valorar si cumple o no.